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La verdad con todo y pruebas

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Artículos de GUSTAVO RUBIO – 2026

Publicado en por Athina Rott

El día 16 de octubre ANMAC dictó la Resolución 149/2024 que vulneraba directamente el derecho a la Legítima Defensa en el hogar para Legítimos Usuarios de Armas de Fuego, ya que imponía medidas de seguridad para el almacenamiento de armas que impedían el ejercicio de este derecho, cinco días después se publicó en el Boletín Oficial la nueva Resolución 154/2024 derogando la 149, esto sucedió luego de la conmoción causada entre los usuarios legales de armas en las redes.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

La RES 149/2024 se publicó en el BORA EL 16 de octubre pero luego del revuelo (vergonzoso) en redes, en su tweet Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo de ANMAC el día 17 de octubre de 2024 escribió:

“Vamos a modificar la resolución 149/2024 que involucra a los Legítimos Usuarios de armas en sus hogares. Sabemos que afecta su derecho a la defensa personal, y eso nunca fue nuestra intención. El objetivo original era aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales. En los próximos días presentaremos un nuevo proyecto que corregirá este error, porque creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?
  • El Director Ejecutivo escribió: “presentaremos un NUEVO PROYECTO” ¿Otro “error”?
  • ¿Por cuántos ojos revisores debe pasar la redacción de una nueva normativa antes de su publicación?
  • ¿Van a echar a alguien por el “error” cometido?

No se necesita “un proyecto”, sino una modificación de la Resolución. ¿Quién lo asesora? ¿Redacta él sus mismos tweets? Claro, seguro, esto también fue un error.

Mi convicción es que no se cometió ningún error, sino que fue una directiva tomada a conciencia y que si nadie se percataba o pataleaba pasaba de largo se pensaba ejecutar en total concordancia con los puntos del Manual del Desarme largamente expuestos en este grupo y que a modo de recordatorio copio a continuación:

“Actividades específicas”

1) Subir el precio de las armas y municiones

2) Reducir el número y tipo de armas para la venta

3) Disminuir la promoción / marketing

4) Reducir el número de los puntos de venta

5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas /ampliar el monitoreo, entrenamiento, maximizar el tamaño de los arsenales)

6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad en el almacenaje, responsabilidad)

7) Reducir la portación de armas, restricciones (por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)

8 ) Estigmatizar dueños y portadores de armas de fuego

9) Imponer condiciones a vendedores / fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos

10) Restringir / detener la oferta de municiones

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Con respecto al punto 9) del Manual, si no se retrotrae la RES 149 por completo y sólo se corrige el punto que más se discutió en redes que afecta a los LLUU individuales, los problemas seguirán para los comercios de venta de armas, y quizás algunos tendrán que cerrar sus puertas por los costos que demandará el estricto cumplimiento de esta normativa. Esto también perjudicará más tarde o más temprano a todos los usuarios de armas legales.

Desgraciadamente por decisión expresa del Presidente de la Nación, la ANMAC como Ente descentralizado, pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad otorgado a un extra-partidario perteneciente al partido PRO, Patricia Bullrich.

No puedo olvidar que bajo la presidencia de Mauricio Macri y gracias a la designada (procesada) Natalia Gambaro le concedió el monopolio de los psicofísicos a la cuestionada empresa DIENST Consulting. Esta misma empresa había sido la elegida para hacer las evaluaciones psicofísicas al personal de la entonces Policía de la Ciudad cuando M. Macri fue jefe de gobierno de CABA y que quién le sucedió en ese cargo, Rodríguez Larreta también le concedió la misma responsabilidad a DIENST, esta vez para la Policía Metropolitana, no una sino dos veces, la segunda por prórroga del contrato.

¿También fue un ERROR que Gambaro eligiera justamente esa Empresa y no otra para otorgar el monopolio de los psicofísicos de ANMAC? Este “error” (también PRO) generó una causa penal en contra de la ex Directora Ejecutiva Natalia Gambaro y causó la virtual expulsión del 74% de los Legítimos Usuarios fuera del sistema.

No puedo olvidar que el actual gobierno de CABA (PRO) a cargo de otro Jorge Macri (PRO), eligió a Natalia Gambaro (procesada) para ocupar el cargo Directora General de Acceso a Justicia de la Dirección de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿También fue un error?

Imposible olvidar cuando el ex presidente Macri el 18 de octubre de 2019 en su cuenta de Tweer expresaba lo siguiente:

“Vamos a prohibir que los civiles compren o importen, tengan consigo o en sus casas, fabriquen y utilicen armas de guerra. Son un peligro para las familias y para las fuerzas armadas y de seguridad, que se enfrentan a las mafias todos los días. Vamos a eliminarlas de la calle.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

También se produjo un escándalo en las redes luego de esta afirmación y, al igual que Allan en este octubre de 2024 también tuvo que retroceder y comentar que fue un “error” y que no era esa la intención.

Pero como los “errores” en política cuestan votos pasó lo inevitable, la “reculada en chancletas”, en este caso la reculada se pudo ver sólo en horas y no en días.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Por todos estos “errores amarillos” estoy convencida que lo acontecido en estos días en ANMAC, no fue un “error”, aunque algunos ¿distraídos o desmemoriados? todavía sigan insistiendo que fue “un error” sólo para congraciarse con la actual administración y seguir siendo “políticamente correctos”.

El ADN del Partido PRO es digamos, social demócrata o como bien lo definió el ex Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña al referirse al gobierno de Cambiemos “socialista y popular”

Si son “socialistas”, “progresistas” o “social demócratas” adhieren al Desarme Civil, punto.

Si se observa el artículo 6° de la Resolución 149 del día 17/10/2024 se deroga la RES 119/2018 dictada por el ex Director Ejecutivo, Eugenio Cozzi, en la que explícitamente establecía:

“Se encuentra destinado a Usuarios Individuales que posean en su poder hasta nueve (9) armas de fuego.

Se detallan algunas medidas de seguridad recomendadas a adoptar:”

Si se observa ese punto, entonces queda claro que NO fue un error.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

O sea, en la RESOLUCIÓN 119/2018 se dictaron medidas de guarda que sólo eran RECOMENDADAS para los usuarios de armas legales, no obligatorias. Todo lo demás fue copiado y pegado tal cual, pero ELIMINARON INTENCIONALMENTE LA RECOMENDACIÓN, y eso NO FUE UN ERROR.

Para finalizar, los Legítimos Usuarios Individuales de Armas de Fuego que se expresaron de manera contundente en las redes cuando vieron vulnerados sus Derechos, fueron los verdaderos artífices de este logro, mal que le pese a varios.

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Publicado en por Athina Rott

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 21 de 2024

Recularon, pero la careta ya se cayó.

La reciente controversia en torno a la Resolución 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su posterior revocación con la Resolución 154/2024 del lunes 21 de octubre ha puesto de manifiesto el peligro de las regulaciones excesivas del Estado sobre el derecho a la propiedad y la autodefensa.
En un primer momento, la resolución derogada, buscaba, en parte, imponer condiciones de seguridad arbitrarias para el almacenamiento de armas en los hogares de los legítimos usuarios, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales. Afortunadamente, la presión pública fue efectiva, y el Director Ejecutivo de la ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció que se rectificaría este error. El tweet de Allan del 17 de octubre de 2024 admite que la resolución afectaba el derecho de los ciudadanos a la autodefensa, algo que, según él, nunca fue la intención original. El objetivo, dice, era, debido a un par hechos puntuales de inseguridad, aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales, no en los hogares. Esta corrección es bienvenida, ya que reconoce el peligro que representa un control excesivo del Estado sobre las armas en manos de ciudadanos que cumplen con la ley y una ignorancia supina de la ley. Como Allan afirmó, “creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley”, lo que refleja un retorno a los principios fundamentales de la defensa de los derechos individuales.
Sin embargo, a pesar de esta marcha atrás, la nueva Resolución, la 154/2024, plantea algunas preocupaciones. Aunque se derogó la Resolución 149/2024, la ANMAC instruyó a la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados a elevar nuevas condiciones de seguridad para usuarios comerciales y colectivos antes de fin de año. Esto refleja una insistencia en seguir aumentando el control estatal, esta vez dirigido a los comerciantes de armas y materiales controlados. Desde una perspectiva libertaria, esto sigue siendo problemático, ya que cualquier intento de mayor regulación sobre el libre comercio y la posesión de armas legítimas erosiona la libertad individual.
Que en la nueva resolución se conserve este punto hace sospechar, con fundamento por el historial que rodea al PRO (y demás partidos colectivistas) en la ANMAC, que la medida fue una directiva tomada de manera consciente, diseñada para alinearse con los principios establecidos en el Manual del Desarme. Este manual, que ha sido discutido y promovido por grupos de ONGS que apoyan políticas de desarme y vienen asesorando a políticos, incluye disposiciones claras que buscan restringir y controlar la oferta de armas y municiones. Dos de los puntos son: “Imponer condiciones a vendedores y fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos” y “Restringir o detener la oferta de municiones.“
La resolución original, si no hubiera sido cuestionada públicamente, se habría ejecutado sin problemas, afectando no solo a los legítimos usuarios de armas (LLUU), sino también a los comercios de armas. Incluso con la rectificación que solo corrigió el punto que más se discutió en redes, los problemas para los comerciantes de armas persisten. Bajo las estrictas normativas que imponía la Resolución 149/2024, muchos comercios habrían enfrentado costos prohibitivos para cumplir con los nuevos estándares de seguridad, lo que probablemente llevaría a algunos al cierre definitivo. Ahora se postergó 30 días.
Este punto que se mantiene en la 154/2024 es crucial porque, a largo plazo, cualquier normativa que afecte a los comerciantes terminará afectando también a los usuarios individuales. Si los vendedores de armas cierran o se ven obligados a restringir la venta de ciertos productos, los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la autodefensa se verán cada vez más limitados en su acceso a armas y municiones.
La Resolución 149/2024 era solo una pieza de una estrategia más amplia orientada a reducir la oferta de armas en la sociedad, pero lo hacía afectando injustamente a quienes respetan la ley, sin abordar eficazmente el problema del tráfico ilegal de armas. Ahora quedó reducida ala mitad, pero persiste.
El hecho de que el Estado insista en mantener un control tan estricto sobre los materiales controlados legales, sin abordar adecuadamente el problema real del tráfico de armas ilegales, es un ejemplo claro de cómo las políticas restrictivas, a las que la gente les dijo NO en las elecciones del 2023, suelen perjudicar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de enfocarse en los verdaderos criminales. El peligro de seguir regulando armerías y locales comerciales es que, en última instancia, se pueden crear barreras excesivas para los legítimos usuarios y comerciantes, mientras que las armas ilegales continuarán circulando sin control en manos de delincuentes.
Aunque Allan y las autoridades de ANMAC han intentado presentarse como defensores de la libertad y la buena fe de los legítimos usuarios, lo cierto es que esta resolución se ajustaba a una agenda clara de control de armas que se ha promovido durante años. El hecho de que hayan retrocedido ante la presión pública no es una victoria total, ya que las nuevas medidas que se implementarán seguirán imponiendo cargas sobre los comerciantes. En este contexto, es crucial entender que estas regulaciones no solo afectan a los vendedores de armas, sino que también son un ataque indirecto al derecho de los ciudadanos a la autodefensa.
En resumen, aunque la revocación parcial de la resolución es un paso positivo, el daño potencial a los comerciantes y la reducción del acceso a armas para los legítimos usuarios sigue siendo preocupante. Las políticas de control de armas no deben enfocarse en restringir a quienes cumplen con la ley, sino en combatir el tráfico ilegal que alimenta la verdadera violencia armada en el país. Se ve que muchos funcionarios todavía no entienden los objetivos del Gobierno Nacional e insisten en aplicar las ideas colectivistas que los formaron en su carrera política.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Se cayó la careta

Publicado en por Athina Rott

Se cayó la careta

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 17 de 2024

Se cayó la careta

Las sospechas que pesaban sobre el director de la ANMAC, Juan Pablo Allan, y su perfil estatista macerado por años de militancia en el PRO (partido desarmista de centro izquierda o social demócrata como se lo vende) fueron confirmadas recientemente en el boletín oficial con la Resolución 149/2024 RESOL-2024-149-APN-ANMAC#MSG.
Mientras el funcionario vendía las bondades de la credencial digital entre los apaleados Legítimos Usuarios y que muchos abrazaron ciegamente, la puñalada trapera llegó para sorpresa de los chupamedias de turno y las asociaciones elitistas.
La reciente resolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que establece nuevas regulaciones para la guarda, almacenamiento y exhibición de armas, municiones y otros materiales controlados, plantea serias preocupaciones a los Legítimos Usuarios y más aún desde una perspectiva libertaria y de defensa de los derechos individuales. Aunque se justifica en nombre de la seguridad pública, esta resolución es otro ejemplo de cómo el Estado amplía su control sobre los ciudadanos, erosionando libertades fundamentales bajo el pretexto de la regulación. Algo indiscutiblemente contrapuesto a lo que el Gobierno de Milei lleva adelante de la mano de Federico Sturzzeneger.
En primer lugar, imponer condiciones estrictas para el almacenamiento de armas y municiones a los Legítimos Usuarios representa una intervención estatal desmedida en la vida privada de ciudadanos que ya cumplen con las leyes y regulaciones vigentes. El concepto de “Legítimos Usuarios” hace referencia precisamente a personas que poseen armas de manera legal y que no representan una amenaza para la sociedad. La pregunta entonces es: ¿por qué imponerles más barreras y exigencias? Esto genera un innecesario costo económico y operativo para individuos que solo ejercen su derecho a la propiedad y autodefensa, creando una situación en la que se les castiga, en lugar de enfocarse en combatir a aquellos que verdaderamente representan una amenaza: los delincuentes y las armas ilegales. Es una declaración de incumplimiento de lod deberes del Estado: como el ministerio de Seguridad no puede combatir a los boqueteros y delincuentes, la culpa es de las víctimas.
Otro aspecto preocupante de esta resolución es la obligación de registrar los sectores de almacenamiento y guarda de armas. Desde una perspectiva libertaria, este tipo de registro representa una clara invasión a la privacidad. ¿Por qué el Estado necesita saber dónde y cómo se almacenan las armas de los ciudadanos? Esto pone a los propietarios legales en una posición vulnerable, ya que centralizar esta información facilita que el gobierno pueda, en el futuro, desarmar a la población de manera sistemática. Además, como se ha visto en la historia, los gobiernos autoritarios tienden a utilizar esta clase de información para suprimir disidencias o erosionar los derechos de los ciudadanos. Dejar en manos del Estado este tipo de control es peligrosamente cercano a la creación fácil del Gobierno Totalitario y Omnipresente de la Agenda 2030 que el presidente rechazó.
La resolución también exige la adecuación de estos sectores de almacenamiento en un plazo de 180 días. Esta es una carga que no solo es económica, sino también administrativa, que impone más trabas burocráticas a quienes ejercen su derecho legal a poseer armas. Estas regulaciones podrían desalentar a los ciudadanos a ejercer su derecho de autodefensa y propiedad legal, mientras los delincuentes y organizaciones criminales seguirán operando al margen de estas normativas, utilizando armas ilegales.
Finalmente, este tipo de regulación también impacta negativamente en los comercios que exhiben armas y municiones, imponiendo condiciones adicionales para la exhibición de materiales controlados. Es decir, el Estado impone la forma en que deben vender su mercadería haciendo que la competencia sea desleal entre otras cuestiones más técnicas. Esto es un ejemplo más de cómo el Estado interviene en las actividades económicas legítimas, sofocando el libre mercado y encareciendo los costos para los comerciantes, sin proporcionar un beneficio claro en términos de seguridad pública.
En resumen, esta resolución de la ANMaC no es más que un paso más en el camino hacia un mayor control estatal sobre los derechos de los ciudadanos, bajo el pretexto de la seguridad que contradice los principios de la Libertad Avanza y fortalece el estatismo del PRO. En lugar de enfocarse en combatir el tráfico ilegal de armas y la violencia criminal, se está aplicando una política que solo restringe los derechos de las personas que siguen la ley.
Esta misma movida la vimos con Gambaro y fue advertida varias veces, lamento el autobombo, en mis publicaciones recientes. Es el modus operandi de los políticos que perdieron por paliza las elecciones del 2023. Juan Pablo Allan personifica lo que no votó la gente y menos lo que desean la mayoría de los Legítimos Usuarios. Se cayó la careta y se reveló que todavía existen colectivistas que buscan evitar que el país progrese y que la Libertad no pueda ser alcanzada.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Regularización por tiempo limitado

Publicado en por Athina Rott

Regularización por tiempo limitado

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 8 de 2024

Regularización por tiempo limitado

Dejando de lado el nefasto y carísimo Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en donde se estafa a incautos que desean deshacerse de sus armas legales pagando nada por material que puede valer una fortuna o se borran posibles evidencias criminales al destruirse anónimamente cachivaches, en los primeros días de octubre de 2024 nos enteramos, por palabras del Director de la ANMAC, Juan P. Allan, que los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por diferentes políticas estatales de los últimos 20 años, van a tener SOLO UN AÑO para regularizar su estado una vez que la ley esté vigente. ¿Por qué sólo un año? ¿Cómo van a ser las campañas para que a todos les llegue el aviso? ¿Serán públicas y masivas como los institucionales del PEVAF? ¿Cuánto costará? ¿Qué sucederá después con ellos?
Si bien eso será develado en un futuro, tal vez, lo interesante es que Allan menciona “en el gobierno de Milei” cuando habla de lo sucedido en el Congreso. Habla como si el libertarianismo tuviese algo que ver el porcentaje de estatismo colectivista en sangre que tienen muchos políticos y varios funcionarios todavía.
Desde una perspectiva libertaria, las declaraciones sobre la regularización por tiempo limitado de armas planteadas por figuras como Juan Pablo Allan y Pablo Walter son profundamente problemáticas, ya que refuerzan el poder estatal sobre la libertad individual y el derecho fundamental de los ciudadanos a poseer armas sin la interferencia del gobierno. Si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública y la transparencia, estos argumentos esconden un peligro latente para la libertad en una sociedad republicana. Todo muy PRO y poco LLA.
Esa narrativa de centro izquierda encubre las verdaderas implicaciones de estas medidas sobre la libertad individual, especialmente cuando se plantea la idea de “un plazo de regularización” y un registro exhaustivo de armas en manos de civiles. Desde la perspectiva libertaria, el simple hecho de que “el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene”, es decir, que un Gobierno quiera conocer la ubicación y propiedad de cada arma de fuego no solo es un ataque directo a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abre las puertas a abusos potenciales del poder estatal. ¿Por qué ir tras las personas que no cometieron ningún ilícito por motus propio limitando su regularización? ¿Por qué la urgencia reiterada de saber dónde están las armas legales, quien las tiene y cómo las tiene si no se han cometido delitos incluso con el descontrol generado por el kirchnerismo? Más pruebas de la inutilidad del Registro no hay.
El enfoque principal del libertarianismo es la defensa de las libertades individuales y la limitación del poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el deseo de los funcionarios venidos del PRO de saber exactamente quién posee un arma y bajo qué condiciones, como señala Allan, implica una intromisión injustificada en la vida privada de las personas que no han cometido ningún delito. Este tipo de control estatal absoluto sobre la posesión de armas genera un precedente alarmante: una vez que el gobierno tiene acceso a esta información, puede utilizarla para restringir aún más la libertad de los ciudadanos en el futuro. Como ya se ha intentado desde el espacio de Allan se puede compartimentar la condición del Legitimo Usuario y el uso de armas, se puede exigir la guarda en polígonos de tiro, medidas de seguridad irrisorias, exámenes psicofísicos arbitrarios en prestadoras “amigas”, etc.
El argumento de que un registro completo y preciso de armas favorece la “trazabilidad” y facilita un seguimiento más eficiente es una trampa peligrosa. El problema no reside en la cantidad de armas registradas o no registradas, sino en el hecho de que un gobierno busca concentrar poder mediante el control de las herramientas de defensa personal. En una sociedad verdaderamente libre, los individuos tienen el derecho inalienable de poseer medios de autodefensa, y cualquier intento del Estado de regular arbitrariamente o restringir ese derecho debilita el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno.
La historia muestra que los gobiernos autoritarios tienden a avanzar en el desarme de la población como un primer paso hacia el control total. La centralización del conocimiento sobre quién posee armas facilita el futuro desarme de los ciudadanos. Un Estado con acceso a un registro absoluto de todas las armas en poder de civiles puede utilizar esa información no solo para rastrear a criminales como se pone de excusa, sino también para desarmar a ciudadanos respetuosos de la ley bajo cualquier pretexto que considere necesario. Este tipo de política pone en riesgo la capacidad de los individuos para defenderse tanto de amenazas externas como de posibles abusos de poder por parte del propio gobierno.
Además, el discurso de que estas medidas “mejoran la seguridad” es engañoso. Si bien el gobierno puede argumentar que está protegiendo a los ciudadanos al regular la posesión de armas, la realidad es que esta intervención erosiona la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia seguridad. En una sociedad liberal-libertaria, el derecho a tener y portar armas es una manifestación clave de la libertad personal y de la responsabilidad individual. El enfoque paternalista perpetuado por los funcionarios de centro izquierda del gobierno, que buscan regular el uso de armas bajo la premisa de “seguridad”, socava la confianza en la autonomía de los ciudadanos.
El proyecto no aborda de manera efectiva el problema real de la violencia armada, que proviene mayoritariamente de actores criminales con armas ilegales, no de ciudadanos que poseen armas legalmente. Al poner el foco en los ciudadanos respetuosos de la ley, estos funcionarios del gobierno actual desvían la atención de su incapacidad para controlar el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en manos de delincuentes como se viene haciendo desde el 2004. Además, el argumento de que el registro de armas reducirá la violencia armada es falaz. Los criminales no registran sus armas, y las personas que poseen armas legalmente no representan una amenaza para la seguridad pública. Sobran datos oficiales para esto.
Por otro lado, el argumento de Pablo Walter sobre la modernización y digitalización del sistema de control de armas subraya un intento de perfeccionar un sistema de vigilancia masiva sobre la posesión de armas. La digitalización puede facilitar el acceso rápido del Estado a la información sobre los propietarios de armas, pero también abre la puerta a la posibilidad de que este control se expanda de manera aún más intrusiva en el futuro, afectando a las libertades civiles. Al imponer más restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, se corre el riesgo de que el Estado erosione progresivamente otros derechos individuales bajo el pretexto de la “seguridad pública”. La noción de que “el Estado debe saber quién tiene armas” es en sí misma contraria a los principios de una sociedad republicana, donde los ciudadanos deben tener control sobre el gobierno, y no al revés. Si bien se enmarca como una medida para proteger a la sociedad, este tipo de registro masivo podría ser fácilmente manipulado para otros fines políticos, poniendo en peligro las libertades civiles fundamentales.
En resumen, las declaraciones de estos funcionarios heredados del PRO representan un grave peligro para las libertades individuales en una sociedad republicana. El control estatal sobre las armas y la imposición de registros obligatorios no solo violan los principios de libertad personal, sino que además sientan las bases para un Estado más autoritario y menos confiado en sus ciudadanos. En lugar de promover la libertad, estas políticas consolidan el poder de los gobiernos y socavan los derechos fundamentales de los individuos, especialmente su derecho a la autodefensa. Desde una perspectiva libertaria, cualquier intento de sobre regular o controlar el derecho a tener y portar armas debe ser visto con gran escepticismo y preocupación. Desde una óptica libertaria, la verdadera seguridad de una sociedad reside en la confianza en la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia vida y seguridad. La regularización apresurada y el registro obligatorio de armas, lejos de ser una solución, representan un paso hacia un mayor control estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos, un peligroso precedente que debe ser resistido en defensa de una sociedad libre y verdaderamente republicana. Por las declaraciones de Juan Pablo Allan y Pablo Walter, todavía no entendieron que forman parte de un gobierno liberal-libertario en donde los lineamientos comunistas y colectivistas impulsados por las ONGs desarmistas como la RAD, INECIP y otras no tienen por qué tener la cabida que tuvieron cuando el PRO fue gobierno. Necesitamos más libertad y menos Estado.

IG Juan Pablo Allan
https://www.instagram.com/p/DA0qRrpNbfb/?hl=es-la

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com