La reciente controversia en torno a la Resolución 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su posterior revocación con la Resolución 154/2024 del lunes 21 de octubre ha puesto de manifiesto el peligro de las regulaciones excesivas del Estado sobre el derecho a la propiedad y la autodefensa. En un primer momento, la resolución derogada, buscaba, en parte, imponer condiciones de seguridad arbitrarias para el almacenamiento de armas en los hogares de los legítimos usuarios, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales. Afortunadamente, la presión pública fue efectiva, y el Director Ejecutivo de la ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció que se rectificaría este error. El tweet de Allan del 17 de octubre de 2024 admite que la resolución afectaba el derecho de los ciudadanos a la autodefensa, algo que, según él, nunca fue la intención original. El objetivo, dice, era, debido a un par hechos puntuales de inseguridad, aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales, no en los hogares. Esta corrección es bienvenida, ya que reconoce el peligro que representa un control excesivo del Estado sobre las armas en manos de ciudadanos que cumplen con la ley y una ignorancia supina de la ley. Como Allan afirmó, “creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley”, lo que refleja un retorno a los principios fundamentales de la defensa de los derechos individuales. Sin embargo, a pesar de esta marcha atrás, la nueva Resolución, la 154/2024, plantea algunas preocupaciones. Aunque se derogó la Resolución 149/2024, la ANMAC instruyó a la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados a elevar nuevas condiciones de seguridad para usuarios comerciales y colectivos antes de fin de año. Esto refleja una insistencia en seguir aumentando el control estatal, esta vez dirigido a los comerciantes de armas y materiales controlados. Desde una perspectiva libertaria, esto sigue siendo problemático, ya que cualquier intento de mayor regulación sobre el libre comercio y la posesión de armas legítimas erosiona la libertad individual. Que en la nueva resolución se conserve este punto hace sospechar, con fundamento por el historial que rodea al PRO (y demás partidos colectivistas) en la ANMAC, que la medida fue una directiva tomada de manera consciente, diseñada para alinearse con los principios establecidos en el Manual del Desarme. Este manual, que ha sido discutido y promovido por grupos de ONGS que apoyan políticas de desarme y vienen asesorando a políticos, incluye disposiciones claras que buscan restringir y controlar la oferta de armas y municiones. Dos de los puntos son: “Imponer condiciones a vendedores y fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos” y “Restringir o detener la oferta de municiones.“ La resolución original, si no hubiera sido cuestionada públicamente, se habría ejecutado sin problemas, afectando no solo a los legítimos usuarios de armas (LLUU), sino también a los comercios de armas. Incluso con la rectificación que solo corrigió el punto que más se discutió en redes, los problemas para los comerciantes de armas persisten. Bajo las estrictas normativas que imponía la Resolución 149/2024, muchos comercios habrían enfrentado costos prohibitivos para cumplir con los nuevos estándares de seguridad, lo que probablemente llevaría a algunos al cierre definitivo. Ahora se postergó 30 días. Este punto que se mantiene en la 154/2024 es crucial porque, a largo plazo, cualquier normativa que afecte a los comerciantes terminará afectando también a los usuarios individuales. Si los vendedores de armas cierran o se ven obligados a restringir la venta de ciertos productos, los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la autodefensa se verán cada vez más limitados en su acceso a armas y municiones. La Resolución 149/2024 era solo una pieza de una estrategia más amplia orientada a reducir la oferta de armas en la sociedad, pero lo hacía afectando injustamente a quienes respetan la ley, sin abordar eficazmente el problema del tráfico ilegal de armas. Ahora quedó reducida ala mitad, pero persiste. El hecho de que el Estado insista en mantener un control tan estricto sobre los materiales controlados legales, sin abordar adecuadamente el problema real del tráfico de armas ilegales, es un ejemplo claro de cómo las políticas restrictivas, a las que la gente les dijo NO en las elecciones del 2023, suelen perjudicar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de enfocarse en los verdaderos criminales. El peligro de seguir regulando armerías y locales comerciales es que, en última instancia, se pueden crear barreras excesivas para los legítimos usuarios y comerciantes, mientras que las armas ilegales continuarán circulando sin control en manos de delincuentes. Aunque Allan y las autoridades de ANMAC han intentado presentarse como defensores de la libertad y la buena fe de los legítimos usuarios, lo cierto es que esta resolución se ajustaba a una agenda clara de control de armas que se ha promovido durante años. El hecho de que hayan retrocedido ante la presión pública no es una victoria total, ya que las nuevas medidas que se implementarán seguirán imponiendo cargas sobre los comerciantes. En este contexto, es crucial entender que estas regulaciones no solo afectan a los vendedores de armas, sino que también son un ataque indirecto al derecho de los ciudadanos a la autodefensa. En resumen, aunque la revocación parcial de la resolución es un paso positivo, el daño potencial a los comerciantes y la reducción del acceso a armas para los legítimos usuarios sigue siendo preocupante. Las políticas de control de armas no deben enfocarse en restringir a quienes cumplen con la ley, sino en combatir el tráfico ilegal que alimenta la verdadera violencia armada en el país. Se ve que muchos funcionarios todavía no entienden los objetivos del Gobierno Nacional e insisten en aplicar las ideas colectivistas que los formaron en su carrera política.
Las sospechas que pesaban sobre el director de la ANMAC, Juan Pablo Allan, y su perfil estatista macerado por años de militancia en el PRO (partido desarmista de centro izquierda o social demócrata como se lo vende) fueron confirmadas recientemente en el boletín oficial con la Resolución 149/2024 RESOL-2024-149-APN-ANMAC#MSG. Mientras el funcionario vendía las bondades de la credencial digital entre los apaleados Legítimos Usuarios y que muchos abrazaron ciegamente, la puñalada trapera llegó para sorpresa de los chupamedias de turno y las asociaciones elitistas. La reciente resolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que establece nuevas regulaciones para la guarda, almacenamiento y exhibición de armas, municiones y otros materiales controlados, plantea serias preocupaciones a los Legítimos Usuarios y más aún desde una perspectiva libertaria y de defensa de los derechos individuales. Aunque se justifica en nombre de la seguridad pública, esta resolución es otro ejemplo de cómo el Estado amplía su control sobre los ciudadanos, erosionando libertades fundamentales bajo el pretexto de la regulación. Algo indiscutiblemente contrapuesto a lo que el Gobierno de Milei lleva adelante de la mano de Federico Sturzzeneger. En primer lugar, imponer condiciones estrictas para el almacenamiento de armas y municiones a los Legítimos Usuarios representa una intervención estatal desmedida en la vida privada de ciudadanos que ya cumplen con las leyes y regulaciones vigentes. El concepto de “Legítimos Usuarios” hace referencia precisamente a personas que poseen armas de manera legal y que no representan una amenaza para la sociedad. La pregunta entonces es: ¿por qué imponerles más barreras y exigencias? Esto genera un innecesario costo económico y operativo para individuos que solo ejercen su derecho a la propiedad y autodefensa, creando una situación en la que se les castiga, en lugar de enfocarse en combatir a aquellos que verdaderamente representan una amenaza: los delincuentes y las armas ilegales. Es una declaración de incumplimiento de lod deberes del Estado: como el ministerio de Seguridad no puede combatir a los boqueteros y delincuentes, la culpa es de las víctimas. Otro aspecto preocupante de esta resolución es la obligación de registrar los sectores de almacenamiento y guarda de armas. Desde una perspectiva libertaria, este tipo de registro representa una clara invasión a la privacidad. ¿Por qué el Estado necesita saber dónde y cómo se almacenan las armas de los ciudadanos? Esto pone a los propietarios legales en una posición vulnerable, ya que centralizar esta información facilita que el gobierno pueda, en el futuro, desarmar a la población de manera sistemática. Además, como se ha visto en la historia, los gobiernos autoritarios tienden a utilizar esta clase de información para suprimir disidencias o erosionar los derechos de los ciudadanos. Dejar en manos del Estado este tipo de control es peligrosamente cercano a la creación fácil del Gobierno Totalitario y Omnipresente de la Agenda 2030 que el presidente rechazó. La resolución también exige la adecuación de estos sectores de almacenamiento en un plazo de 180 días. Esta es una carga que no solo es económica, sino también administrativa, que impone más trabas burocráticas a quienes ejercen su derecho legal a poseer armas. Estas regulaciones podrían desalentar a los ciudadanos a ejercer su derecho de autodefensa y propiedad legal, mientras los delincuentes y organizaciones criminales seguirán operando al margen de estas normativas, utilizando armas ilegales. Finalmente, este tipo de regulación también impacta negativamente en los comercios que exhiben armas y municiones, imponiendo condiciones adicionales para la exhibición de materiales controlados. Es decir, el Estado impone la forma en que deben vender su mercadería haciendo que la competencia sea desleal entre otras cuestiones más técnicas. Esto es un ejemplo más de cómo el Estado interviene en las actividades económicas legítimas, sofocando el libre mercado y encareciendo los costos para los comerciantes, sin proporcionar un beneficio claro en términos de seguridad pública. En resumen, esta resolución de la ANMaC no es más que un paso más en el camino hacia un mayor control estatal sobre los derechos de los ciudadanos, bajo el pretexto de la seguridad que contradice los principios de la Libertad Avanza y fortalece el estatismo del PRO. En lugar de enfocarse en combatir el tráfico ilegal de armas y la violencia criminal, se está aplicando una política que solo restringe los derechos de las personas que siguen la ley. Esta misma movida la vimos con Gambaro y fue advertida varias veces, lamento el autobombo, en mis publicaciones recientes. Es el modus operandi de los políticos que perdieron por paliza las elecciones del 2023. Juan Pablo Allan personifica lo que no votó la gente y menos lo que desean la mayoría de los Legítimos Usuarios. Se cayó la careta y se reveló que todavía existen colectivistas que buscan evitar que el país progrese y que la Libertad no pueda ser alcanzada.
Dejando de lado el nefasto y carísimo Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en donde se estafa a incautos que desean deshacerse de sus armas legales pagando nada por material que puede valer una fortuna o se borran posibles evidencias criminales al destruirse anónimamente cachivaches, en los primeros días de octubre de 2024 nos enteramos, por palabras del Director de la ANMAC, Juan P. Allan, que los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por diferentes políticas estatales de los últimos 20 años, van a tener SOLO UN AÑO para regularizar su estado una vez que la ley esté vigente. ¿Por qué sólo un año? ¿Cómo van a ser las campañas para que a todos les llegue el aviso? ¿Serán públicas y masivas como los institucionales del PEVAF? ¿Cuánto costará? ¿Qué sucederá después con ellos? Si bien eso será develado en un futuro, tal vez, lo interesante es que Allan menciona “en el gobierno de Milei” cuando habla de lo sucedido en el Congreso. Habla como si el libertarianismo tuviese algo que ver el porcentaje de estatismo colectivista en sangre que tienen muchos políticos y varios funcionarios todavía. Desde una perspectiva libertaria, las declaraciones sobre la regularización por tiempo limitado de armas planteadas por figuras como Juan Pablo Allan y Pablo Walter son profundamente problemáticas, ya que refuerzan el poder estatal sobre la libertad individual y el derecho fundamental de los ciudadanos a poseer armas sin la interferencia del gobierno. Si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública y la transparencia, estos argumentos esconden un peligro latente para la libertad en una sociedad republicana. Todo muy PRO y poco LLA. Esa narrativa de centro izquierda encubre las verdaderas implicaciones de estas medidas sobre la libertad individual, especialmente cuando se plantea la idea de “un plazo de regularización” y un registro exhaustivo de armas en manos de civiles. Desde la perspectiva libertaria, el simple hecho de que “el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene”, es decir, que un Gobierno quiera conocer la ubicación y propiedad de cada arma de fuego no solo es un ataque directo a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abre las puertas a abusos potenciales del poder estatal. ¿Por qué ir tras las personas que no cometieron ningún ilícito por motus propio limitando su regularización? ¿Por qué la urgencia reiterada de saber dónde están las armas legales, quien las tiene y cómo las tiene si no se han cometido delitos incluso con el descontrol generado por el kirchnerismo? Más pruebas de la inutilidad del Registro no hay. El enfoque principal del libertarianismo es la defensa de las libertades individuales y la limitación del poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el deseo de los funcionarios venidos del PRO de saber exactamente quién posee un arma y bajo qué condiciones, como señala Allan, implica una intromisión injustificada en la vida privada de las personas que no han cometido ningún delito. Este tipo de control estatal absoluto sobre la posesión de armas genera un precedente alarmante: una vez que el gobierno tiene acceso a esta información, puede utilizarla para restringir aún más la libertad de los ciudadanos en el futuro. Como ya se ha intentado desde el espacio de Allan se puede compartimentar la condición del Legitimo Usuario y el uso de armas, se puede exigir la guarda en polígonos de tiro, medidas de seguridad irrisorias, exámenes psicofísicos arbitrarios en prestadoras “amigas”, etc. El argumento de que un registro completo y preciso de armas favorece la “trazabilidad” y facilita un seguimiento más eficiente es una trampa peligrosa. El problema no reside en la cantidad de armas registradas o no registradas, sino en el hecho de que un gobierno busca concentrar poder mediante el control de las herramientas de defensa personal. En una sociedad verdaderamente libre, los individuos tienen el derecho inalienable de poseer medios de autodefensa, y cualquier intento del Estado de regular arbitrariamente o restringir ese derecho debilita el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno. La historia muestra que los gobiernos autoritarios tienden a avanzar en el desarme de la población como un primer paso hacia el control total. La centralización del conocimiento sobre quién posee armas facilita el futuro desarme de los ciudadanos. Un Estado con acceso a un registro absoluto de todas las armas en poder de civiles puede utilizar esa información no solo para rastrear a criminales como se pone de excusa, sino también para desarmar a ciudadanos respetuosos de la ley bajo cualquier pretexto que considere necesario. Este tipo de política pone en riesgo la capacidad de los individuos para defenderse tanto de amenazas externas como de posibles abusos de poder por parte del propio gobierno. Además, el discurso de que estas medidas “mejoran la seguridad” es engañoso. Si bien el gobierno puede argumentar que está protegiendo a los ciudadanos al regular la posesión de armas, la realidad es que esta intervención erosiona la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia seguridad. En una sociedad liberal-libertaria, el derecho a tener y portar armas es una manifestación clave de la libertad personal y de la responsabilidad individual. El enfoque paternalista perpetuado por los funcionarios de centro izquierda del gobierno, que buscan regular el uso de armas bajo la premisa de “seguridad”, socava la confianza en la autonomía de los ciudadanos. El proyecto no aborda de manera efectiva el problema real de la violencia armada, que proviene mayoritariamente de actores criminales con armas ilegales, no de ciudadanos que poseen armas legalmente. Al poner el foco en los ciudadanos respetuosos de la ley, estos funcionarios del gobierno actual desvían la atención de su incapacidad para controlar el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en manos de delincuentes como se viene haciendo desde el 2004. Además, el argumento de que el registro de armas reducirá la violencia armada es falaz. Los criminales no registran sus armas, y las personas que poseen armas legalmente no representan una amenaza para la seguridad pública. Sobran datos oficiales para esto. Por otro lado, el argumento de Pablo Walter sobre la modernización y digitalización del sistema de control de armas subraya un intento de perfeccionar un sistema de vigilancia masiva sobre la posesión de armas. La digitalización puede facilitar el acceso rápido del Estado a la información sobre los propietarios de armas, pero también abre la puerta a la posibilidad de que este control se expanda de manera aún más intrusiva en el futuro, afectando a las libertades civiles. Al imponer más restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, se corre el riesgo de que el Estado erosione progresivamente otros derechos individuales bajo el pretexto de la “seguridad pública”. La noción de que “el Estado debe saber quién tiene armas” es en sí misma contraria a los principios de una sociedad republicana, donde los ciudadanos deben tener control sobre el gobierno, y no al revés. Si bien se enmarca como una medida para proteger a la sociedad, este tipo de registro masivo podría ser fácilmente manipulado para otros fines políticos, poniendo en peligro las libertades civiles fundamentales. En resumen, las declaraciones de estos funcionarios heredados del PRO representan un grave peligro para las libertades individuales en una sociedad republicana. El control estatal sobre las armas y la imposición de registros obligatorios no solo violan los principios de libertad personal, sino que además sientan las bases para un Estado más autoritario y menos confiado en sus ciudadanos. En lugar de promover la libertad, estas políticas consolidan el poder de los gobiernos y socavan los derechos fundamentales de los individuos, especialmente su derecho a la autodefensa. Desde una perspectiva libertaria, cualquier intento de sobre regular o controlar el derecho a tener y portar armas debe ser visto con gran escepticismo y preocupación. Desde una óptica libertaria, la verdadera seguridad de una sociedad reside en la confianza en la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia vida y seguridad. La regularización apresurada y el registro obligatorio de armas, lejos de ser una solución, representan un paso hacia un mayor control estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos, un peligroso precedente que debe ser resistido en defensa de una sociedad libre y verdaderamente republicana. Por las declaraciones de Juan Pablo Allan y Pablo Walter, todavía no entendieron que forman parte de un gobierno liberal-libertario en donde los lineamientos comunistas y colectivistas impulsados por las ONGs desarmistas como la RAD, INECIP y otras no tienen por qué tener la cabida que tuvieron cuando el PRO fue gobierno. Necesitamos más libertad y menos Estado.
La historia de la humanidad lo ha dicho: el desarme civil atenta contra la libertad y afianza las dictaduras. Stalin, Mao, Castro entre muchos otros lo sabían. Chávez no fue ajeno y hoy Maduro es dueño y señor de la vida de los venezolanos.
El pasado domingo 28 de julio del 2024 se confirmó, para aquellos negadores seriales ignorantes o militantes, la situación institucional gravísima que vive Venezuela. El velo se ha corrido y la caída en el abismo se ha acelerado. La democracia y la libertad ya no se mueren de hambre como los hermanos venezolanos en los últimos años frente a pasividad de los gobiernos políticamente correctos y aliados de la “Patria Grande” sino que se desangra a la velocidad de una arteria lacerada con el abuso estatal perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Los disturbios en las calles y las protestas frente a un régimen opresor violento que no duda en dibujar los números de las elecciones tienen, por un lado, al pueblo, hambreado e indefenso y, por otro, alas fuerzas gubernamentales y a las fuerzas paraestatales denominadas colectivos bolivarianos ensañados en salvar el pellejo porque si cambia el gobierno, van presos.
Estos colectivos bolivarianos, militantes chavistas en motitos, patoteros y matones se dedican a tirotear y balear a los manifestantes disidentes con la impunidad que les da el ser amigos del poder. Son el brazo de armado del régimen socialista aliado a Irán, China y Rusia. Unos camisas pardas intocables que visten los colores rojos sangre del Che. Criminales armados que se cargaron a la Miss Venezuela en las primeras marchas en contra del chavismo y en estos días asolan a quienes buscan manifestarse en contra del atropello institucional. Las filmaciones desde los departamentos de Caracas mostraban como apuntaban y disparaban sin prejuicio alguno, tomando puntería, contra todo aquel que no usara uniforme o los colores del partido. Son los pilares que el populismo latinoamericano genera si el tiempo en el poder es el adecuado.
Esta aberración social y asesina pudo ser posible sólo gracias al desarme civil impuesto por Chávez a principio de la primera década del siglo XXI. Venezuela era un país de grandes diferencias sociales e historia de violencia, la corrupción estaba a la orden del día y el desánimo era grande. En la euforia que siguió al ascenso al poder de Chávez, siguieron medidas disfrazadas de “bien común” “bien mayor” “estado superior” “ideal bolivariano” en las que incluían la pacificación de Venezuela y servían para prevenir el crimen y la violencia armada. Es así que tomando los protocolos de desarme de la ONU para países en conflicto y el nefasto manual de desarme que circula entre las luminarias progresistas de bajo voltaje en la región, se idea un plan para el control de las armas legales.
Entre muchos desarmistas mentirosos que “vendieron” esa panacea “progre” y que resultó un negocio ideal para los que estaban en el poder, nos encontramos con Gabriel Conte y Martín Appiolaza. Dos personajes nefastos de Mendoza y con lazos cercanos a la Red Argentina para el Desarme (y ONGs endogámicas que sirven como trampolín al Congreso a varios seres turbios que asesoran a legisladores y funcionarios actualmente ), capital nacional argenta del desarme y a raíz de esto, crisol de la proliferación de las bandas narcos armadas, cifras siderales de muertes en hechos de delincuencia y bastión de la pérdida de derechos individuales (Santa Fe no se le queda atrás y la Pciade Buenos Aires que ya puso los dos pies en esa doctrina con Scioli) fueron un tiempo a “asesorar” al gobierno de Chávez en el comienzo del camino a lo que iba a ser un “totalitarismo constitucional”.Es así que la tarea de Conte y Appiolaza, que ocupaban en el 2006 cargos en “organismos internacionales” que se encargaban del poco especificado “tema de la violencia”, se enmarcaba en una reforma integral del sistema de seguridad que debía poner fin a la violencia armada estatal e institucional apadrinada por Amnistía Internacional enfocándose en manotear las armas de los ciudadanos. Fiel al manual anti derechos individuales, extendiendo la culpa a la mayoría y no focalizando el problema, Appiolaza afirmó en ese momento que “El objetivo es bajar la violencia armada y mejorar la capacidad de control de las policías. Hay un nivel alto de violencia armada queha ido creciendo al ritmo de toda América Latina”, Conte le agregó las cifras incomprobables de las armas ilegales, claves de la mentira desarmista:”Hay estimaciones que hablan de 9 millones de armas entre legales e ilegales.” Y es así que concluyó que “Tenemos que trabajar sobre acciones a corto, mediano y largo plazo”…
Dichas acciones que el gobierno chavista impulsó al poco tiempo incluyeron reformas constitucionales (una delas tantas que sufriría ese país) para centralizar el poder policial y que quedara bajo el poder político. Appiolaza sabía lo que había pasado en Mendoza en el ´98 y ya se veían las consecuencias. En vez de que la policía actúe independientemente bajo la lupa de un organismo de control, la policía actúa bajo la órbita del político de turno… eterno en el caso del populismo.
Otro eje, promovido en este caso por el experimentado en la materia de desarme Conte, fue la entrega de armas. Esa iniciativa se aplicó dentro de la “Misión Desarme” que ya Chávez había comenzado. Al mismo tiempo se afianza el “sistema de participación comunitaria “que utilizaba la Revolución Bolivariana. Eran comisiones multisectoriales de vecinos, organizaciones comunales de base a la que asistían representantes del gobierno que más tarde, y después de ser purgadas, mutarían en los infames colectivos bolivarianos.
Lo que Appiolazza y Conte al día de la fecha no se critican es que gracias a las estructuras de desarme civil que ellos entretantos otros contribuyeron a formar y fomentaron, el poder antidemocrático encontró un pilar para sostenerse sin mancharse las manos como sucedió el domingo pasado. “Hay mucha efervescencia ideológica de ambos lados y mucha vocación de cambiar lo que está mal. El problema es que hay puntos de vista muy diferentes entre gobierno y oposición. Lo positivo es que hay mucha movilización popular y pasión para encarar las reformas, lo que resta definir es cómo se hacen”, sentenció Conte en el 2006. Ahora sabemos cómo se hicieron. La mentira desarmista se reveló con sangre y muertos, torturados y secuestrados frente a las cámaras. Los colectivos bolivarianos, por ser entes populares militantes del modelo central, tuvieron acceso a las armas y a los beneficios (escasos como siempre sucede en estos estamentos) que su fervor partidista les otorgaba. Son las patotas que se llevan la comida después de los militares chavistas, son los balean a los manifestantes desarmados, son los que arrearon a los indecisos a votar, los que hostigan, los impunes y lo pueden hacer porque tienen el monopolio de la violencia.
Algo parecido se viene gestando desde hace años en Argentina. Quizás el ejemplo más evidente sea el caso de Santa Fe, en donde desde el 2014 comenzó la persecución a los legítimos usuarios con Corral. Se puso a todos dentro la misma bolsa. Criminales y honestos eran lo mismo. El manual desarmista de la Red Argentina para el Desarme que aplicaron personas como Conte y Appiolazza, estaba en auge y vendieron que poniendo trabas a los honestos, el crimen descendería. Hostigando a las armerías y comerciantes, los contrabandistas de armas dejarían de proveer a los narcos y ladrones. Dificultando los trámites a los tiradores y personas dentro de la ley, haría que los delincuentes entregasen sus armas… Es un pensamiento, cuanto menos, idiota. Al día de hoy, con solo encender la TV o entrar en algún portal de internet sabemos la policía sigue infiltrada por mafias, los crímenes y delitos no bajan y las armas ilegales, muchas que son de imposible acceso a los legítimos usuarios, siguen apareciendo en los operativos policiales.
El desarme civil no sirve porque es una mentira y es usado por políticos tibios, como excusa, para proteger y formar núcleos mafiosos muy rentables. Es, también, la herramienta de los opresores y la base de la caja del dinero en negro. Las armas en manos de los ciudadanos garantizan una democracia saludable y una república fuerte. A los dictadores como Maduro no se los saca por medio del voto ya que ellos manejan la violencia estatal y el recuento en las elecciones. No existe una moralidad superior en rechazar la realidad de que las armas en manos de los ciudadanos impiden que los gobiernos se abusen. Eso no es ser pacifista, eso es ser cobarde. Pacifista es saber que uno tiene la capacidad de hacer daño y elige no hacerlo. Ahí está la moral superior, el mérito. Eso lo saben bien los autoritarios y por eso desarman a la población. Las dictaduras son posibles gracias al desarme civil. Si se lucha por sostener la democracia y la república, si se lucha por la libertad y porque el colectivismo empobrecedor desaparezca, las políticas de desarme civil deben dejarse de lado en su totalidad y de inmediato. Falta gente con ganas y coraje de hacer un cambio verdadero en el ANMAC como bien se ha hecho en otras áreas del Gobierno.
La realidad es que las armas en manos de los ciudadanos garantizan la Constitución Nacional, todo lo demás favorece a las dictaduras.
El embate contra los Legítimos Usuarios ha recobrado ímpetu con las resoluciones hembristas establecidas por parte del organismo que encabeza Natasa Loizou. Pero la investigada por ñoquismo en su anterior paso por Registro de Armas no está sola: las huestes de Cambiemos le hacen la segunda al kirchnerismo chavista en su torpedeo a la República y de la mano del admirador maoísta Cristian Ritondo y de la flamante Silvia Lospennato crearon un huevito sorpresa para estas Pascuas.
El PROYECTO 0722-D-2022 presentado el 14/03/2022 en teoría está enfocado a prevenir femicidios y evitar la violencia intrafamiliar en los miembros de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, etc. Antes que nada, en lo personal, me parece correcto que se lleve a cabo un proyecto en este sentido ya que el mismo incluye acompañamiento, exámenes psicológicos, médicos y demás herramientas útiles frente en el contexto para el cual está siendo propuesto.
Ahora bien, tomemos los últimos datos publicados oficialmente: de los 48 femicidios ocurridos en 2020 según la CSJM, el 10% fueron cometidos por miembros de las FFSS y FFAA. Muy por debajo del 88% de las armas sin registro/ilegales pero extremadamente alto si es comparado con el único caso en donde un legítimo usuario estuvo involucrado. Si seguimos el espíritu del proyecto y sólo comparamos estos dos grupos legales, nos encontramos con que del total de los femicidios del 2020 el 2% fueron cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado mientras en tanto sólo el 0,0001% de los legítimos usuarios han estado implicados en un hecho de “femicidio”.
Aclarado estos números (que los autores mágicamente no toman en cuenta) nos encontramos con que el proyecto establece en un primer artículo que “será inhabilitado para su uso, portación, transporte y/o tenencia de armas toda persona que se encuentre denunciada y bajo investigación de un caso de violencia de género, según los parámetros de la ley 26.485. La prohibición e inhabilitación comenzará desde que el juez toma conocimiento de la denuncia y durará durante todo el período de investigación y sólo podrá ser levantada una vez finalizado este proceso.” Y recién en el segundo artículo aclara que el proyecto estaría orientado a las FF ya que “toda persona de las fuerzas armadas o de seguridad que sea denunciada por violencia de género o intrafamiliar será suspendida y retirada de la fuerza hasta tanto se esclarezca la denuncia sobre su persona.” Adivinan como viene la mano, ¿no?
Lo llamativo es que en los fundamentos se explica que el “proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar” pero el primer artículo habla en general mientras que el segundo hace esa salvedad…
Ahora, si a esta irregularidad le agregamos que el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas preventivas deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que informe si el presunto agresor cuenta con Credencial de Legítimo Usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.” podemos decir que el huevito de Pascua de los amigos del chavismo trae una sorpresa más grande que el Caballo de Troya.
Los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas no son legítimos usuarios de armas por el solo hecho de portar y tener un arma reglamentaria dotada por el Estado. ¿Lo sabrán los legisladores o también ignoran eso? Los miembros de las FF pueden ser legitimos usuarios si lo desean y reúnen la condiciones (y la autorización de los superiores) pero la intervención del ANMAC, llegado el caso que el personal de la Fuerza o cualquier LU fuera denunciado, se hace por requerimiento del juez sin que una ley específica lo deba establecer. Hoy en día asi sucede. YA SE HACE. ¿Entocnes para qué esta ley?
El problema clave acá es que esta ley establecería que el ANMAC tuviera injerencia en todos los casos de denuncia y ya sabemos cómo se podría dar el desarme civil anhelados por totalitarios confesos, buenistas funcionales y cínicos hipocritas: denuncias falsas o “equivocadas”, secuestro de armas por lo que dure el trámite, juicio interminable, pérdida o robo del material secuestrado en los pasillos de la burocracia y andá a quejarte a Montoto. Quedas limpio pero a merced del más fuerte, perdes tu valiosa colección de armas de fuego o ese fusil que heredaste imposible de reemplazar termina en manos de algún amiguete de los funcionarios. Chavez no lo podría haber ideado mejor.
Dicen que el camino al infierno esta pavimentado por buenas intenciones y los firmantes (Soher El Sukaria, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Luján Rey, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, María de las Mercedes Joury, Ana clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi, Alvaro Martínez, Matías Taccetta, Gustavo Hein y Susana Laciar) parece que ganaron la licitación para la construcción, mantenimiento y peaje de esa ruta sin escalas a la destrucción del país..
El proyecto de Ley 0722-D-2022 es una vergüenza por varias razones, pero hay dos principales. Por un lado, si fue mal redactado muestra la falta de preparación, inteligencia y sentido común de quienes deben hacerle la vida más fácil a los ciudadanos ya que viven de los impuestos que ellos pagan. Por otro lado, muestra la injerencia de los grupos turbios desarmistas, disfrazados de ONGs, que asesoran a los legisladores que ignoran temas claves y no revisan lo que proponen ni firman.
Es evidente que este proyecto de ley fue hecho para DESARMAR A LA SOCIEDAD. Es burdamente visible porque separaron los artículos adrede y hasta se contradice con los fundamentos. Fundamentos que no muestran ningún tipo de número, estudio ni cifra real y es por esa precisa razón que se sabe que detrás de este proyecto se encuentran las garras de los desarmistas de la RAD, INECIP, APP y otros ya que se especializan en esconder y manipular datos.
A continuación una lista con los errores, manipulaciones y mentiras en los fundamentos de la ley: ● “Las armas de fuego es la principal razón de muerte de estos hechos (femicidios)…” FALSO: la principal causa es el uso de la fuerza fisica con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (tomando armas legales e ILEGALES)
● “99 de cada 100 personas con tenencia y portación de armas en Argentina son varones. Este dato empírico nos demuestra la necesidad de comprender el uso de armas, desde la teoría de género y el abordaje del trabajo con perspectiva de género.” Básicamente están afirmando que como los hombres tienen pene son violadores. ¿El INADI investigará la discriminación por género? ¿Le spregunatron aesos 99 tendores de armas si no se autoperciben mujeres? ¿Por qué afirman eso?
● “Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales.” Más allá de ser extremadamente cuestionable esta afirmación carece de estudios que la avalen en el texto del proyecto. Dato: a menos de 6 metros, un arma blanca es más letal que un arma de fuego según estudios y recomendaciones del FBI (pagina oficial).
● “La presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidios, por lo tato exigen medidas urgentes para la prevención de la ocurrencia de este delito” Tiene la misma lógica que afirmar que la presencia de una bañadera en baño aumenta potencialmente el riesgo de ahogamiento en el hogar. O que la presencia de matafuegos aumenta potencialmente el riesgo de envenenamiento por inhalación del contenido.
● “En el caso de los femicidios perpetrados por agentes activos de las Fuerzas Federales de Argentina, entre 2012 a 2018…” Se elige dejar los datos públicos del 2020, anteriormente mencionados, que cambian sustancialmente los porcentajes y la realidad.
Pero el gran remate, ese que deschava el rol de las ONG s turbias que operan en la sombra contra la democracia republicana asesorando a legisladores soberbios, ignorantes o buenistas, es el punto que dice “Queda como propuesta de este trabajo, en la necesidad de avanzar hacia la guarda de las armas en lugares habilitados como clubes de tiro, comisarias o dependencias de seguridad y no en el hogar, sean tantas armas de dotación dadas por el Estado, como armas particulares.” Si, señoras y señores, todo viene de la mano del Manual de Desarme. Otra vez la idea de sacar el arma legal del hogar (donde no causa problemas salvo a los maleantes que intenten agredir los derechos avalados en la Constitución Nacional). ¿Cuál es el motivo real ya que los datos oficiales dicen que no son problema para nadie? ¿Estan buscando que seamos más libres y que prevalezca el Estado de derecho?
Lo cierto es que lo datos oficiales matan relato y las mentiras de este proyecto que elige desconocerlos:
1) El 97,9999% de los femicidios en Argentina se produjeron por otros medios que no fueron armas legales ni de dotación.
2) El 0,0001% de esos hechos violentos fueron protagonizados por Legitimos Usuarios.
3) Como lamentablemente muestran las cifras de los femicidios, la violencia la ejercen las personas y no los objetos inanimados: la principal causa de los femicidios es el uso de la fuerza física con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (16% armas ilegales/sin registro, 2% armas reglamentarias) Luego viene un 8% de femicidios con otros medios en especial el uso de combustibles y un 1% a través de la intoxicación. Que las armas de fuego estén fuera de la casa, no reduce en nada violencia y solo permite que quienes estén fuera de la ley o tengan pretensiones totalitarias estén armados.
El trabajo contra la violencia de género debe encararse seriamente y por otro lado. Que un porcentaje de esas aberraciones encuentren a miembros de las Fuerzas del Estado como autores indica que el problema y su solución se encuentran lejos de la tenencia legal de armas de fuego o de su condición de varón. Son necesarios, como están obligados los LLUU, a que los miembros de las fuerzas tengan constantes y profundos exámenes psicofísicos, aún antes de la incorporación y acompañamiento psicológico durante su servicio. Este acompañamiento es la clave fundamental para evitar este o cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar suceda.
¿Será que también resulten necesarios los exámenes psicofísicos regulares para los legisladores y así evitar estas sorpresas desagradables que atentan contra libertad de las personas como este nefasto proyecto traicionero y anti republicano?
De un tiempo a la fecha la sociedad se ve desgarrada por un movimiento feminista autoritario y alejado de todo concepto original: la igualdad entre los hombres y las mujeres en su desarrollo social no es posible hasta que no se destruya al hombre.
En esta visión fascistoide y totalitaria de la vida, elementos disruptivos de la sociedad democrática y republica encontraron su caldo de cultivo perfecto de división, violencia institucional e imposición. Todo maquillado y perfumado para que el filtro de la corrección política haga lo suyo. De los 10 diputados que la coalición Juntos puso en juego para CABA en estas elecciones podrá renovar 7 en el Congreso de la Nación: Ma. Eugenia Vidal (¿?), Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (liberal de Republicanos Unidos), Fernando Iglesias (PRO) y Sabrina Ajmechet (PRO). El 5to lugar está ocupado por Ana Carla Carrizo (UCR), autora del proyecto de ley 2361-D-2021 de junio de este año y cuyo trámite tiene Estado Parlamentario.
Dicho delirio ideológico y oportunista, reflotado de los archivos socialistas de Stolbizer y sus secuaces de la “antirepublica cool”, fue maquillado y subido al Caballo de Troya con el que gran parte de los políticos argentos siguen escupiendo sobre las libertades y derechos constitucionales de la Argentina: la tan banalizada violencia de género.Con el pomposo y marketinero título “Evaluación de las aptitudes psicosociales y de género para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales especiales.” la diputada arremete nuevamente contra los legítimos usuarios varones en un afán de figurar como que hace algo contra la inseguridad y aprovechando quedar bien con Dios, con el Diablo y con cuanto se le cruce en el medio escudada en el feminismo.La idea es no perder el tarascón de una banca en el Congreso y para ello le no importa utilizar la Constitución como mera servilleta de papel descartable.
“El objeto de la presente ley es desalentar la presencia de armas en los ámbitos familiares y de pareja, extremando las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones y fortaleciendo el rol del Estado en la evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas solicitantes con el objetivo específico de combatir las violencias por motivo de género” Desde el vamos le pifia lindo. Sin entrar en el requisito de “idoneidad en el manejo del arma” que la diputada deja de lado conscientemente o inconscientemente (no se que es peor) desconoce la naturaleza del horror de la violencia de género y sus autores principales. La Diputada reelecta Carla Carrizo desconoce que sólo en un 0,0003% se ha cometido un femicidio con un arma registrada (la cifra puede variar en un cero) pero aún así presenta un proyecto de ley para complicarle la vida a quienes estándentro de la ley.
Abandonando su total y evidente ignorancia en la materia, la propuesta de la legisladora tiene aristas de lo más interesantes. Busca sumar más personal viviendo de los impuestos de una exprimida sociedad golpeada por las malas políticas económicas ya que “Los permisos y autorizaciones referidos estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario que la ANMAC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación deberán conformar”
Siguiendo esta creación de puestos de trabajos estatales superfluos – cuando se necesita reducirlos – se inventa el “apto psicosocial” en donde esa comisión de luminarias burocráticas militantes llamado “el equipo profesional interdisciplinario” llevará a cabo un proceso de evaluación respecto del solicitante, que deberá contener: “a) Una instancia para corroborar la inexistencia de antecedentes penales de la persona solicitante por: – Delitos en los que hayan mediado armas de fuego, municiones o materiales especiales; – Delitos dolosos contra la libertad, la integridad física, la integridad sexual, o todo el que haya sido cometido con violencia sobre las personas; o – Delitos complejos o delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. b) Una instancia de verificación de la inexistencia de antecedentes de situaciones de violencia en el ámbito de las relaciones interpersonales.” Básicamente van a poner a un montón gente nueva con sueldos estatales para que den un certificado de antecedentes penales que hoy en día ya se obtiene a través de los organismos de Estado pertinentes.
Pero esto no queda acá, la ley creará otra barrera más para constatar que una persona, un hombre como bien lo aclara en el texto del proyecto, sin antecedentes penales no pueda tener un arma legalmente. Nacen las entrevistas a lo feminazi, el hembrismo desarmista cobra otra forma. Carrizo, en su delirio controlador y totalitario, propone hacer un informe a base “de entrevistas individuales, entrevistas al grupo familiar conviviente y no conviviente, – Entrevistas a quienes mantengan o hayan mantenido relaciones de pareja con el/la solicitante, – Entrevistas a cualquier otra persona ligada afectivamente a la persona solicitante o del ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales.” De no ser algo tan serio como un ataque a la intimidad y libertad de personas inocentes, sería gracioso. Si uno fuese mal pensado, hasta se podría pensar que la Diputada busca una excusa para estigmatizar e inculpar al solicitante de la tenencia investigando la vida intima de esa persona y tomando como cierta una opinión cualquiera que pudiera manchar la reputación de la persona y así imputarla en una lista negra hembrista al mejor estilo Stalin o Tercer Reich.
Considerando el tiempo que puede llevar este exámen o bien la diputada rebuzna supinamente, como la ex Directora del ANMAC Natalia Gambaro, acerca de la cantidad de Legitimos Usuarios que renovarán o solicitarán las credenciales, o la Comisión de parásitos que se creará no harán un trabajo serio, o desea imponer el Chavismo de Stolbizer de una vez por todas. Otras opciones no hay.
Pero, como para asegurarse de que el proyecto sea votado, se abre la oportunidad para que otros actores puedan exprimir la jugosa oportunidad a través de “celebrar convenios con distintos organismos estatales o universidades públicas.” Guita y poder para todos, todas y todes así no molestan. Porque los derechos individuales en este país no importan, menos el de los hombres.
En dicha línea, “el ANMAC incorporará un archivo especial al Banco Nacional Informatizado de Datos de carácter sumamente reservado y confidencial, atento al carácter sensible de los datos que almacenará especificados” Claro, en un país en donde se roban armas de los juzgados, del mismo Registro, se afanan bases de datos DNIs y se vulneran archivos con identidad de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, se roban un misil “El ANMAC deberá asegurar la estricta reserva de los datos volcados en el archivo especial en los términos del artículo 8, así como amparar adecuadamente la intimidad de las personas allí incluidas.” (nótese que dice EL y no LA ANMAC. Se ve que la Agencia se autopercibe varoncito para la Diputada Nacional por CABA ¿la estigmatizará también?)
Esta delirante y patética muestra de totalitarismo oportunista y discriminador está fundamentada sin ningún pudor en la mentira desarmista que la misma diputada rubrica para perpetuar la misma mentira de siempre. Toma como cierto la porquería literaria “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencia de género en Argentina” de Aldana Romano; Julián Alfie ; Ana Lucia Mucci. – 1a edición especial – Buenos Aires: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP, 2019. Y “ estadísticas” del Small Arms Survey en las que jamás aclara a que país pertenecen y son, encima, del 2017.
Si la diputada quiere un dato LOCAL del 2017 se lo dejo en negrita y en orden descendente. Los femicidios en Argentina en ese año fueron: 28,95% con armas blancas; 25,56% por fuerza física; hay un 17% sin datos y un 10,15% otros medios; un 6,39% por fuego y medios combustibles; armas de fuego ilegal fueron 6,39%; un 4,51% por armas de fuego reglamentarias de FFAA/FFSS y TAN SOLO 0,75% CON ARMAS DE FUEGO LEGAL. Si, menos del 1%. Si hubiese averiguado un poco, Carrizo no hubiese quedado tan mal parada.
A diferencia de la discriminación por sexo que realizada la Diputada Carrizo de la UCR, los índices están más que claros: los Legítimos Usuarios NO SON EL PROBLEMA. Basta con repasar los datos para no pasar vergüenza. Ella misma, en los fundamentos, coloca a las Fuerzas del Estado dentro de la problemática de la violencia de género pero su proyecto de Ley no los contempla. ¿O acaso se piensa que el oficial de policía es Legitimo Usuario porque tiene arma reglamentaria? Sería asombroso aunque no imposible. Nuestro Congreso rebosa de improductivos sin preparación con una corporativa actitud para no pisarse la manguera entre bomberos.
En los fundamentos también se aclara que “La presente iniciativa tiene como antecedente un proyecto presentado en cuatro períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo. Se trata de los expedientes 6376-D-2012, 0339-D-2014 y 0559-D-2016 y una última presentación en el año 2018 con autoría de la diputada Carla Pitiot, 1883-D-2018, el cual tampoco ha tenido tratamiento.” Dicen que la demencia es repetir siempre la acción esperando resultados diferentes y acá podríamos afirmar que es una muestra de ello.
El desarme civil es un cúmulo de mentiras tan grande llevado a cabo por fanáticos antidemocráticos que en algún punto toca la demencia y deja en situación muy precaria a personas ignorantes en el tema pero con una cuota de ambición, desesperación, mala intención o buenismo. O un peligroso balance de los cuatro que viene destruyendo a la República. La Diputada de la UCR admite que toma como referencia a tres impresentables como Alfie, Mucci y Romano. Esta vez siguiendo los “datos” de INECIP y dejando la prueba de cómo actúan las ONGs turbias dentro del Congreso. Debilitando fuerzas políticas, destruyendo libertades de los ciudadanos y “asesorando” en proyectos que no hacen más que agrandar el Estado y darle poder sobre el individuo contrariamente al Espíritu de nuestra Constitución.
Pero lo peor viene ahora. En su párrafo final, la firmante del proyecto, destaca que “el mencionado proyecto ha sido motivo de análisis por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Y Sociales, INECIP, durante una investigación realizada en el año 2019, el cual ha recibido el apoyo del fondo de Canadá para iniciativas locales 1 .” y cae en dos faltas importantes.
Por un lado se reunió solamente con una sola campana, con los desarmistas, y se olvidó del Consejo Consultivo en Políticas de Control de Armas, discriminando a los otros actores y voces independientes y violando de esa manera a la Ley N° 26.216.
Por otro lado, y aún más grave que su ataque a los Legítimos Usuarios, es que la ley fue analizada (quizás algo más por los datos que usa para fundamentarse) por esos personajes raros sin antecedentes más que los cursos endogámicos que realizan y miembros de una ONG financiada por un Estado Extranjero como se aclara en el texto del proyecto. La diputada dejó asentada una situación por demás delicada en lo referente a la seguridad interior y demás políticas que hacen a la soberanía de un país. Igualmente los resultados están a la vista. Una vergüenza de proyecto. Un delirio ideológico totalitario y fanático.
Este proyecto de Ley es la muestra más acabada que se puede dar cuenta hasta el momento de cómo funciona el desarme civil en Argentina: surge de la interacción de políticos, cuanto menos, ignorantes en el tema y de ONGs turbias que los asesoran con intereses ajenos a la Constitución Nacional que afectan las libertades y derechos ciudadanos respaldados en una República. Pero todos sabemos que a la gente de INECIP (pariente de la RAD), a los desarmistas, no les importan las victimas y mucho menos que la gente se pueda defender cuando el Estado está ausente.
La Diputada Carrizo de la UCR, en un proyecto hembrista, tanto buscó atacar a los “machos” que no se dio cuenta que también les está prohibiendo a las mujeres el acceso a una defensa segura e inmediata que brinda un arma de fuego legal frente a un violento. Al proponer otra traba más a las armas legales siguiendo los lineamientos desarmistas, les impide ejercer su derecho a la legitima defensa, las vuelve temerosas y dependientes del poder del Estado. El hembrismo desarmista odia a la mujer empoderada.
Es asi que el proyecto de Carrizo “exige entrevistas al grupo familiar del solicitante aún cuando la persona no haya sido denunciada previamente”… Más totalitario no se consigue. La legisladora deja en claro el tipo de sociedad que desea para los próximos 4 años de trabajo. ¿Los compañeros de espacio buscan lo mismo?
Luego de analizadas las causas judiciales anteriormente mencionadas, se contabilizaron 251 víctimas directas de “femicidio” y 36 víctimas de “femicidio” vinculado, lo que da un total de 287 víctimas letales.
Tomamos como base de usuarios registrados los datos del informe 128 del año 2020 brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Cámara de Diputados de la Nación.
Según este informe, al mes de octubre del año 2020, el universo de Legítimos Usuarios Individuales era de 1.034.776.
Medios empleados para cometer los “femicidios”
Como se puede observar en el gráfico siguiente, los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar, la fuerza física en un 32%, las armas blancas 26% ocupando el segundo lugar. En tercer orden, se ubican las armas de fuego en un 18%. Luego el fuego y otros medios. Este año se incluyen “femicidios” por intoxicación por venenos.
Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.
Como refiere el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de “femicidios” directos que sucedieron por otros medios, se informó “el uso de piedras, objetos contundentes, maza, por asfixia con cinturones, sogas y atropellada con automóvil”.
Por lo menos cinco (5) de los imputados eran integrantes de una fuerza de seguridad o fuerza armada que utilizaron sus armas reglamentarias. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales, sólo se identificó UN (1) caso de “femicidio”, que representa un 0% de todos los métodos empleados.
Si bien el porcentaje de este tipo de delitos COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO HA BAJADO SUSTANCIALMENTE, el número TOTAL DE FEMICIDIOS se ha mantenido bastante estable, lo que demuestra que el “femicida” que no tenía acceso a un arma de fuego no se privó de emplear otro método como armas blancas, fuerza física, venenos, y “piedras, objetos contundentes, maza, por asfixia con cinturones, sogas y atropellada con automóvil” para asesinarlas como señala la OM en su informe y que citamos en párrafo anterior.
O sea, claramente y en contra de lo que afirman los desarmistas, problema NO SON LAS ARMAS DE FUEGO.
Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.
Analizando sólo los casos de “femicidios” cometidos con armas de fuego no hay datos de registro en un 63% pudiéndose inferir que se trató de armas ilegales. El 25% fueron con armas ilegales. Con respecto a las armas registradas o legales 10% eran armas reglamentarias de los miembros de FFSS/FFAA. Sólo UNO (1) caso, o sea el 2% de los casos totales eran armas pertenecientes Legítimos Usuarios Individuales.
Por lo tanto podemos afirmar que según la cantidad de usuarios registrados al 30 de octubre de 2020, el porcentaje que cometió un “femicidio” con su arma legal durante el año 2020 es despreciable, ya que ese 2% representa sólo el 0,0001% del universo de legítimos usuarios.
Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2020 elaborado por la OM de la CSJN.
Durante el año 2020, sólo el 0,0001% de los Legítimos Usuarios de Armas de fuego han cometido un “femicidio” con su arma registrada.
Asesora externa en la Cámara de Diputados de la Nación desde julio de 2012 hasta enero de 2018.
Entre sus funciones como Asesora resalta el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley y otros.
Coautora de “Cuando el macho dispara” junto a Julian Alfie para INECIP y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina por medio del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. El informe preliminar que inspiró esa publicación fue auspiciado por la Fundación Friedich Ebert.
Coautora del informe preliminar sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino,Carola Concaro y Sidonie Porterie con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert
Licenciada en Ciencia Política con orientación en Estado, Administración y Políticas Públicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires.
Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) desde marzo de 2016 hasta la actualidad.
Integrante de la Junta Directiva de INECIP desde enero de 2016.
Directora Ejecutiva de INECIP desde julio de 2009 hasta diciembre de 2015.
Coautora del informe sobre “Violencia de género y armas de fuego en Argentina. Informe preliminar: entre la precaridad de la información y la ausencia de políticas públicas” realizado por Julián Alfie, Ileana Arduino, Carola Concaro y Aldana Romano, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.
“Desde lo personal, nosotras hace más de diez años que bregamos por el desarme, no justificaríamos la tenencia de armas con fines de autodefensa.”
Actividad en la función Pública
Asesora de la Cámara de Diputados de la Nación (períodos 2006 al 2008 y 2012 al 2016 aproximadamente). Entre sus funciones como Asesora resaltan el análisis de legislación y proyectos, elaboración de proyectos de ley.
En enero de 2021 la ex senadora Sigrid Kunath (PJ) de Entre Ríos le abre las puertas del Senado a INECIP para la presentación del proyecto de la Ley De Inteligencia por parte del Consejo Consultivo de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) nombrado por su Interventora, Cristina Caamaño (*). El consejo consultivo está formado por:
Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).
“La redacción del primer borrador de la nueva ley de inteligencia quedó en manos de los integrantes del consejo consultivo de la AFI. Es decir, del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.” Según comenta Hugo Alconada Mon en su artículo para el diario La Nación.
La introducción y presentación quedó a cargo de Sidonie Portiere de la Junta Directiva de INECIP. La enumeración de la “agenda” legislativa de INECIP (injerencia en políticas públicas) estuvo a cargo de Julián Alfie de INECIP/RAD.
(*) La actual Interventora General de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, es miembro de la Junta Directiva de INECIP.
Abogado, jurista y profesor en varias universidades de América Latina. Fue protagonista de la reforma de la policía bonaerense ejecutada por el ex Ministro de Seguridad León Arslanián.
Fundador y cofundador de varias ONG relacionadas que conforman Redes de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG nacionales a través de estas Redes, reciben fondos para sus investigaciones con la finalidad de aplicación de políticas públicas por medio de convenios firmados con los diferentes Poderes de Gobierno y Ministerios en la Argentina.
Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Actualmente pertenece al Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), del cual fue presidente y cofundador.
Presidente del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
Presidente del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)
Miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme (RAD)
Vocal titular tercero de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AJJ)
Es uno de los impulsores del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” (ASD) firmado por ONGs y políticos en el año 2010 en la Argentina. Ver Listado de adherentes en:
Con respecto al Control de armas y Desarme Civil, la Ley 27.192 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que reemplazó al Registro Nacional de Armas (RENAR) establece el inicio de cambio de paradigma de Seguridad Nacional que originó la Ley Nacional de Armas 20.429, al patrón o modelo de la Seguridad Democrática.