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Etiqueta: Juan Pablo Allan

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Publicado en por Athina Rott

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Autor: Gustavo Rubio – Noviembre 19 de 2024

Va de nuevo: La ANMAC es enemiga de los legítimos usuarios

Como país estamos en tiempos de cambios, depuraciones y de poner blanco sobre negro. Décadas de populismo, boluprogesismo y socialismo amarillo han dejado un mastodonte anquilosado en el Estado y en la mente de una sociedad que todavía tiene que hacer el ejercicio de recordar y poner en orden jerárquicos sus valores, en especial, los constitucionales. Como quisieron nuestros próceres de la independencia, poner el centro a las personas y bien lejos, chiquito y con poco poder de maniobra, al Estado. Esto pasa todos los ámbitos de la vida argentina y en el mundo de los Legítimos Usuarios es más evidente aún: el Estado está al servicio de los individuos y , si no lo está, es una herramienta de opresión por más posible justificación que exija la realidad.
Con las idas y venidas de las resoluciones 149/2024 (inconstitucional cuanto menos) y 154/2024 (vergonzosa) se dejó entrever que todavía hay un montón de autopercibidos campeones de los LLUU que no entendieron que la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada para desarmar a la TODA LA SOCIEDAD. Prefieren una foto palmeándose con el director de turno y felicitándolo por las migajas con tal de seguir recibiendo likes endogámicos en las redes en vez de enfrentar al poder desarmista. Básicamente se quieren hacer amigos de juez para tener como rascarse en el palenque. Ese narcisismo de muchos “referentes” del Tiro nos sigue jugando en contra porque se avalan los intentos y resoluciones que a la larga van modificando el uso del palenque…
Allá por 2016 tuve que escribir un texto para reflejar como el RENAR se había transformado en una máquina desarmista (texto que se volvió a publicar mas adelante) y que ahora repito en parte para recordar a los desmemoriados y a quienes están ajenos al tema.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito actual del Ministerio de Seguridad (surgió en el Ministerio de Justica y DDHH). Sigue con su autarquía económica financiera (se bancaría solo, para ponerlo en bruto, y con todo lo peligroso que esto generaría en manos de algunos que buscan hacer caja con la burocracia y que contradice a las filosofía de La Libertad Avanza), tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Digamos que sinceraron el funcionamiento de lo que venía haciendo el RENAR y sirvió en ese entonces para, en el revoleo del cambio de gobierno (salían los k y entraba Cambiemos) y lluvia de investigaciones, embarrar la cancha en algunas cosas turbias. Todos sabemos que en la mudanza siempre se pierden cosas y no es de extrañarse que en el caso de la Agencia de Materiales controlados, durante el cambio de collar del perro, las pulgas y garrapatas hayan podido zafar.
A este ente, que continúa con su misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 (con sus puntos bastantes cuestionables y anticuados), se le suman “la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó”. O sea que deja de ser el registro bien aceitado que alguna vez fue copiado por Canadá y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados “progresistas” (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del Estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas honestas..
Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un Estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, que son las de “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos”. Hasta acá, sin ponerse a hilar finito y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República, todo más o menos pasable a primera vista y hasta puede ser comprensible, pero dudosamente justificable para quienes abogan por una sociedad madura y libre. Un punto que no puede seguir estando cuando se busca achicar el Estado y contradice el esfuerzo de Sturzenegger.
Ahora bien, a lo anterior se le sumó una serie de atribuciones que ampliaron el mero ámbito registral y técnico. Es así que la ANMAC puede “Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.”
Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera del ANMAC. Es más, hasta juega en contra. Enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Este listado hace que la credencial digital deje de ser solo una migaja para decir que se está haciendo algo y pueda ser usada contra los LLUU llegado el momento.
Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para:
1) Subir el precio de las armas y municiones
2) Reducir el número y tipo de armas para la venta
3) Disminuir la promoción/marketing
4) Reducir el número de puntos de ventas
5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales)
6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad)
7)Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)
8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego.
9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos
10)Restringir/detener la oferta de municiones.
Ese resumen, ese decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el manual de cabecera de la Red Argentina para el Desarme, para combatir TODA tenencia de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que la RAD asesora al ANMAC y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015 votados a dos manos por los K, la UCR, la Coalición Civica ARI, la Izquierda, el PRO más los otros partidos chicos.
Sobran los ejemplos de la puesta en práctica de dichos conceptos. Con la licitación ganada por Dienst Cunsulting SA bajo dirección PRO, vemos que el punto número cinco del decálogo desarmista se había aplicado. Los otros puntos ya se venían dando aplicando desde hacía tiempo con los K. Por ejemplo: El número de armas y tipo está limitado (formularios y costos para distintas categorías según cantidad de armas, calibres prohibidos etc), las armerías no pueden exhibir armas en sus vidrieras, casi no se entregan portaciones, la variedad de municiones el limitada (con los peligros que llevan las puntas no deformantes para uso policial), las medidas de seguridad exigidas a los grandes usuarios sobrepasan incluso las medidas de seguridad exigidas a dependencias del estado (fiscalías, arsenales de gendarmería, etc)… un etcétera grande como el curro que esto puede generar. Las resoluciones 149 y 154 puestas por Allan, otra vez un director PRO, muestra que la ANMAC está en contra de los LLUU.
Cabe preguntarse entonces para quienes funciona el ANMAC ¿Quiénes asesoran al ente? ¿Son los mismos que asesoraron a Chavez en el 2006? Es el momento de replantearse cuál es el sentido que tiene el ANMAC y cuál debería ser su deber más en un gobierno de corte libertario. ¿Es un registro solamente? ¿Quiere combatir a las armas ilegales o está combatiendo a los legítimos usuarios? ¿Por qué? ¿puede un militante PRO, desarmista en esencia porque su partido es desarmista, estar a cargo de un ente con todo ese poder?
Sólo algunas preguntas que a la luz del desbarranco que tuvo la gestión de Juan pablo Allan, hace pensar que el ANMAC, así como está funcionando, atenta contra los usuarios legales de armas y contradice el discurso de Milei y los esfuerzos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Estamos en una nueva etapa en donde los errores deben subsanarse, donde las políticas malintencionadas deben dejarse de lado y sobre todo y frente a la evidencia de lo que pasa en Venezuela o México, saber que el desarme civil mata.
Por un lado espero sinceramente que los autodenominados referentes de los LLUU recuerden a quienes le chupan las medias y por otro lado, espero que el gobierno de Milei haga historia cambiando y replanteando lógicamente el tema de las armas legales en el país y, sobre todo, que la ANMAC deje de ser el enemigo de las personas que están dentro de la ley y deje de ser usado como punta de lanza de la agenda 2030, el Grupo Puebla y los sobrevivientes del Foro de San Pablo.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

El día 16 de octubre ANMAC dictó la Resolución 149/2024 que vulneraba directamente el derecho a la Legítima Defensa en el hogar para Legítimos Usuarios de Armas de Fuego, ya que imponía medidas de seguridad para el almacenamiento de armas que impedían el ejercicio de este derecho, cinco días después se publicó en el Boletín Oficial la nueva Resolución 154/2024 derogando la 149, esto sucedió luego de la conmoción causada entre los usuarios legales de armas en las redes.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

La RES 149/2024 se publicó en el BORA EL 16 de octubre pero luego del revuelo (vergonzoso) en redes, en su tweet Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo de ANMAC el día 17 de octubre de 2024 escribió:

“Vamos a modificar la resolución 149/2024 que involucra a los Legítimos Usuarios de armas en sus hogares. Sabemos que afecta su derecho a la defensa personal, y eso nunca fue nuestra intención. El objetivo original era aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales. En los próximos días presentaremos un nuevo proyecto que corregirá este error, porque creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?
  • El Director Ejecutivo escribió: “presentaremos un NUEVO PROYECTO” ¿Otro “error”?
  • ¿Por cuántos ojos revisores debe pasar la redacción de una nueva normativa antes de su publicación?
  • ¿Van a echar a alguien por el “error” cometido?

No se necesita “un proyecto”, sino una modificación de la Resolución. ¿Quién lo asesora? ¿Redacta él sus mismos tweets? Claro, seguro, esto también fue un error.

Mi convicción es que no se cometió ningún error, sino que fue una directiva tomada a conciencia y que si nadie se percataba o pataleaba pasaba de largo se pensaba ejecutar en total concordancia con los puntos del Manual del Desarme largamente expuestos en este grupo y que a modo de recordatorio copio a continuación:

“Actividades específicas”

1) Subir el precio de las armas y municiones

2) Reducir el número y tipo de armas para la venta

3) Disminuir la promoción / marketing

4) Reducir el número de los puntos de venta

5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas /ampliar el monitoreo, entrenamiento, maximizar el tamaño de los arsenales)

6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad en el almacenaje, responsabilidad)

7) Reducir la portación de armas, restricciones (por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)

8 ) Estigmatizar dueños y portadores de armas de fuego

9) Imponer condiciones a vendedores / fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos

10) Restringir / detener la oferta de municiones

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Con respecto al punto 9) del Manual, si no se retrotrae la RES 149 por completo y sólo se corrige el punto que más se discutió en redes que afecta a los LLUU individuales, los problemas seguirán para los comercios de venta de armas, y quizás algunos tendrán que cerrar sus puertas por los costos que demandará el estricto cumplimiento de esta normativa. Esto también perjudicará más tarde o más temprano a todos los usuarios de armas legales.

Desgraciadamente por decisión expresa del Presidente de la Nación, la ANMAC como Ente descentralizado, pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad otorgado a un extra-partidario perteneciente al partido PRO, Patricia Bullrich.

No puedo olvidar que bajo la presidencia de Mauricio Macri y gracias a la designada (procesada) Natalia Gambaro le concedió el monopolio de los psicofísicos a la cuestionada empresa DIENST Consulting. Esta misma empresa había sido la elegida para hacer las evaluaciones psicofísicas al personal de la entonces Policía de la Ciudad cuando M. Macri fue jefe de gobierno de CABA y que quién le sucedió en ese cargo, Rodríguez Larreta también le concedió la misma responsabilidad a DIENST, esta vez para la Policía Metropolitana, no una sino dos veces, la segunda por prórroga del contrato.

¿También fue un ERROR que Gambaro eligiera justamente esa Empresa y no otra para otorgar el monopolio de los psicofísicos de ANMAC? Este “error” (también PRO) generó una causa penal en contra de la ex Directora Ejecutiva Natalia Gambaro y causó la virtual expulsión del 74% de los Legítimos Usuarios fuera del sistema.

No puedo olvidar que el actual gobierno de CABA (PRO) a cargo de otro Jorge Macri (PRO), eligió a Natalia Gambaro (procesada) para ocupar el cargo Directora General de Acceso a Justicia de la Dirección de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿También fue un error?

Imposible olvidar cuando el ex presidente Macri el 18 de octubre de 2019 en su cuenta de Tweer expresaba lo siguiente:

“Vamos a prohibir que los civiles compren o importen, tengan consigo o en sus casas, fabriquen y utilicen armas de guerra. Son un peligro para las familias y para las fuerzas armadas y de seguridad, que se enfrentan a las mafias todos los días. Vamos a eliminarlas de la calle.”

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

También se produjo un escándalo en las redes luego de esta afirmación y, al igual que Allan en este octubre de 2024 también tuvo que retroceder y comentar que fue un “error” y que no era esa la intención.

Pero como los “errores” en política cuestan votos pasó lo inevitable, la “reculada en chancletas”, en este caso la reculada se pudo ver sólo en horas y no en días.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

Por todos estos “errores amarillos” estoy convencida que lo acontecido en estos días en ANMAC, no fue un “error”, aunque algunos ¿distraídos o desmemoriados? todavía sigan insistiendo que fue “un error” sólo para congraciarse con la actual administración y seguir siendo “políticamente correctos”.

El ADN del Partido PRO es digamos, social demócrata o como bien lo definió el ex Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña al referirse al gobierno de Cambiemos “socialista y popular”

Si son “socialistas”, “progresistas” o “social demócratas” adhieren al Desarme Civil, punto.

Si se observa el artículo 6° de la Resolución 149 del día 17/10/2024 se deroga la RES 119/2018 dictada por el ex Director Ejecutivo, Eugenio Cozzi, en la que explícitamente establecía:

“Se encuentra destinado a Usuarios Individuales que posean en su poder hasta nueve (9) armas de fuego.

Se detallan algunas medidas de seguridad recomendadas a adoptar:”

Si se observa ese punto, entonces queda claro que NO fue un error.

¿MENTIRAS AMARILLAS O ERRORES PRO?

O sea, en la RESOLUCIÓN 119/2018 se dictaron medidas de guarda que sólo eran RECOMENDADAS para los usuarios de armas legales, no obligatorias. Todo lo demás fue copiado y pegado tal cual, pero ELIMINARON INTENCIONALMENTE LA RECOMENDACIÓN, y eso NO FUE UN ERROR.

Para finalizar, los Legítimos Usuarios Individuales de Armas de Fuego que se expresaron de manera contundente en las redes cuando vieron vulnerados sus Derechos, fueron los verdaderos artífices de este logro, mal que le pese a varios.

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Publicado en por Athina Rott

Recularon, pero la careta ya se cayó.

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 21 de 2024

Recularon, pero la careta ya se cayó.

La reciente controversia en torno a la Resolución 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su posterior revocación con la Resolución 154/2024 del lunes 21 de octubre ha puesto de manifiesto el peligro de las regulaciones excesivas del Estado sobre el derecho a la propiedad y la autodefensa.
En un primer momento, la resolución derogada, buscaba, en parte, imponer condiciones de seguridad arbitrarias para el almacenamiento de armas en los hogares de los legítimos usuarios, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales. Afortunadamente, la presión pública fue efectiva, y el Director Ejecutivo de la ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció que se rectificaría este error. El tweet de Allan del 17 de octubre de 2024 admite que la resolución afectaba el derecho de los ciudadanos a la autodefensa, algo que, según él, nunca fue la intención original. El objetivo, dice, era, debido a un par hechos puntuales de inseguridad, aumentar la seguridad en armerías y locales comerciales, no en los hogares. Esta corrección es bienvenida, ya que reconoce el peligro que representa un control excesivo del Estado sobre las armas en manos de ciudadanos que cumplen con la ley y una ignorancia supina de la ley. Como Allan afirmó, “creemos en la libertad y en la buena fe de quienes cumplen la ley”, lo que refleja un retorno a los principios fundamentales de la defensa de los derechos individuales.
Sin embargo, a pesar de esta marcha atrás, la nueva Resolución, la 154/2024, plantea algunas preocupaciones. Aunque se derogó la Resolución 149/2024, la ANMAC instruyó a la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados a elevar nuevas condiciones de seguridad para usuarios comerciales y colectivos antes de fin de año. Esto refleja una insistencia en seguir aumentando el control estatal, esta vez dirigido a los comerciantes de armas y materiales controlados. Desde una perspectiva libertaria, esto sigue siendo problemático, ya que cualquier intento de mayor regulación sobre el libre comercio y la posesión de armas legítimas erosiona la libertad individual.
Que en la nueva resolución se conserve este punto hace sospechar, con fundamento por el historial que rodea al PRO (y demás partidos colectivistas) en la ANMAC, que la medida fue una directiva tomada de manera consciente, diseñada para alinearse con los principios establecidos en el Manual del Desarme. Este manual, que ha sido discutido y promovido por grupos de ONGS que apoyan políticas de desarme y vienen asesorando a políticos, incluye disposiciones claras que buscan restringir y controlar la oferta de armas y municiones. Dos de los puntos son: “Imponer condiciones a vendedores y fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos” y “Restringir o detener la oferta de municiones.“
La resolución original, si no hubiera sido cuestionada públicamente, se habría ejecutado sin problemas, afectando no solo a los legítimos usuarios de armas (LLUU), sino también a los comercios de armas. Incluso con la rectificación que solo corrigió el punto que más se discutió en redes, los problemas para los comerciantes de armas persisten. Bajo las estrictas normativas que imponía la Resolución 149/2024, muchos comercios habrían enfrentado costos prohibitivos para cumplir con los nuevos estándares de seguridad, lo que probablemente llevaría a algunos al cierre definitivo. Ahora se postergó 30 días.
Este punto que se mantiene en la 154/2024 es crucial porque, a largo plazo, cualquier normativa que afecte a los comerciantes terminará afectando también a los usuarios individuales. Si los vendedores de armas cierran o se ven obligados a restringir la venta de ciertos productos, los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la autodefensa se verán cada vez más limitados en su acceso a armas y municiones.
La Resolución 149/2024 era solo una pieza de una estrategia más amplia orientada a reducir la oferta de armas en la sociedad, pero lo hacía afectando injustamente a quienes respetan la ley, sin abordar eficazmente el problema del tráfico ilegal de armas. Ahora quedó reducida ala mitad, pero persiste.
El hecho de que el Estado insista en mantener un control tan estricto sobre los materiales controlados legales, sin abordar adecuadamente el problema real del tráfico de armas ilegales, es un ejemplo claro de cómo las políticas restrictivas, a las que la gente les dijo NO en las elecciones del 2023, suelen perjudicar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de enfocarse en los verdaderos criminales. El peligro de seguir regulando armerías y locales comerciales es que, en última instancia, se pueden crear barreras excesivas para los legítimos usuarios y comerciantes, mientras que las armas ilegales continuarán circulando sin control en manos de delincuentes.
Aunque Allan y las autoridades de ANMAC han intentado presentarse como defensores de la libertad y la buena fe de los legítimos usuarios, lo cierto es que esta resolución se ajustaba a una agenda clara de control de armas que se ha promovido durante años. El hecho de que hayan retrocedido ante la presión pública no es una victoria total, ya que las nuevas medidas que se implementarán seguirán imponiendo cargas sobre los comerciantes. En este contexto, es crucial entender que estas regulaciones no solo afectan a los vendedores de armas, sino que también son un ataque indirecto al derecho de los ciudadanos a la autodefensa.
En resumen, aunque la revocación parcial de la resolución es un paso positivo, el daño potencial a los comerciantes y la reducción del acceso a armas para los legítimos usuarios sigue siendo preocupante. Las políticas de control de armas no deben enfocarse en restringir a quienes cumplen con la ley, sino en combatir el tráfico ilegal que alimenta la verdadera violencia armada en el país. Se ve que muchos funcionarios todavía no entienden los objetivos del Gobierno Nacional e insisten en aplicar las ideas colectivistas que los formaron en su carrera política.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com