Se cayó la careta
Publicado en por Athina Rott

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 17 de 2024

Las sospechas que pesaban sobre el director de la ANMAC, Juan Pablo Allan, y su perfil estatista macerado por años de militancia en el PRO (partido desarmista de centro izquierda o social demócrata como se lo vende) fueron confirmadas recientemente en el boletín oficial con la Resolución 149/2024 RESOL-2024-149-APN-ANMAC#MSG.
Mientras el funcionario vendía las bondades de la credencial digital entre los apaleados Legítimos Usuarios y que muchos abrazaron ciegamente, la puñalada trapera llegó para sorpresa de los chupamedias de turno y las asociaciones elitistas.
La reciente resolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que establece nuevas regulaciones para la guarda, almacenamiento y exhibición de armas, municiones y otros materiales controlados, plantea serias preocupaciones a los Legítimos Usuarios y más aún desde una perspectiva libertaria y de defensa de los derechos individuales. Aunque se justifica en nombre de la seguridad pública, esta resolución es otro ejemplo de cómo el Estado amplía su control sobre los ciudadanos, erosionando libertades fundamentales bajo el pretexto de la regulación. Algo indiscutiblemente contrapuesto a lo que el Gobierno de Milei lleva adelante de la mano de Federico Sturzzeneger.
En primer lugar, imponer condiciones estrictas para el almacenamiento de armas y municiones a los Legítimos Usuarios representa una intervención estatal desmedida en la vida privada de ciudadanos que ya cumplen con las leyes y regulaciones vigentes. El concepto de “Legítimos Usuarios” hace referencia precisamente a personas que poseen armas de manera legal y que no representan una amenaza para la sociedad. La pregunta entonces es: ¿por qué imponerles más barreras y exigencias? Esto genera un innecesario costo económico y operativo para individuos que solo ejercen su derecho a la propiedad y autodefensa, creando una situación en la que se les castiga, en lugar de enfocarse en combatir a aquellos que verdaderamente representan una amenaza: los delincuentes y las armas ilegales. Es una declaración de incumplimiento de lod deberes del Estado: como el ministerio de Seguridad no puede combatir a los boqueteros y delincuentes, la culpa es de las víctimas.
Otro aspecto preocupante de esta resolución es la obligación de registrar los sectores de almacenamiento y guarda de armas. Desde una perspectiva libertaria, este tipo de registro representa una clara invasión a la privacidad. ¿Por qué el Estado necesita saber dónde y cómo se almacenan las armas de los ciudadanos? Esto pone a los propietarios legales en una posición vulnerable, ya que centralizar esta información facilita que el gobierno pueda, en el futuro, desarmar a la población de manera sistemática. Además, como se ha visto en la historia, los gobiernos autoritarios tienden a utilizar esta clase de información para suprimir disidencias o erosionar los derechos de los ciudadanos. Dejar en manos del Estado este tipo de control es peligrosamente cercano a la creación fácil del Gobierno Totalitario y Omnipresente de la Agenda 2030 que el presidente rechazó.
La resolución también exige la adecuación de estos sectores de almacenamiento en un plazo de 180 días. Esta es una carga que no solo es económica, sino también administrativa, que impone más trabas burocráticas a quienes ejercen su derecho legal a poseer armas. Estas regulaciones podrían desalentar a los ciudadanos a ejercer su derecho de autodefensa y propiedad legal, mientras los delincuentes y organizaciones criminales seguirán operando al margen de estas normativas, utilizando armas ilegales.
Finalmente, este tipo de regulación también impacta negativamente en los comercios que exhiben armas y municiones, imponiendo condiciones adicionales para la exhibición de materiales controlados. Es decir, el Estado impone la forma en que deben vender su mercadería haciendo que la competencia sea desleal entre otras cuestiones más técnicas. Esto es un ejemplo más de cómo el Estado interviene en las actividades económicas legítimas, sofocando el libre mercado y encareciendo los costos para los comerciantes, sin proporcionar un beneficio claro en términos de seguridad pública.
En resumen, esta resolución de la ANMaC no es más que un paso más en el camino hacia un mayor control estatal sobre los derechos de los ciudadanos, bajo el pretexto de la seguridad que contradice los principios de la Libertad Avanza y fortalece el estatismo del PRO. En lugar de enfocarse en combatir el tráfico ilegal de armas y la violencia criminal, se está aplicando una política que solo restringe los derechos de las personas que siguen la ley.
Esta misma movida la vimos con Gambaro y fue advertida varias veces, lamento el autobombo, en mis publicaciones recientes. Es el modus operandi de los políticos que perdieron por paliza las elecciones del 2023. Juan Pablo Allan personifica lo que no votó la gente y menos lo que desean la mayoría de los Legítimos Usuarios. Se cayó la careta y se reveló que todavía existen colectivistas que buscan evitar que el país progrese y que la Libertad no pueda ser alcanzada.
Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com
