Regularización por tiempo limitado
Publicado en por Athina Rott

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 8 de 2024

Dejando de lado el nefasto y carísimo Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en donde se estafa a incautos que desean deshacerse de sus armas legales pagando nada por material que puede valer una fortuna o se borran posibles evidencias criminales al destruirse anónimamente cachivaches, en los primeros días de octubre de 2024 nos enteramos, por palabras del Director de la ANMAC, Juan P. Allan, que los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por diferentes políticas estatales de los últimos 20 años, van a tener SOLO UN AÑO para regularizar su estado una vez que la ley esté vigente. ¿Por qué sólo un año? ¿Cómo van a ser las campañas para que a todos les llegue el aviso? ¿Serán públicas y masivas como los institucionales del PEVAF? ¿Cuánto costará? ¿Qué sucederá después con ellos?
Si bien eso será develado en un futuro, tal vez, lo interesante es que Allan menciona “en el gobierno de Milei” cuando habla de lo sucedido en el Congreso. Habla como si el libertarianismo tuviese algo que ver el porcentaje de estatismo colectivista en sangre que tienen muchos políticos y varios funcionarios todavía.
Desde una perspectiva libertaria, las declaraciones sobre la regularización por tiempo limitado de armas planteadas por figuras como Juan Pablo Allan y Pablo Walter son profundamente problemáticas, ya que refuerzan el poder estatal sobre la libertad individual y el derecho fundamental de los ciudadanos a poseer armas sin la interferencia del gobierno. Si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública y la transparencia, estos argumentos esconden un peligro latente para la libertad en una sociedad republicana. Todo muy PRO y poco LLA.
Esa narrativa de centro izquierda encubre las verdaderas implicaciones de estas medidas sobre la libertad individual, especialmente cuando se plantea la idea de “un plazo de regularización” y un registro exhaustivo de armas en manos de civiles. Desde la perspectiva libertaria, el simple hecho de que “el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene”, es decir, que un Gobierno quiera conocer la ubicación y propiedad de cada arma de fuego no solo es un ataque directo a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abre las puertas a abusos potenciales del poder estatal. ¿Por qué ir tras las personas que no cometieron ningún ilícito por motus propio limitando su regularización? ¿Por qué la urgencia reiterada de saber dónde están las armas legales, quien las tiene y cómo las tiene si no se han cometido delitos incluso con el descontrol generado por el kirchnerismo? Más pruebas de la inutilidad del Registro no hay.
El enfoque principal del libertarianismo es la defensa de las libertades individuales y la limitación del poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el deseo de los funcionarios venidos del PRO de saber exactamente quién posee un arma y bajo qué condiciones, como señala Allan, implica una intromisión injustificada en la vida privada de las personas que no han cometido ningún delito. Este tipo de control estatal absoluto sobre la posesión de armas genera un precedente alarmante: una vez que el gobierno tiene acceso a esta información, puede utilizarla para restringir aún más la libertad de los ciudadanos en el futuro. Como ya se ha intentado desde el espacio de Allan se puede compartimentar la condición del Legitimo Usuario y el uso de armas, se puede exigir la guarda en polígonos de tiro, medidas de seguridad irrisorias, exámenes psicofísicos arbitrarios en prestadoras “amigas”, etc.
El argumento de que un registro completo y preciso de armas favorece la “trazabilidad” y facilita un seguimiento más eficiente es una trampa peligrosa. El problema no reside en la cantidad de armas registradas o no registradas, sino en el hecho de que un gobierno busca concentrar poder mediante el control de las herramientas de defensa personal. En una sociedad verdaderamente libre, los individuos tienen el derecho inalienable de poseer medios de autodefensa, y cualquier intento del Estado de regular arbitrariamente o restringir ese derecho debilita el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno.
La historia muestra que los gobiernos autoritarios tienden a avanzar en el desarme de la población como un primer paso hacia el control total. La centralización del conocimiento sobre quién posee armas facilita el futuro desarme de los ciudadanos. Un Estado con acceso a un registro absoluto de todas las armas en poder de civiles puede utilizar esa información no solo para rastrear a criminales como se pone de excusa, sino también para desarmar a ciudadanos respetuosos de la ley bajo cualquier pretexto que considere necesario. Este tipo de política pone en riesgo la capacidad de los individuos para defenderse tanto de amenazas externas como de posibles abusos de poder por parte del propio gobierno.
Además, el discurso de que estas medidas “mejoran la seguridad” es engañoso. Si bien el gobierno puede argumentar que está protegiendo a los ciudadanos al regular la posesión de armas, la realidad es que esta intervención erosiona la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia seguridad. En una sociedad liberal-libertaria, el derecho a tener y portar armas es una manifestación clave de la libertad personal y de la responsabilidad individual. El enfoque paternalista perpetuado por los funcionarios de centro izquierda del gobierno, que buscan regular el uso de armas bajo la premisa de “seguridad”, socava la confianza en la autonomía de los ciudadanos.
El proyecto no aborda de manera efectiva el problema real de la violencia armada, que proviene mayoritariamente de actores criminales con armas ilegales, no de ciudadanos que poseen armas legalmente. Al poner el foco en los ciudadanos respetuosos de la ley, estos funcionarios del gobierno actual desvían la atención de su incapacidad para controlar el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en manos de delincuentes como se viene haciendo desde el 2004. Además, el argumento de que el registro de armas reducirá la violencia armada es falaz. Los criminales no registran sus armas, y las personas que poseen armas legalmente no representan una amenaza para la seguridad pública. Sobran datos oficiales para esto.
Por otro lado, el argumento de Pablo Walter sobre la modernización y digitalización del sistema de control de armas subraya un intento de perfeccionar un sistema de vigilancia masiva sobre la posesión de armas. La digitalización puede facilitar el acceso rápido del Estado a la información sobre los propietarios de armas, pero también abre la puerta a la posibilidad de que este control se expanda de manera aún más intrusiva en el futuro, afectando a las libertades civiles. Al imponer más restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, se corre el riesgo de que el Estado erosione progresivamente otros derechos individuales bajo el pretexto de la “seguridad pública”. La noción de que “el Estado debe saber quién tiene armas” es en sí misma contraria a los principios de una sociedad republicana, donde los ciudadanos deben tener control sobre el gobierno, y no al revés. Si bien se enmarca como una medida para proteger a la sociedad, este tipo de registro masivo podría ser fácilmente manipulado para otros fines políticos, poniendo en peligro las libertades civiles fundamentales.
En resumen, las declaraciones de estos funcionarios heredados del PRO representan un grave peligro para las libertades individuales en una sociedad republicana. El control estatal sobre las armas y la imposición de registros obligatorios no solo violan los principios de libertad personal, sino que además sientan las bases para un Estado más autoritario y menos confiado en sus ciudadanos. En lugar de promover la libertad, estas políticas consolidan el poder de los gobiernos y socavan los derechos fundamentales de los individuos, especialmente su derecho a la autodefensa. Desde una perspectiva libertaria, cualquier intento de sobre regular o controlar el derecho a tener y portar armas debe ser visto con gran escepticismo y preocupación. Desde una óptica libertaria, la verdadera seguridad de una sociedad reside en la confianza en la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia vida y seguridad. La regularización apresurada y el registro obligatorio de armas, lejos de ser una solución, representan un paso hacia un mayor control estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos, un peligroso precedente que debe ser resistido en defensa de una sociedad libre y verdaderamente republicana. Por las declaraciones de Juan Pablo Allan y Pablo Walter, todavía no entendieron que forman parte de un gobierno liberal-libertario en donde los lineamientos comunistas y colectivistas impulsados por las ONGs desarmistas como la RAD, INECIP y otras no tienen por qué tener la cabida que tuvieron cuando el PRO fue gobierno. Necesitamos más libertad y menos Estado.
IG Juan Pablo Allan
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Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com



















