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Etiqueta: Legítimos Usuarios de Armas

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Publicado en por Athina Rott

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Autor: Gustavo Rubio – Noviembre 19 de 2024

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Como país estamos en tiempos de cambios, depuraciones y de poner blanco sobre negro. Décadas de populismo, boluprogesismo y socialismo amarillo han dejado un mastodonte anquilosado en el Estado y en la mente de una sociedad que todavía tiene que hacer el ejercicio de recordar y poner en orden jerárquicos sus valores, en especial, los constitucionales. Como quisieron nuestros próceres de la independencia, poner el centro a las personas y bien lejos, chiquito y con poco poder de maniobra, al Estado. Esto pasa todos los ámbitos de la vida argentina y en el mundo de los Legítimos Usuarios es más evidente aún: el Estado está al servicio de los individuos y , si no lo está, es una herramienta de opresión por más posible justificación que exija la realidad.
Con las idas y venidas de las resoluciones 149/2024 (inconstitucional cuanto menos) y 154/2024 (vergonzosa) se dejó entrever que todavía hay un montón de autopercibidos campeones de los LLUU que no entendieron que la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada para desarmar a la TODA LA SOCIEDAD. Prefieren una foto palmeándose con el director de turno y felicitándolo por las migajas con tal de seguir recibiendo likes endogámicos en las redes en vez de enfrentar al poder desarmista. Básicamente se quieren hacer amigos de juez para tener como rascarse en el palenque. Ese narcisismo de muchos “referentes” del Tiro nos sigue jugando en contra porque se avalan los intentos y resoluciones que a la larga van modificando el uso del palenque…
Allá por 2016 tuve que escribir un texto para reflejar como el RENAR se había transformado en una máquina desarmista (texto que se volvió a publicar mas adelante) y que ahora repito en parte para recordar a los desmemoriados y a quienes están ajenos al tema.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito actual del Ministerio de Seguridad (surgió en el Ministerio de Justica y DDHH). Sigue con su autarquía económica financiera (se bancaría solo, para ponerlo en bruto, y con todo lo peligroso que esto generaría en manos de algunos que buscan hacer caja con la burocracia y que contradice a las filosofía de La Libertad Avanza), tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Digamos que sinceraron el funcionamiento de lo que venía haciendo el RENAR y sirvió en ese entonces para, en el revoleo del cambio de gobierno (salían los k y entraba Cambiemos) y lluvia de investigaciones, embarrar la cancha en algunas cosas turbias. Todos sabemos que en la mudanza siempre se pierden cosas y no es de extrañarse que en el caso de la Agencia de Materiales controlados, durante el cambio de collar del perro, las pulgas y garrapatas hayan podido zafar.
A este ente, que continúa con su misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 (con sus puntos bastantes cuestionables y anticuados), se le suman “la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó”. O sea que deja de ser el registro bien aceitado que alguna vez fue copiado por Canadá y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del Estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas honestas..
Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un Estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, que son las de “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse a hilar finito y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República, todo más o menos pasable a primera vista y hasta puede ser comprensible, pero dudosamente justificable para quienes abogan por una sociedad madura y libre. Un punto que no puede seguir estando cuando se busca achicar el Estado y contradice el esfuerzo de Sturzenegger.
Ahora bien, a lo anterior se le sumó una serie de atribuciones que ampliaron el mero ámbito registral y técnico. Es así que la ANMAC puede “Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.”
Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera del ANMAC. Es más, hasta juega en contra. Enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Este listado hace que la credencial digital deje de ser solo una migaja para decir que se está haciendo algo y pueda ser usada contra los LLUU llegado el momento.
Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para:
1) Subir el precio de las armas y municiones
2) Reducir el número y tipo de armas para la venta
3) Disminuir la promoción/marketing
4) Reducir el número de puntos de ventas
5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales)
6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad)
7)Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)
8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego.
9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos
10)Restringir/detener la oferta de municiones.
Ese resumen, ese decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el manual de cabecera de la Red Argentina para el Desarme, para combatir TODA tenencia de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que la RAD asesora al ANMAC y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015 votados a dos manos por los K, la UCR, la Coalición Civica ARI, la Izquierda, el PRO más los otros partidos chicos.
Sobran los ejemplos de la puesta en práctica de dichos conceptos. Con la licitación ganada por Dienst Cunsulting SA bajo dirección PRO, vemos que el punto número cinco del decálogo desarmista se había aplicado. Los otros puntos ya se venían dando aplicando desde hacía tiempo con los K. Por ejemplo: El número de armas y tipo está limitado (formularios y costos para distintas categorías según cantidad de armas, calibres prohibidos etc), las armerías no pueden exhibir armas en sus vidrieras, casi no se entregan portaciones, la variedad de municiones el limitada (con los peligros que llevan las puntas no deformantes para uso policial), las medidas de seguridad exigidas a los grandes usuarios sobrepasan incluso las medidas de seguridad exigidas a dependencias del estado (fiscalías, arsenales de gendarmería, etc)… un etcétera grande como el curro que esto puede generar. Las resoluciones 149 y 154 puestas por Allan, otra vez un director PRO, muestra que la ANMAC está en contra de los LLUU.
Cabe preguntarse entonces para quienes funciona el ANMAC ¿Quiénes asesoran al ente? ¿Son los mismos que asesoraron a Chavez en el 2006? Es el momento de replantearse cuál es el sentido que tiene el ANMAC y cuál debería ser su deber más en un gobierno de corte libertario. ¿Es un registro solamente? ¿Quiere combatir a las armas ilegales o está combatiendo a los legítimos usuarios? ¿Por qué? ¿puede un militante PRO, desarmista en esencia porque su partido es desarmista, estar a cargo de un ente con todo ese poder?
Sólo algunas preguntas que a la luz del desbarranco que tuvo la gestión de Juan pablo Allan, hace pensar que el ANMAC, así como está funcionando, atenta contra los usuarios legales de armas y contradice el discurso de Milei y los esfuerzos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Estamos en una nueva etapa en donde los errores deben subsanarse, donde las políticas malintencionadas deben dejarse de lado y sobre todo y frente a la evidencia de lo que pasa en Venezuela o México, saber que el desarme civil mata.
Por un lado espero sinceramente que los autodenominados referentes de los LLUU recuerden a quienes le chupan las medias y por otro lado, espero que el gobierno de Milei haga historia cambiando y replanteando lógicamente el tema de las armas legales en el país y, sobre todo, que la ANMAC deje de ser el enemigo de las personas que están dentro de la ley y deje de ser usado como punta de lanza de la agenda 2030, el Grupo Puebla y los sobrevivientes del Foro de San Pablo.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

El derecho a la tenencia y portación armas

Publicado en por Athina Rott

El derecho a la tenencia y portación armas

Autor: Américo A. García ex presidente de ALUTARA. Artículo escrito en septiembre de 2016 cuando aún era presidente de la Asociación.

El derecho a la tenencia y portación armas, entre otros, para defensa, es una declaración y garantía constitucional que reconoce su fuente en los Artículos 21, 33 y 36 cuarto párrafo (este último Sancionado por la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe el 22 de Agosto de 1994). Asimismo la Constitución Nacional ordenó que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución Nacional, y que asegure su administración…” (art. 5), en cumplimiento de esta manda, resulta entonces que la Provincia de Misiones, enumeró entre las declaraciones, derechos y garantías, no enumeradas por la Constitución de la Nación (art. 33) pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, por ello el “Artículo 13.- Se reconoce a cada habitante de la Provincia el derecho de tener y llevar armas para su defensa personal, conforme a las leyes que dicte la Legislatura reglamentando su ejercicio. …”

Y que dicha Constitución provincial, haciéndose eco del espíritu y esencia de la Constitución Nacional vuelve a declarar que: “Artículo 29.- Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los que ésta misma establece no serán entendidos como negación de otros no enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas. …”

Que así y de todos modos el ejercicio de tal derecho, anterior a la Constitución tanto Nacional como la de cualesquiera de las provincias, y que resulta de pactos preexistentes, entre otros y reconocido expresamente como tal, el Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, estableció que “Artículo 8°: Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de todas clases en las provincias federadas. …” La Ciudad de Pilar es considerada con la cuna del federalismo de la República Argentina, la vigencia de dicho tratado es resultado directo de la cita concreta del Preámbulo, en tanto que expresó y mantiene plena vigencia por ser el alma del ser NACIONAL: “Nos, los representantes del Pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, …” , no existe constitucionalista en nuestro país y que de tal se precie que no reconozca al Pacto o tratado del Pilar como tan directo antecedente, y que cualquier Juez de la Nación de cualquier competencia ya en razón de territorio, materia o grado que diga lo contrario dice inconstitucionalidad.

Que asimismo, nuestra exquisita Constitución, tan vapuleada por los tres poderes sin excepción en franca denigración de los habitantes de la República, y dictada: “… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”

Que en su consecuencia es que además la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, la que consagró expresamente otro principio/derecho/garantía no enumerado en la Constitución Nacional y así entonces los representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires en su Congreso Provincial Constituyente, establecieron que: “Artículo 10.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente.”

Entonces nadie puede ser privado del derecho de defensa de su vida, su libertad, su reputación, su seguridad y su propiedad, salvo sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso.

Así tampoco podemos dejar de lado, el Art. 28 de la Constitución Nacional: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”

Y lo referido no son ejemplos aislados, porque profundizar es sobre abundante, pero la Constitución de la Provincia de Catamarca, establece: “Artículo 7º: Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de Juez competente fundado en ley anterior al hecho del proceso.”

En este mismo sentido la Constitución de la Provincia de Salta, “Art. 17.- Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes, y tienen derecho perfecto para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y prosperidad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso.…”

Asimismo la Provincia de Corrientes, en su “Artículo 31.- Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no enumerados, o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal.”

Por esta breve reseña, y sin desmerecer todo lo que queda en el tintero que refuerza la idea de la libertad y la defensa de la vida ante una agresión ilegitima, no provocada, y con mucha tristeza de la liviandad y desconocimiento que los medios, por suerte notos, se arrogan al pretender modificar principios, garantías y derechos de raigambre constitucional.

Con la tristeza de políticos que por ocupar un cargo, ya bien electos o designados a dedo, y no exactamente en consideración a la capacidad y conocimientos, inundan y minan la buena voluntad de un pueblo, del soberano, habido de cultura y educación, respeto en su persona y dignidad, desinformando con livianos razonamientos infundado y de propia cosecha con tal de “quedar bien” y “ un temporalmente políticamente correcto” que mañana es otro según los vientos o el color del cristal.

Nada tienen que inventar, solo leer y respetar, esforzarse por aprender y sobre todo EDUCAR en vez de prohibir de puro ignorantes no más. Los medios condenan y dan “primicias” solo para vender más publicidad, no para decir la verdad. ¡Que hipócritas que somos! Cuánta ignorancia seguimos acumulado. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir” (quién, dónde, cuándo) lo último en 1982 héroes, castigados por defender la soberanía, por morir y padecer penurias execrables, todo ello por la patria, recién hoy tímidamente reconocidos. Somos un conjunto de personas que viven en un territorio, ¿cuándo seremos nación? Cuándo defenderemos a nuestros pares y desecharemos la lacra que día a días nos acosa. Cuanta hipocresía. La historia continúa y hay más, pero excede el presente, como se dice habitualmente, hay para tener, dar y guardar.

El día 16 de octubre ANMAC dictó la Resolución 149/2024 que vulneraba directamente el derecho a la Legítima Defensa en el hogar para Legítimos Usuarios de Armas de Fuego, ya que imponía medidas de seguridad para el almacenamiento de armas que impedían el ejercicio de este derecho, cinco días después se publicó en el Boletín Oficial la nueva Resolución 154/2024 derogando la 149, esto sucedió luego de la conmoción causada entre los usuarios legales de armas en las redes.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

La RES 149/2024 se publicó en el BORA EL 16 de octubre pero luego del revuelo (vergonzoso) en redes, en su tweet Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo de ANMAC el día 17 de octubre de 2024 escribió:

“Vamos a modificar la resolución 149/2024 que involucra a los Legítimos Usuarios de armas en sus hogares. Sabemos que afecta su derecho a la defensa personal, y eso nunca fue nuestra intención. El objetivo original era aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales. En los próximos días presentaremos un nuevo proyecto que corregirá este error, porque creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?
  • El Director Ejecutivo escribió: “presentaremos un NUEVO PROYECTO” ¿Otro “error”?
  • ¿Por cuántos ojos revisores debe pasar la redacción de una nueva normativa antes de su publicación?
  • ¿Van a echar a alguien por el “error” cometido?

No se necesita “un proyecto”, sino una modificación de la Resolución. ¿Quién lo asesora? ¿Redacta él sus mismos tweets? Claro, seguro, esto también fue un error.

Mi convicción es que no se cometió ningún error, sino que fue una directiva tomada a conciencia y que si nadie se percataba o pataleaba pasaba de largo se pensaba ejecutar en total concordancia con los puntos del Manual del Desarme largamente expuestos en este grupo y que a modo de recordatorio copio a continuación:

“Actividades específicas”

1) Subir el precio de las armas y municiones

2) Reducir el número y tipo de armas para la venta

3) Disminuir la promoción / marketing

4) Reducir el número de los puntos de venta

5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas /ampliar el monitoreo, entrenamiento, maximizar el tamaño de los arsenales)

6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad en el almacenaje, responsabilidad)

7) Reducir la portación de armas, restricciones (por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)

8 ) Estigmatizar dueños y portadores de armas de fuego

9) Imponer condiciones a vendedores / fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos

10) Restringir / detener la oferta de municiones

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Con respecto al punto 9) del Manual, si no se retrotrae la RES 149 por completo y sólo se corrige el punto que más se discutió en redes que afecta a los LLUU individuales, los problemas seguirán para los comercios de venta de armas, y quizás algunos tendrán que cerrar sus puertas por los costos que demandará el estricto cumplimiento de esta normativa. Esto también perjudicará más tarde o más temprano a todos los usuarios de armas legales.

Desgraciadamente por decisión expresa del Presidente de la Nación, la ANMAC como Ente descentralizado, pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad otorgado a un extra-partidario perteneciente al partido PRO, Patricia Bullrich.

No puedo olvidar que bajo la presidencia de Mauricio Macri y gracias a la designada (procesada) Natalia Gambaro le concedió el monopolio de los psicofísicos a la cuestionada empresa DIENST Consulting. Esta misma empresa había sido la elegida para hacer las evaluaciones psicofísicas al personal de la entonces Policía de la Ciudad cuando M. Macri fue jefe de gobierno de CABA y que quién le sucedió en ese cargo, Rodríguez Larreta también le concedió la misma responsabilidad a DIENST, esta vez para la Policía Metropolitana, no una sino dos veces, la segunda por prórroga del contrato.

¿También fue un ERROR que Gambaro eligiera justamente esa Empresa y no otra para otorgar el monopolio de los psicofísicos de ANMAC? Este “error” (también PRO) generó una causa penal en contra de la ex Directora Ejecutiva Natalia Gambaro y causó la virtual expulsión del 74% de los Legítimos Usuarios fuera del sistema.

No puedo olvidar que el actual gobierno de CABA (PRO) a cargo de otro Jorge Macri (PRO), eligió a Natalia Gambaro (procesada) para ocupar el cargo Directora General de Acceso a Justicia de la Dirección de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿También fue un error?

Imposible olvidar cuando el ex presidente Macri el 18 de octubre de 2019 en su cuenta de Tweer expresaba lo siguiente:

“Vamos a prohibir que los civiles compren o importen, tengan consigo o en sus casas, fabriquen y utilicen armas de guerra. Son un peligro para las familias y para las fuerzas armadas y de seguridad, que se enfrentan a las mafias todos los días. Vamos a eliminarlas de la calle.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

También se produjo un escándalo en las redes luego de esta afirmación y, al igual que Allan en este octubre de 2024 también tuvo que retroceder y comentar que fue un “error” y que no era esa la intención.

Pero como los “errores” en política cuestan votos pasó lo inevitable, la “reculada en chancletas”, en este caso la reculada se pudo ver sólo en horas y no en días.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Por todos estos “errores amarillos” estoy convencida que lo acontecido en estos días en ANMAC, no fue un “error”, aunque algunos ¿distraídos o desmemoriados? todavía sigan insistiendo que fue “un error” sólo para congraciarse con la actual administración y seguir siendo “políticamente correctos”.

El ADN del Partido PRO es digamos, social demócrata o como bien lo definió el ex Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña al referirse al gobierno de Cambiemos “socialista y popular”

Si son “socialistas”, “progresistas” o “social demócratas” adhieren al Desarme Civil, punto.

Si se observa el artículo 6° de la Resolución 149 del día 17/10/2024 se deroga la RES 119/2018 dictada por el ex Director Ejecutivo, Eugenio Cozzi, en la que explícitamente establecía:

“Se encuentra destinado a Usuarios Individuales que posean en su poder hasta nueve (9) armas de fuego.

Se detallan algunas medidas de seguridad recomendadas a adoptar:”

Si se observa ese punto, entonces queda claro que NO fue un error.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

O sea, en la RESOLUCIÓN 119/2018 se dictaron medidas de guarda que sólo eran RECOMENDADAS para los usuarios de armas legales, no obligatorias. Todo lo demás fue copiado y pegado tal cual, pero ELIMINARON INTENCIONALMENTE LA RECOMENDACIÓN, y eso NO FUE UN ERROR.

Para finalizar, los Legítimos Usuarios Individuales de Armas de Fuego que se expresaron de manera contundente en las redes cuando vieron vulnerados sus Derechos, fueron los verdaderos artífices de este logro, mal que le pese a varios.

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Publicado en por Athina Rott

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 21 de 2024

Recularon, pero la careta ya se cayó.

La reciente controversia en torno a la Resolución 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su posterior revocación con la Resolución 154/2024 del lunes 21 de octubre ha puesto de manifiesto el peligro de las regulaciones excesivas del Estado sobre el derecho a la propiedad y la autodefensa.
En un primer momento, la resolución derogada, buscaba, en parte, imponer condiciones de seguridad arbitrarias para el almacenamiento de armas en los hogares de los legítimos usuarios, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales. Afortunadamente, la presión pública fue efectiva, y el Director Ejecutivo de la ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció que se rectificaría este error. El tweet de Allan del 17 de octubre de 2024 admite que la resolución afectaba el derecho de los ciudadanos a la autodefensa, algo que, según él, nunca fue la intención original. El objetivo, dice, era, debido a un par hechos puntuales de inseguridad, aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales, no en los hogares. Esta corrección es bienvenida, ya que reconoce el peligro que representa un control excesivo del Estado sobre las armas en manos de ciudadanos que cumplen con la ley y una ignorancia supina de la ley. Como Allan afirmó, “creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley”, lo que refleja un retorno a los principios fundamentales de la defensa de los derechos individuales.
Sin embargo, a pesar de esta marcha atrás, la nueva Resolución, la 154/2024, plantea algunas preocupaciones. Aunque se derogó la Resolución 149/2024, la ANMAC instruyó a la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados a elevar nuevas condiciones de seguridad para usuarios comerciales y colectivos antes de fin de año. Esto refleja una insistencia en seguir aumentando el control estatal, esta vez dirigido a los comerciantes de armas y materiales controlados. Desde una perspectiva libertaria, esto sigue siendo problemático, ya que cualquier intento de mayor regulación sobre el libre comercio y la posesión de armas legítimas erosiona la libertad individual.
Que en la nueva resolución se conserve este punto hace sospechar, con fundamento por el historial que rodea al PRO (y demás partidos colectivistas) en la ANMAC, que la medida fue una directiva tomada de manera consciente, diseñada para alinearse con los principios establecidos en el Manual del Desarme. Este manual, que ha sido discutido y promovido por grupos de ONGS que apoyan políticas de desarme y vienen asesorando a políticos, incluye disposiciones claras que buscan restringir y controlar la oferta de armas y municiones. Dos de los puntos son: “Imponer condiciones a vendedores y fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos” y “Restringir o detener la oferta de municiones.“
La resolución original, si no hubiera sido cuestionada públicamente, se habría ejecutado sin problemas, afectando no solo a los legítimos usuarios de armas (LLUU), sino también a los comercios de armas. Incluso con la rectificación que solo corrigió el punto que más se discutió en redes, los problemas para los comerciantes de armas persisten. Bajo las estrictas normativas que imponía la Resolución 149/2024, muchos comercios habrían enfrentado costos prohibitivos para cumplir con los nuevos estándares de seguridad, lo que probablemente llevaría a algunos al cierre definitivo. Ahora se postergó 30 días.
Este punto que se mantiene en la 154/2024 es crucial porque, a largo plazo, cualquier normativa que afecte a los comerciantes terminará afectando también a los usuarios individuales. Si los vendedores de armas cierran o se ven obligados a restringir la venta de ciertos productos, los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la autodefensa se verán cada vez más limitados en su acceso a armas y municiones.
La Resolución 149/2024 era solo una pieza de una estrategia más amplia orientada a reducir la oferta de armas en la sociedad, pero lo hacía afectando injustamente a quienes respetan la ley, sin abordar eficazmente el problema del tráfico ilegal de armas. Ahora quedó reducida ala mitad, pero persiste.
El hecho de que el Estado insista en mantener un control tan estricto sobre los materiales controlados legales, sin abordar adecuadamente el problema real del tráfico de armas ilegales, es un ejemplo claro de cómo las políticas restrictivas, a las que la gente les dijo NO en las elecciones del 2023, suelen perjudicar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de enfocarse en los verdaderos criminales. El peligro de seguir regulando armerías y locales comerciales es que, en última instancia, se pueden crear barreras excesivas para los legítimos usuarios y comerciantes, mientras que las armas ilegales continuarán circulando sin control en manos de delincuentes.
Aunque Allan y las autoridades de ANMAC han intentado presentarse como defensores de la libertad y la buena fe de los legítimos usuarios, lo cierto es que esta resolución se ajustaba a una agenda clara de control de armas que se ha promovido durante años. El hecho de que hayan retrocedido ante la presión pública no es una victoria total, ya que las nuevas medidas que se implementarán seguirán imponiendo cargas sobre los comerciantes. En este contexto, es crucial entender que estas regulaciones no solo afectan a los vendedores de armas, sino que también son un ataque indirecto al derecho de los ciudadanos a la autodefensa.
En resumen, aunque la revocación parcial de la resolución es un paso positivo, el daño potencial a los comerciantes y la reducción del acceso a armas para los legítimos usuarios sigue siendo preocupante. Las políticas de control de armas no deben enfocarse en restringir a quienes cumplen con la ley, sino en combatir el tráfico ilegal que alimenta la verdadera violencia armada en el país. Se ve que muchos funcionarios todavía no entienden los objetivos del Gobierno Nacional e insisten en aplicar las ideas colectivistas que los formaron en su carrera política.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Regularización por tiempo limitado

Publicado en por Athina Rott

Regularización por tiempo limitado

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 8 de 2024

Regularización por tiempo limitado

Dejando de lado el nefasto y carísimo Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en donde se estafa a incautos que desean deshacerse de sus armas legales pagando nada por material que puede valer una fortuna o se borran posibles evidencias criminales al destruirse anónimamente cachivaches, en los primeros días de octubre de 2024 nos enteramos, por palabras del Director de la ANMAC, Juan P. Allan, que los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por diferentes políticas estatales de los últimos 20 años, van a tener SOLO UN AÑO para regularizar su estado una vez que la ley esté vigente. ¿Por qué sólo un año? ¿Cómo van a ser las campañas para que a todos les llegue el aviso? ¿Serán públicas y masivas como los institucionales del PEVAF? ¿Cuánto costará? ¿Qué sucederá después con ellos?
Si bien eso será develado en un futuro, tal vez, lo interesante es que Allan menciona “en el gobierno de Milei” cuando habla de lo sucedido en el Congreso. Habla como si el libertarianismo tuviese algo que ver el porcentaje de estatismo colectivista en sangre que tienen muchos políticos y varios funcionarios todavía.
Desde una perspectiva libertaria, las declaraciones sobre la regularización por tiempo limitado de armas planteadas por figuras como Juan Pablo Allan y Pablo Walter son profundamente problemáticas, ya que refuerzan el poder estatal sobre la libertad individual y el derecho fundamental de los ciudadanos a poseer armas sin la interferencia del gobierno. Si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública y la transparencia, estos argumentos esconden un peligro latente para la libertad en una sociedad republicana. Todo muy PRO y poco LLA.
Esa narrativa de centro izquierda encubre las verdaderas implicaciones de estas medidas sobre la libertad individual, especialmente cuando se plantea la idea de “un plazo de regularización” y un registro exhaustivo de armas en manos de civiles. Desde la perspectiva libertaria, el simple hecho de que “el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene”, es decir, que un Gobierno quiera conocer la ubicación y propiedad de cada arma de fuego no solo es un ataque directo a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abre las puertas a abusos potenciales del poder estatal. ¿Por qué ir tras las personas que no cometieron ningún ilícito por motus propio limitando su regularización? ¿Por qué la urgencia reiterada de saber dónde están las armas legales, quien las tiene y cómo las tiene si no se han cometido delitos incluso con el descontrol generado por el kirchnerismo? Más pruebas de la inutilidad del Registro no hay.
El enfoque principal del libertarianismo es la defensa de las libertades individuales y la limitación del poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el deseo de los funcionarios venidos del PRO de saber exactamente quién posee un arma y bajo qué condiciones, como señala Allan, implica una intromisión injustificada en la vida privada de las personas que no han cometido ningún delito. Este tipo de control estatal absoluto sobre la posesión de armas genera un precedente alarmante: una vez que el gobierno tiene acceso a esta información, puede utilizarla para restringir aún más la libertad de los ciudadanos en el futuro. Como ya se ha intentado desde el espacio de Allan se puede compartimentar la condición del Legitimo Usuario y el uso de armas, se puede exigir la guarda en polígonos de tiro, medidas de seguridad irrisorias, exámenes psicofísicos arbitrarios en prestadoras “amigas”, etc.
El argumento de que un registro completo y preciso de armas favorece la “trazabilidad” y facilita un seguimiento más eficiente es una trampa peligrosa. El problema no reside en la cantidad de armas registradas o no registradas, sino en el hecho de que un gobierno busca concentrar poder mediante el control de las herramientas de defensa personal. En una sociedad verdaderamente libre, los individuos tienen el derecho inalienable de poseer medios de autodefensa, y cualquier intento del Estado de regular arbitrariamente o restringir ese derecho debilita el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno.
La historia muestra que los gobiernos autoritarios tienden a avanzar en el desarme de la población como un primer paso hacia el control total. La centralización del conocimiento sobre quién posee armas facilita el futuro desarme de los ciudadanos. Un Estado con acceso a un registro absoluto de todas las armas en poder de civiles puede utilizar esa información no solo para rastrear a criminales como se pone de excusa, sino también para desarmar a ciudadanos respetuosos de la ley bajo cualquier pretexto que considere necesario. Este tipo de política pone en riesgo la capacidad de los individuos para defenderse tanto de amenazas externas como de posibles abusos de poder por parte del propio gobierno.
Además, el discurso de que estas medidas “mejoran la seguridad” es engañoso. Si bien el gobierno puede argumentar que está protegiendo a los ciudadanos al regular la posesión de armas, la realidad es que esta intervención erosiona la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia seguridad. En una sociedad liberal-libertaria, el derecho a tener y portar armas es una manifestación clave de la libertad personal y de la responsabilidad individual. El enfoque paternalista perpetuado por los funcionarios de centro izquierda del gobierno, que buscan regular el uso de armas bajo la premisa de “seguridad”, socava la confianza en la autonomía de los ciudadanos.
El proyecto no aborda de manera efectiva el problema real de la violencia armada, que proviene mayoritariamente de actores criminales con armas ilegales, no de ciudadanos que poseen armas legalmente. Al poner el foco en los ciudadanos respetuosos de la ley, estos funcionarios del gobierno actual desvían la atención de su incapacidad para controlar el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en manos de delincuentes como se viene haciendo desde el 2004. Además, el argumento de que el registro de armas reducirá la violencia armada es falaz. Los criminales no registran sus armas, y las personas que poseen armas legalmente no representan una amenaza para la seguridad pública. Sobran datos oficiales para esto.
Por otro lado, el argumento de Pablo Walter sobre la modernización y digitalización del sistema de control de armas subraya un intento de perfeccionar un sistema de vigilancia masiva sobre la posesión de armas. La digitalización puede facilitar el acceso rápido del Estado a la información sobre los propietarios de armas, pero también abre la puerta a la posibilidad de que este control se expanda de manera aún más intrusiva en el futuro, afectando a las libertades civiles. Al imponer más restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, se corre el riesgo de que el Estado erosione progresivamente otros derechos individuales bajo el pretexto de la “seguridad pública”. La noción de que “el Estado debe saber quién tiene armas” es en sí misma contraria a los principios de una sociedad republicana, donde los ciudadanos deben tener control sobre el gobierno, y no al revés. Si bien se enmarca como una medida para proteger a la sociedad, este tipo de registro masivo podría ser fácilmente manipulado para otros fines políticos, poniendo en peligro las libertades civiles fundamentales.
En resumen, las declaraciones de estos funcionarios heredados del PRO representan un grave peligro para las libertades individuales en una sociedad republicana. El control estatal sobre las armas y la imposición de registros obligatorios no solo violan los principios de libertad personal, sino que además sientan las bases para un Estado más autoritario y menos confiado en sus ciudadanos. En lugar de promover la libertad, estas políticas consolidan el poder de los gobiernos y socavan los derechos fundamentales de los individuos, especialmente su derecho a la autodefensa. Desde una perspectiva libertaria, cualquier intento de sobre regular o controlar el derecho a tener y portar armas debe ser visto con gran escepticismo y preocupación. Desde una óptica libertaria, la verdadera seguridad de una sociedad reside en la confianza en la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia vida y seguridad. La regularización apresurada y el registro obligatorio de armas, lejos de ser una solución, representan un paso hacia un mayor control estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos, un peligroso precedente que debe ser resistido en defensa de una sociedad libre y verdaderamente republicana. Por las declaraciones de Juan Pablo Allan y Pablo Walter, todavía no entendieron que forman parte de un gobierno liberal-libertario en donde los lineamientos comunistas y colectivistas impulsados por las ONGs desarmistas como la RAD, INECIP y otras no tienen por qué tener la cabida que tuvieron cuando el PRO fue gobierno. Necesitamos más libertad y menos Estado.

IG Juan Pablo Allan
https://www.instagram.com/p/DA0qRrpNbfb/?hl=es-la

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

¿Y ahora, ANMAC?

Publicado en por Athina Rott

¿Y ahora, ANMAC?

Autor: Gustavo Rubio – Septiembre 6 de 2024

¿Y ahora, ANMAC?

Cuadro elaborado por Athina Roth para mienten.com.ar

La visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Diputados para realizar un análisis de gestión del Gobierno de la Libertad Avanza hasta la fecha dejó datos contundentes acerca de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su rol indispensable para el desarme civil que se viene llevando a cabo en el país. Los datos oficiales recabados por Athina Roth y publicados en la página www.mienten.com.ar revelan una realidad desastrosa después décadas de abuso estatal.
La cantidad de Legítimos Usuarios es de 727.143, de los cuales: 202.605 son LLUU con su condición vigente y con tenencia de armas; 45.005 son LLUU vigentes, pero sin armas; 24.405 son LLUU con su credencial vencida y sin armas y que 455.128 tienen vencida su condición de LU y tienen armas registradas…

¿Qué podemos sacar de todo esto?
1.Que un LU con su credencial vencida no es peligro para nadie. Si los LLUU con la credencial vencida automáticamente se transformaran en criminales tal y como lo afirman los desarmistas (miembros de ONGs como la RAD, INECIP, etc.; funcionarios y políticos ignorantes, periodistas mal informados y mal intencionados, etc.) la Argentina estaría literalmente bañada en sangre. Este informe lo prueba.

2. Que las políticas impulsadas por la ANMAC hasta la fecha ha incumplido con su rol registral al dificultar, impedir y desalentar el registro de armas y credenciales de manera completa.

3. Que la ANMAC se ha transformado en una herramienta para obstaculizar el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos y los ha empujado con a la ilegalidad tal u como sucedió, por ejemplo, durante la gestión de Natalia Gambaro (relacionada al PRO) y el nefasto monopolio de Dienst (camioneros) en los exámenes psicofísicos.

4. Que las políticas comunicacionales, administrativas e intergubernamentales de la Agencia se han enfocado en el desarme civil (de las personas dentro de la ley específicamente), la creación de onerosos nichos innecesarios en el sector público y la producción de información falsa y sesgadas, entre otras cosas, tal como se desprende de lo expuesto por Natasa Loizou en su balance bianual 2022/2023 de su gestión.

5. Que la agencia, a septiembre de 2024, todavía carece de una comunicación clara, precisa y masiva que oriente y aliente a los LLUU con la CLU vencida a regularizar su situación. Las entrevistas mediáticas a funcionarios no sirven.

6. Que la ANMAC, a septiembre de 2024, demostró que fue creada para ir contra las personas armadas legalmente. Los datos hablan por si mismos.

7. Que el nuevo director, Juan Pablo Allan, debe enfocarse, en serio y con políticas basadas en datos y no en ideologías colectivistas, en revertir la situación que heredó y así no ser parte del fracaso progresista que lo antecede.

Los Legitimos Usuarios, en mayor o en menor medida, hemos venido advirtiendo estas falencias y el actual gobierno tiene todas las condiciones para poder llevar adelante una reestructuración del organismo y devolverle el rol que originariamente tuvo y que fuera desfigurado por los adeptos a los regímenes comunistas.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Artículos de GUSTAVO RUBIO – 2021

Publicado en por Athina Rott

Artículos de GUSTAVO RUBIO – 2021

Autor: Gustavo Rubio

Enero 5 de 2021- ¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Febrero 15 de 2021 Defraudación

Marzo 23 de 2021- El abolicionismo y el desarme civil matan

Abril 18 de 2021– Orgullosamente desenfocados

Mayo 11 de 2021 Movida de Pinzas

Junio 24 de 2021 Las armas salvan vidas

Julio 21 de 2021 Lo que Urristi nos dejó

Agosto 23 de 2021 ¿Por qué unos si y otros no?

Septiembre 30 de 2021 Güemes y los invasores

Octubre 5 de 2021 Mostraron la hilacha

Noviembre 24 de 2021 Hembrismo Desarmista

Aparecieron los mentirosos de la RAD

Autor: Gustavo Rubio – Junio 7 de 2024

Aparecieron los mentirosos de la RAD

La Red Argentina para el Desarme volvió a aparecer en el Congreso después de que el proyecto del Gobierno que propone la simplificación de trámites para “regularizar la tenencia de armas en la Argentina” fuera elevado a comisiones para su tratamiento. Buscando figurar a toda costa, como lo han hecho hasta ahora, presentaron un supuesto documento, carta de apriete, estudio sarasa o declaración de principios bien falopa. Y ese el término adecuado para describirlo: el vergonzoso escrito solo puede producto de unas mentes inducidas por alucinógenos de baja calidad, medicación antigripal vencida, ignorancia supina o, directamente, la intención tiránica y anticonstitucional de desarmar a la población para lograrla oprimirla.
El pedante texto presentado, haciéndole precio, contiene varias inexactitudes y distorsiones sobre el proyecto de regularización de la tenencia de armas propuesto por el Gobierno argentino, mostrando, una vez más, que estas asociaciones endogámicas buscan esconder los números y la realidad. Acá algunos de los “errores” ridículos:

“Profundización del descontrol:”

La afirmación de que el proyecto podría “profundizar el descontrol” es, cuanto menos, un grito desatinado lleno de narcisismo. El objetivo del proyecto es precisamente lo contrario: mejorar el control sobre las armas que actualmente se encuentran en una situación irregular, en su mayoría provocado por gestiones desarmistas que comulgan con la RAD. La regularización permitirá a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tener un registro más completo y actualizado de las armas en circulación, lo que facilitará la implementación de políticas gubernamentales de seguridad más efectivas enfocadas a los delincuentes y no a los legítimos usuarios.

“Exención total de reproches legales:”

Esta postura es meramente para meter miedo a los legisladores. El proyecto no ofrece una exención total de reproches legales indiscriminadamente. La propuesta incluye una amnistía penal para incentivar la regularización de las armas ilegales, siempre y cuando no se hayan cometido otros delitos graves con esas armas ya que los tenedores de las mismas son personas que han estado dentro de la ley antes de que el mismo Estado las dejara de lado. Este tipo de medidas se utiliza en varios países como una forma de reducir la cantidad de armas no registradas sin castigar a aquellos que desean cumplir con la ley. Solo los colectivistas mal intencionados ven en una amnistía tal algún viso de irregularidad.

“Riesgo de fácil acceso a armas de fuego”:

La afirmación de que el proyecto facilita el acceso a armas de fuego y aumenta las tasas de homicidios es simplista, cuanto menos, y no tiene en cuenta el contexto completo ni la realidad. El proyecto incluye mecanismos para asegurar que solo aquellas personas que cumplan con los requisitos legales puedan regularizar sus armas. Además, el curro de las políticas de desarme voluntario que tanto les gusta a la RAD continuarán vigentes, promoviendo la entrega y destrucción de armas. Y ahí si que se estarían destruyendo pruebas criminales porque no se toma datos ni balística.

“Colapso del sistema de regularización”:

La preocupación sobre un posible colapso del sistema de regularización debido a una afluencia masiva de solicitudes no está fundamentada. Es una locura. El registro de armas es la función de ANMAC (el desarme civil también) cuenta con una exagerada infraestructura y demasiados procesos que igualmente podrán manejar el aumento esperado en las solicitudes. Quizás solo haya que trabajar y largar los bizcochitos. Además, la regularización se realizará de manera escalonada para evitar sobrecargar el sistema.


“Lo queremos ya”
Contradiciendo su postura anterior, los ridículos “pensadores” de la RAD exigen la inmediatez de plan de amnistía alegando que en el plazo de dos años se podrán vender armas de manera irregular… Las turbias ONGs desarmistas no pidieron una amnistía en años anteriores y ahora quiere que sea rápida. Más ridículos, imposible.

“Información sobre el origen del arma”:

Otra incoherencia grande. El proyecto no ignora la necesidad de obtener información sobre el origen de las armas. De hecho, uno de los objetivos de la regularización es precisamente identificar y registrar el origen de las armas, lo que ayudará a combatir el mercado ilegal. La recopilación de esta información es crucial para la ANMAC y se incorporará como parte del proceso de regularización. Es decir, por un lado, supuestamente exigen información y por otro alientan el Plan de Desarme en el cual el anonimato y la destrucción in situ es su columna principal. Esto muestra dos cosas: la RAD esta en contra la gente dentro de la ley y está a favor de los delincuentes y criminales.

“Medidas para prevenir la violencia de género”:

Justificando con un inventado “1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego” buscan embarrar el objetivo del proyecto metiendo a la violencia de genero por la ventana para así poder meter información falsa y “expertos” en las comisiones. afirmar que el proyecto no establece medidas para prevenir la violencia de género con armas de fuego. La ANMAC y otras autoridades están comprometidas en fortalecer las políticas y controles para restringir el acceso a armas a personas incluso sospechadas de violencia de género con todo lo que eso implica.

“Destrucción a toda costa”
Ignorando, desconociendo e invisibilizando la legislación vigente, los miserables canallas de la RAD desean que en caso de rechazo, se establezca la destrucción del arma en vez que el solicitante pueda transferir el arma a un usuario autorizado. ¿Por qué? Porque aborrecen la propiedad privada y los derechos de las personas. Como sus vidas son un desastre buscan ordenarle a los demás que hacer.

“Falta de control Ciudadano y Publicidad de Solicitudes”:

La suspensión de la publicación de solicitudes no una falta de transparencia sino un cese en el abuso estatal. El objetivo es proteger la privacidad y seguridad de los solicitantes mientras se aseguran controles internos rigurosos. ¿La gente de la RAD llevaba una lista d ela gente que solitaba la tenencia de armas? La transparencia y supervisión pública pueden mantenerse a través de informes y auditorías periódicas de la ANMAC. Esmas simple todavía: para eso está la justicia.

“Fortalecimiento de la política criminal”:
Y si, los desarmistas parásitos no podían terminar su petitorio sin solicitar que le habiliten otra teta del Estado para seguir currando. La creación de una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM) es una recomendación bien ventajista, curro hecho y derecho. Lo más lindo es que el proyecto no se opone a este tipo de iniciativas. La ANMAC y el Ministerio de Seguridad pueden trabajar en conjunto con el Congreso para desarrollar políticas adicionales que fortalezcan la persecución penal del mercado ilegal de armas sin necesidad de crear un raviol más con sueldos exorbitantes financiados con el trabajo de la gente.

En resumen, la RAD y sus asociados no quieren quedarse afuera del curro. El proyecto de regularización de la tenencia de armas tiene como objetivo mejorar el control estatal sobre las armas en circulación, incentivar la regularización de los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por políticas desarmistas y mantener las dudosas políticas de desarme voluntario. Las críticas presentadas en el texto contienen demasiados errores y malinterpretaciones como para que sea tomada en serio y no reflejan el verdadero propósito y alcance de la iniciativa del Gobierno.

Fuente
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/regularizacion-de-armas-un-grupo-de-ong-presentaron-observaciones-al-proyecto-del-gobierno-que-nid04062024/

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Desde la creación, y puesta en vigencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) por Ley 27.192 en 2015, la situación de los Legítimos Usuarios de Armas de Fuego se fue agravando año a año. Convengamos que el ex RENAR no era un ejemplo de excelencia, pero funcionaba con bastante regularidad pese a la maraña de decretos, resoluciones y disposiciones que hacían casi inviable el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano que quisiera registrar sus armas. Debemos recordar que desde 2004 la RAD (Red Argentina para el Desarme) y sus integrantes han parasitado no sólo al ex RENAR sino también a la actual ANMAC, con puestos en la función pública, en la misma agencia y como asesores de diputados y senadores de todos los partidos políticos que con gran beneplácito aceptan los proyectos que estos les redactan, sin importar lo nefasto y turbio de su accionar. A todos, lo único que les interesa es aparentar que se preocupan por la seguridad de sus votantes.

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Durante la gestión de la Dra. Natalia Gambaro como directora ejecutiva de la Agencia, se produjo el gran negociado del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario otorgándole el MONOPOLIO a la empresa DIENST Consulting S.A. por Resolución ANMAC 23/2016. Dicha empresa no contaba con la estructura mínima necesaria a nivel nacional para tan importante tarea. Este amañado sistema resultó en la virtual expulsión del 74% de los Usuarios de Armas, producto de la imposibilidad fáctica de regularizar su situación en tiempo y forma.

Y llegó la Pandemia. En 2019 asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández y el actual régimen kirchnerista, creador de la Ley 27.192 de creación de la Agencia, por fin se hizo cargo del funcionamiento del engendro conocido como ANMAC. El gobierno de Cambiemos en cuatro años de administración dejó al 74% de los Legítimos Usuarios fuera del Sistema, los actuales responsables, en tres años de dirección ese porcentaje lo elevó a 77%, todo un logro en la gestión.

Según explica el mismo Jefe de Gabinete a los diputados en el informe 133 a esa Cámara, a partir de las restricciones por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la Pandemia del COVID-19, el organismo “se vio obligado a disponer una serie de prórrogas de la vigencia de las diferentes autorizaciones concedidas por aquél, las cuales culminaron en agosto del año 2021”. Esta última situación es la que enarbolan para justificar el ruinoso estado del funcionamiento de la Agencia y es así entonces que el 77% de los Legítimos Usuarios se encuentran en una zona gris (oscura, muy oscura) de legalidad con sus credenciales vencidas, ya que no han podido regular su situación.

Según consta en el Informe 133, desde Agosto del 2021 hasta la fecha (13 meses) se han emitido sólo 30.425 credenciales de legítimo usuario de armas de fuego; 29.623 autorizaciones de tenencia. Insistimos, en octubre del 2020 las credenciales vencidas eran del 74%, en setiembre de 2022 llegan a 77%, o sea que en lugar de mejorar, la situación de los Legítimos Usuarios empeoró. Todo en aras del cumplimiento del punto 2 del artículo 4° de la Ley: “El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.”

A continuación se muestran algunos gráficos propios en base a los datos del Informe 133 de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados de la Nación.

CREDENCIALES VIGENTES Y VENCIDAS

Los Usuarios Individuales con Credencial Vigente son 248.826, con Credencial Vencida llegan a 839.686.

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

USUARIOS INDIVIDUALES POR PROVINCIA

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Según el informe de Jefatura de Gabinete, “del universo de legítimos usuarios vigentes inscriptos ante la ANMAC, el 97,2% son hombres, mientras que el 2,8% restante son mujeres” y “13.351 usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación; y 37.349 son miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto nacionales como provinciales (incluyéndose en dicho cómputo a los/as agentes del Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos en las Provincias).”

ARMAS LEGALES EN PROPIEDAD DE LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES EXISTENTES POR PROVINCIA – TOTAL PAÍS 722.823
ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)
PORTACIONES VIGENTES A SEPTIEMBRE 2022

“Las autorizaciones vigentes para portar armas de fuego son 27.992, de las cuales 14.887 corresponden a usuarios policiales y penitenciarios; 8.764 a usuarios colectivos; 4.132 a miembros/as de las Fuerzas Armadas de la Nación; 127 a funcionarios públicos, judiciales y diplomáticos; y, finalmente, solo 82 corresponden a usuarios individuales.”

ANMAC – LOGROS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA (77%)

Otros ítems de interés que se publican en el Informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados.

Por el artículo 14 de la Ley 27.192 de creación de la ANMAC, se establece la formación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada que aún no ha sido constituido, por lo tanto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, las autoridades de la Agencia destinarán una parte de la partida presupuestaria para la ejecución del mismo de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). Este dinero será destinado a “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias”. Presupuesto que caerá como anillo al dedo para financiar las “investigaciones” de las ONGs argentinas que viven del desarme y sus mentiras.

Según consta en el Informe: “Además, la ANMaC se encuentra avanzando en un proceso de inhabilitación y notificación de los/as legítimos/as usuarios/as vencidos/as, a quienes se los/as intima a regularizar su situación registral, o bien a hacer entrega de las armas, municiones y demás materiales que obraren en su poder (en los términos del artículo 69 del Decreto 395/75), bajo apercibimiento de proceder en la aplicación de las sanciones previstas por la Ley de Armas 20.429 y sus Decretos Reglamentarios 395/75 y 302/83; y, en caso de corresponder, dar aviso a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública. “

Sería positivo que los políticos, funcionarios y legisladores hubieran escuchado las palabras vertidas por el fallecido Fiscal Jorge Di Lello (UFI Armas), durante el Primer Congreso de Derecho y Ley de Armas en Argentina el 1 de julio de 2019 cuando dijo refiriéndose a los objetivos de la Agencia: “el criterio debe ser FACILITAR al que tiene el arma y quiere tenerla, que la tenga en regla. Al que quiera transferirla que pueda transferirla y SOBRE TODO AL QUE QUIERA INGRESAR PUEDA INGRESAR” porque el Registro de Armas o ANMaC, “tiene que CUMPLIR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”.

Para finalizar proponemos la lectura de tres artículos de este mismo sitio.

LAS RESTRICCIONES A LA POSESIÓN DE ARMAS A LA POBLACIÓN CIVIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS CADA 100.000 HABITANTES. Por Américo García (Artículo de archivo – año 2010)

¿El DESARME CIVIL NO EXISTE?

LA MENTIRA DEL CANJE DE ARMAS EN MENDOZA AÑOS 2000/2001

Caballo de Troya Pascual

Publicado en por Athina Rott

Caballo de Troya Pascual

Autor: Gustavo Rubio

Caballo de Troya Pascual

El embate contra los Legítimos Usuarios ha recobrado ímpetu con las resoluciones hembristas establecidas por parte del organismo que encabeza Natasa Loizou. Pero la investigada por ñoquismo en su anterior paso por Registro de Armas no está sola: las huestes de Cambiemos le hacen la segunda al kirchnerismo chavista en su torpedeo a la República y de la mano del admirador maoísta Cristian Ritondo y de la flamante Silvia Lospennato crearon un huevito sorpresa para estas Pascuas.

El PROYECTO 0722-D-2022 presentado el 14/03/2022 en teoría está enfocado a prevenir femicidios y evitar la violencia intrafamiliar en los miembros de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, etc. Antes que nada, en lo personal, me parece correcto que se lleve a cabo un proyecto en este sentido ya que el mismo incluye acompañamiento, exámenes psicológicos, médicos y demás herramientas útiles frente en el contexto para el cual está siendo propuesto.

Ahora bien, tomemos los últimos datos publicados oficialmente: de los 48 femicidios ocurridos en 2020 según la CSJM, el 10% fueron cometidos por miembros de las FFSS y FFAA. Muy por debajo del 88% de las armas sin registro/ilegales pero extremadamente alto si es comparado con el único caso en donde un legítimo usuario estuvo involucrado. Si seguimos el espíritu del proyecto y sólo comparamos estos dos grupos legales, nos encontramos con que del total de los femicidios del 2020 el 2% fueron cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado mientras en tanto sólo el 0,0001% de los legítimos usuarios han estado implicados en un hecho de “femicidio”.

Aclarado estos números (que los autores mágicamente no toman en cuenta) nos encontramos con que el proyecto establece en un primer artículo que “será inhabilitado para su uso, portación, transporte y/o tenencia de armas toda persona que se encuentre denunciada y bajo investigación de un caso de violencia de género, según los parámetros de la ley 26.485. La prohibición e inhabilitación comenzará desde que el juez toma conocimiento de la denuncia y durará durante todo el período de investigación y sólo podrá ser levantada una vez finalizado este proceso.” Y recién en el segundo artículo aclara que el proyecto estaría orientado a las FF ya que “toda persona de las fuerzas armadas o de seguridad que sea denunciada por violencia de género o intrafamiliar será suspendida y retirada de la fuerza hasta tanto se esclarezca la denuncia sobre su persona.” Adivinan como viene la mano, ¿no?

Lo llamativo es que en los fundamentos se explica que el “proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar” pero el primer artículo habla en general mientras que el segundo hace esa salvedad…

Ahora, si a esta irregularidad le agregamos que el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas preventivas deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que informe si el presunto agresor cuenta con Credencial de Legítimo Usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.” podemos decir que el huevito de Pascua de los amigos del chavismo trae una sorpresa más grande que el Caballo de Troya.

Los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas armadas no son legítimos usuarios de armas por el solo hecho de portar y tener un arma reglamentaria dotada por el Estado. ¿Lo sabrán los legisladores o también ignoran eso? Los miembros de las FF pueden ser legitimos usuarios si lo desean y reúnen la condiciones (y la autorización de los superiores) pero la intervención del ANMAC, llegado el caso que el personal de la Fuerza o cualquier LU fuera denunciado, se hace por requerimiento del juez sin que una ley específica lo deba establecer. Hoy en día asi sucede. YA SE HACE. ¿Entocnes para qué esta ley?

El problema clave acá es que esta ley establecería que el ANMAC tuviera injerencia en todos los casos de denuncia y ya sabemos cómo se podría dar el desarme civil anhelados por totalitarios confesos, buenistas funcionales y cínicos hipocritas: denuncias falsas o “equivocadas”, secuestro de armas por lo que dure el trámite, juicio interminable, pérdida o robo del material secuestrado en los pasillos de la burocracia y andá a quejarte a Montoto. Quedas limpio pero a merced del más fuerte, perdes tu valiosa colección de armas de fuego o ese fusil que heredaste imposible de reemplazar termina en manos de algún amiguete de los funcionarios. Chavez no lo podría haber ideado mejor.

Dicen que el camino al infierno esta pavimentado por buenas intenciones y los firmantes (Soher El Sukaria, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Luján Rey, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, María de las Mercedes Joury, Ana clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi, Alvaro Martínez, Matías Taccetta, Gustavo Hein y Susana Laciar) parece que ganaron la licitación para la construcción, mantenimiento y peaje de esa ruta sin escalas a la destrucción del país..

El proyecto de Ley 0722-D-2022 es una vergüenza por varias razones, pero hay dos principales. Por un lado, si fue mal redactado muestra la falta de preparación, inteligencia y sentido común de quienes deben hacerle la vida más fácil a los ciudadanos ya que viven de los impuestos que ellos pagan. Por otro lado, muestra la injerencia de los grupos turbios desarmistas, disfrazados de ONGs, que asesoran a los legisladores que ignoran temas claves y no revisan lo que proponen ni firman.

Es evidente que este proyecto de ley fue hecho para DESARMAR A LA SOCIEDAD. Es burdamente visible porque separaron los artículos adrede y hasta se contradice con los fundamentos. Fundamentos que no muestran ningún tipo de número, estudio ni cifra real y es por esa precisa razón que se sabe que detrás de este proyecto se encuentran las garras de los desarmistas de la RAD, INECIP, APP y otros ya que se especializan en esconder y manipular datos.

A continuación una lista con los errores, manipulaciones y mentiras en los fundamentos de la ley:
● “Las armas de fuego es la principal razón de muerte de estos hechos (femicidios)…” FALSO: la principal causa es el uso de la fuerza fisica con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (tomando armas legales e ILEGALES)

● “99 de cada 100 personas con tenencia y portación de armas en Argentina son varones. Este dato empírico nos demuestra la necesidad de comprender el uso de armas, desde la teoría de género y el abordaje del trabajo con perspectiva de género.” Básicamente están afirmando que como los hombres tienen pene son violadores. ¿El INADI investigará la discriminación por género? ¿Le spregunatron aesos 99 tendores de armas si no se autoperciben mujeres? ¿Por qué afirman eso?

● “Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales.” Más allá de ser extremadamente cuestionable esta afirmación carece de estudios que la avalen en el texto del proyecto. Dato: a menos de 6 metros, un arma blanca es más letal que un arma de fuego según estudios y recomendaciones del FBI (pagina oficial).

● “La presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidios, por lo tato exigen medidas urgentes para la prevención de la ocurrencia de este delito” Tiene la misma lógica que afirmar que la presencia de una bañadera en baño aumenta potencialmente el riesgo de ahogamiento en el hogar. O que la presencia de matafuegos aumenta potencialmente el riesgo de envenenamiento por inhalación del contenido.

● “En el caso de los femicidios perpetrados por agentes activos de las Fuerzas Federales de Argentina, entre 2012 a 2018…” Se elige dejar los datos públicos del 2020, anteriormente mencionados, que cambian sustancialmente los porcentajes y la realidad.

Pero el gran remate, ese que deschava el rol de las ONG s turbias que operan en la sombra contra la democracia republicana asesorando a legisladores soberbios, ignorantes o buenistas, es el punto que dice “Queda como propuesta de este trabajo, en la necesidad de avanzar hacia la guarda de las armas en lugares habilitados como clubes de tiro, comisarias o dependencias de seguridad y no en el hogar, sean tantas armas de dotación dadas por el Estado, como armas particulares.” Si, señoras y señores, todo viene de la mano del Manual de Desarme. Otra vez la idea de sacar el arma legal del hogar (donde no causa problemas salvo a los maleantes que intenten agredir los derechos avalados en la Constitución Nacional). ¿Cuál es el motivo real ya que los datos oficiales dicen que no son problema para nadie? ¿Estan buscando que seamos más libres y que prevalezca el Estado de derecho?

Lo cierto es que lo datos oficiales matan relato y las mentiras de este proyecto que elige desconocerlos:

1) El 97,9999% de los femicidios en Argentina se produjeron por otros medios que no fueron armas legales ni de dotación.

2) El 0,0001% de esos hechos violentos fueron protagonizados por Legitimos Usuarios.

3) Como lamentablemente muestran las cifras de los femicidios, la violencia la ejercen las personas y no los objetos inanimados: la principal causa de los femicidios es el uso de la fuerza física con 32% seguido por el uso de arma blanca 26% y recién el uso de armas de fuego con un 18% (16% armas ilegales/sin registro, 2% armas reglamentarias) Luego viene un 8% de femicidios con otros medios en especial el uso de combustibles y un 1% a través de la intoxicación. Que las armas de fuego estén fuera de la casa, no reduce en nada violencia y solo permite que quienes estén fuera de la ley o tengan pretensiones totalitarias estén armados.

El trabajo contra la violencia de género debe encararse seriamente y por otro lado. Que un porcentaje de esas aberraciones encuentren a miembros de las Fuerzas del Estado como autores indica que el problema y su solución se encuentran lejos de la tenencia legal de armas de fuego o de su condición de varón. Son necesarios, como están obligados los LLUU, a que los miembros de las fuerzas tengan constantes y profundos exámenes psicofísicos, aún antes de la incorporación y acompañamiento psicológico durante su servicio. Este acompañamiento es la clave fundamental para evitar este o cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar suceda.

¿Será que también resulten necesarios los exámenes psicofísicos regulares para los legisladores y así evitar estas sorpresas desagradables que atentan contra libertad de las personas como este nefasto proyecto traicionero y anti republicano?

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com