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El derecho a la tenencia y portación armas

Publicado en por Athina Rott

El derecho a la tenencia y portación armas

Autor: Américo A. García ex presidente de ALUTARA. Artículo escrito en septiembre de 2016 cuando aún era presidente de la Asociación.

El derecho a la tenencia y portación armas, entre otros, para defensa, es una declaración y garantía constitucional que reconoce su fuente en los Artículos 21, 33 y 36 cuarto párrafo (este último Sancionado por la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe el 22 de Agosto de 1994). Asimismo la Constitución Nacional ordenó que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución Nacional, y que asegure su administración…” (art. 5), en cumplimiento de esta manda, resulta entonces que la Provincia de Misiones, enumeró entre las declaraciones, derechos y garantías, no enumeradas por la Constitución de la Nación (art. 33) pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, por ello el “Artículo 13.- Se reconoce a cada habitante de la Provincia el derecho de tener y llevar armas para su defensa personal, conforme a las leyes que dicte la Legislatura reglamentando su ejercicio. …”

Y que dicha Constitución provincial, haciéndose eco del espíritu y esencia de la Constitución Nacional vuelve a declarar que: “Artículo 29.- Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los que ésta misma establece no serán entendidos como negación de otros no enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas. …”

Que así y de todos modos el ejercicio de tal derecho, anterior a la Constitución tanto Nacional como la de cualesquiera de las provincias, y que resulta de pactos preexistentes, entre otros y reconocido expresamente como tal, el Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, estableció que “Artículo 8°: Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de todas clases en las provincias federadas. …” La Ciudad de Pilar es considerada con la cuna del federalismo de la República Argentina, la vigencia de dicho tratado es resultado directo de la cita concreta del Preámbulo, en tanto que expresó y mantiene plena vigencia por ser el alma del ser NACIONAL: “Nos, los representantes del Pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, …” , no existe constitucionalista en nuestro país y que de tal se precie que no reconozca al Pacto o tratado del Pilar como tan directo antecedente, y que cualquier Juez de la Nación de cualquier competencia ya en razón de territorio, materia o grado que diga lo contrario dice inconstitucionalidad.

Que asimismo, nuestra exquisita Constitución, tan vapuleada por los tres poderes sin excepción en franca denigración de los habitantes de la República, y dictada: “… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”

Que en su consecuencia es que además la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, la que consagró expresamente otro principio/derecho/garantía no enumerado en la Constitución Nacional y así entonces los representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires en su Congreso Provincial Constituyente, establecieron que: “Artículo 10.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente.”

Entonces nadie puede ser privado del derecho de defensa de su vida, su libertad, su reputación, su seguridad y su propiedad, salvo sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso.

Así tampoco podemos dejar de lado, el Art. 28 de la Constitución Nacional: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”

Y lo referido no son ejemplos aislados, porque profundizar es sobre abundante, pero la Constitución de la Provincia de Catamarca, establece: “Artículo 7º: Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de Juez competente fundado en ley anterior al hecho del proceso.”

En este mismo sentido la Constitución de la Provincia de Salta, “Art. 17.- Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes, y tienen derecho perfecto para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y prosperidad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso.…”

Asimismo la Provincia de Corrientes, en su “Artículo 31.- Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no enumerados, o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal.”

Por esta breve reseña, y sin desmerecer todo lo que queda en el tintero que refuerza la idea de la libertad y la defensa de la vida ante una agresión ilegitima, no provocada, y con mucha tristeza de la liviandad y desconocimiento que los medios, por suerte notos, se arrogan al pretender modificar principios, garantías y derechos de raigambre constitucional.

Con la tristeza de políticos que por ocupar un cargo, ya bien electos o designados a dedo, y no exactamente en consideración a la capacidad y conocimientos, inundan y minan la buena voluntad de un pueblo, del soberano, habido de cultura y educación, respeto en su persona y dignidad, desinformando con livianos razonamientos infundado y de propia cosecha con tal de “quedar bien” y “ un temporalmente políticamente correcto” que mañana es otro según los vientos o el color del cristal.

Nada tienen que inventar, solo leer y respetar, esforzarse por aprender y sobre todo EDUCAR en vez de prohibir de puro ignorantes no más. Los medios condenan y dan “primicias” solo para vender más publicidad, no para decir la verdad. ¡Que hipócritas que somos! Cuánta ignorancia seguimos acumulado. “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir” (quién, dónde, cuándo) lo último en 1982 héroes, castigados por defender la soberanía, por morir y padecer penurias execrables, todo ello por la patria, recién hoy tímidamente reconocidos. Somos un conjunto de personas que viven en un territorio, ¿cuándo seremos nación? Cuándo defenderemos a nuestros pares y desecharemos la lacra que día a días nos acosa. Cuanta hipocresía. La historia continúa y hay más, pero excede el presente, como se dice habitualmente, hay para tener, dar y guardar.

En Argentina estamos inmersos – una vez más – en una carrera electoral en donde los discursos de los políticos se mueven sin demasiadas diferencias entre la economía, educación, salud y seguridad. Es obviamente algo esperable, pero apareció un Partido político (La Libertad Avanza) que cruzó la triste normalidad de lo “políticamente correcto” y se atrevió a proponer en su plataforma: “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Portaciones Legales y homicidios

Esto desató entre periodistas, políticos y funcionarios declaraciones como:

  • “Es un peligro que la sociedad se arme” ( Martín Tetaz por LN+)
  • “La solución no es darle armas a la gente” (H. Rodríguez Larreta por LN+)
  • “No estoy de acuerdo con la portación de armas para civiles” (Diego Kravetz por LN+, un civil en el cargo de funcionario que posee portación.)
  • “No me gusta la tenencia de armas” (Néstor Grindetti por LN+)

Algunos también se suman a una afirmación errónea al decir, “A más armas más crímenes” sin ningún fundamento estadístico ni empírico. Esto se puede confirmar con datos estadísticos nacionales e internacionales.

DATOS NACIONALES

Para el artículo del día de hoy, hemos tomado como referencia un período de veinte años, desde 2001 hasta 2021 (Gráfico 2), pues solos tenemos datos confiables sobre las portaciones legales otorgadas a Legítimos Usuarios de armas para esos años y que se pueden comparar con las cifras de homicidios suministradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la década de 1990 es de las últimas más violentas y sangrientas y a su vez – coincidentemente – donde la normativa estrictamente restrictiva afectó de manera categórica el acceso legal de civiles a las armas de fuego y se observó un aumento constante de los hechos delictivos, tanto contra las personas como contra la propiedad. Así lo demuestra el ex presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) en el artículo titulado “Las Restricciones a la Posesión de Armas a la Población Civil y su Relación con el aumento de los Hechos Delictivos Cada 100.000 Habitantes”. También describió esta situación el Sr. Mario Alejandro Boglione en “El genio maléfico de un desarmista confeso: José Genaro Báez”.

En el Gráfico 1 observamos que la cúspide de los delitos totales y delitos contra la propiedad se registraron entre los años 2001 y 2003 con un posterior descenso para luego retomar el ciclo ascendente y mostrar un nuevo pico en 2014 y 2015. En cuanto a los delitos contra las personas se observa un aumento constante en el tiempo según este gráfico.

En el año 2002, recordado por la mayoría como el año de la gran crisis económica de la década se produjeron 3.570 homicidios y la Tasa de Delitos totales fue de 3.573 por cada cien mil habitantes. Así lo demuestra el Gráfico 1 extraído de un informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con información de la Dirección Nacional de Política Criminal. Obsérvese que faltan los datos de los años 2009 a 2013, esto sucedió porque desde la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se bajó la orden de no emitir estadísticas oficiales sobre inseguridad. Esta acción deleznable de ocultamiento de datos fue revertida durante la administración del ex presidente Mauricio Macri y en 2018 por decisión de la entonces Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich se ordenó la reconstrucción del período 2009 a 2013. Es por ello que hoy contamos con los datos faltantes que se vuelcan en nuestro Gráfico 2.

Gráfico 1

Portaciones Legales y homicidios

Fuente de la imagen: Informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Pasando al Gráfico 2, se puede afirmar que desde la creación de la Red Argentina para el Desarme (RAD – 2004) se profundizaron las restricciones al acceso de armas legales y se observa el abrupto descenso de las portaciones legales otorgadas pero aún así, solo una leve declinación en la cantidad de los homicidios.

Es fácilmente observable a simple vista que la evolución de los homicidios desde la sanción de la Ley de Desarme (26.216) y luego con el comienzo de la ejecución del PEVAF (Plan de Entrega de Armas de Fuego) – a pesar de los discursos reivindicatorios de dicho plan – la cantidad de homicidios no disminuyó, sino que tuvo picos sobresalientes en los años 2013 y 2014, pero sí disminuyó y de manera abrupta el otorgamiento de Portaciones Legales, lo que demuestra que la restricción (prohibición de facto) a las Portaciones Legales no tuvieron incidencia directa en la baja de la cantidad de homicidios a pesar de los discursos de políticos, funcionarios y periodistas formadores de opinión.

Hubo un descenso de los homicidios durante la administración de Mauricio Macri hasta el presente. En este punto debo resaltar un dato que no puedo soslayar y es la curiosa cantidad de homicidios (cifras oficiales) que se dan para el año 2021. Digo que no puedo soslayar debido a la experiencia en “relatos oficiales” de las administraciones “kirchneristas”, puesto que cuando podía ser demasiado evidente el “relato” sobre la “década ganada”, directamente optaron por OCULTAR las cifras, como comentamos en este mismo artículo. O sea que tengo el derecho de dudar TAMBIÉN de las cifras oficiales del año 2021, dejo aparte la cifra del año anterior ya que quizás la cantidad de homicidios hayan sido afectadas por la “cuarentena eterna” debido a la Pandemia de Covid 19.

Entonces es obvio que a cuantas más restricciones y burocracia para el acceso a las armas legales, hay más corrupción e indefensión. Así es que se puede afirmar que “Más Armas, Menos Crímenes”.

Gráfico 2

Portaciones Legales y homicidios

Gráfico de elaboración propia con datos del SNIC

INTERNACIONAL

La evidencia internacional no es el objetivo de este artículo, pero se pueden constatar en dos ejemplos más cercanos a la Argentina y son, Venezuela y Brasil. Sobre Venezuela recomendamos la lectura del artículo de José Niño titulado “Cómo el control de armas se convirtió en un instrumento de tiranía en Venezuela”

Con respecto a lo acontecido en Brasil, es rotundo el antes y el después del Estatuto de Desarme. La legislación desarmista entró en vigencia en 2003/4 y los homicidios aumentaron.

En octubre de 2005 se realizó en Brasil un referéndum por el SÍ o por el NO, con la siguiente pregunta: “¿El comercio de armas de fuego y municiones debe ser prohibido en Brasil?”. El resultado final fue de 59.109.265 votos rechazando la propuesta (63.94%), mientras que 33.333.045 votaron por “Sí” (36,06%). A pesar que los brasileños expresaron un rotundo NO a la prohibición, la ley siguió vigente hasta los cambios de política de armas que llevó adelante el ex presidente Jair Bolsonaro, política que nuevamente fue revertida por el actual presidente Lula Da Silva.

Fabricio Rebelo, coordinador regional de la ONG Viva Brasil, explica: “El estatuto del desarme entró en vigor en 2004, el año en que se registraron 48.374 homicidios en Brasil. Cuatro años más tarde, y casi extinguido el comercio legal de armas, el número ascendió a 50.113 (2008) y han sido desde entonces ascendentes hasta el récord de 56.337, registrado en 2012.”

El descenso de los crímenes en Brasil también es explicado por John Lott Jr. (*) en el artículo “Brasil y las Armas” que comenta: “cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas que cualquier país desarrollado” y al referirse a la política de armas del ex presidente brasileño dice: “las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron”.

Finalmente entonces, John R. Lott Jr. denuncia una verdad incontrastable: “La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados.”

EL USO CIVIL DE ARMAS SALVA VIDAS.

(*) Presidente del “Crime Prevention Research Center y autor de “More Guns, Less Crime” (Más Armas, Menos Crimen)