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Mienten

La verdad con todo y pruebas

Autor: Athina Rott

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Regularización por tiempo limitado

Publicado en por Athina Rott

Regularización por tiempo limitado

Autor: Gustavo Rubio – Octubre 8 de 2024

Regularización por tiempo limitado

Dejando de lado el nefasto y carísimo Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en donde se estafa a incautos que desean deshacerse de sus armas legales pagando nada por material que puede valer una fortuna o se borran posibles evidencias criminales al destruirse anónimamente cachivaches, en los primeros días de octubre de 2024 nos enteramos, por palabras del Director de la ANMAC, Juan P. Allan, que los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por diferentes políticas estatales de los últimos 20 años, van a tener SOLO UN AÑO para regularizar su estado una vez que la ley esté vigente. ¿Por qué sólo un año? ¿Cómo van a ser las campañas para que a todos les llegue el aviso? ¿Serán públicas y masivas como los institucionales del PEVAF? ¿Cuánto costará? ¿Qué sucederá después con ellos?
Si bien eso será develado en un futuro, tal vez, lo interesante es que Allan menciona “en el gobierno de Milei” cuando habla de lo sucedido en el Congreso. Habla como si el libertarianismo tuviese algo que ver el porcentaje de estatismo colectivista en sangre que tienen muchos políticos y varios funcionarios todavía.
Desde una perspectiva libertaria, las declaraciones sobre la regularización por tiempo limitado de armas planteadas por figuras como Juan Pablo Allan y Pablo Walter son profundamente problemáticas, ya que refuerzan el poder estatal sobre la libertad individual y el derecho fundamental de los ciudadanos a poseer armas sin la interferencia del gobierno. Si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad pública y la transparencia, estos argumentos esconden un peligro latente para la libertad en una sociedad republicana. Todo muy PRO y poco LLA.
Esa narrativa de centro izquierda encubre las verdaderas implicaciones de estas medidas sobre la libertad individual, especialmente cuando se plantea la idea de “un plazo de regularización” y un registro exhaustivo de armas en manos de civiles. Desde la perspectiva libertaria, el simple hecho de que “el Estado necesita saber quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene”, es decir, que un Gobierno quiera conocer la ubicación y propiedad de cada arma de fuego no solo es un ataque directo a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abre las puertas a abusos potenciales del poder estatal. ¿Por qué ir tras las personas que no cometieron ningún ilícito por motus propio limitando su regularización? ¿Por qué la urgencia reiterada de saber dónde están las armas legales, quien las tiene y cómo las tiene si no se han cometido delitos incluso con el descontrol generado por el kirchnerismo? Más pruebas de la inutilidad del Registro no hay.
El enfoque principal del libertarianismo es la defensa de las libertades individuales y la limitación del poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el deseo de los funcionarios venidos del PRO de saber exactamente quién posee un arma y bajo qué condiciones, como señala Allan, implica una intromisión injustificada en la vida privada de las personas que no han cometido ningún delito. Este tipo de control estatal absoluto sobre la posesión de armas genera un precedente alarmante: una vez que el gobierno tiene acceso a esta información, puede utilizarla para restringir aún más la libertad de los ciudadanos en el futuro. Como ya se ha intentado desde el espacio de Allan se puede compartimentar la condición del Legitimo Usuario y el uso de armas, se puede exigir la guarda en polígonos de tiro, medidas de seguridad irrisorias, exámenes psicofísicos arbitrarios en prestadoras “amigas”, etc.
El argumento de que un registro completo y preciso de armas favorece la “trazabilidad” y facilita un seguimiento más eficiente es una trampa peligrosa. El problema no reside en la cantidad de armas registradas o no registradas, sino en el hecho de que un gobierno busca concentrar poder mediante el control de las herramientas de defensa personal. En una sociedad verdaderamente libre, los individuos tienen el derecho inalienable de poseer medios de autodefensa, y cualquier intento del Estado de regular arbitrariamente o restringir ese derecho debilita el equilibrio de poder entre el individuo y el gobierno.
La historia muestra que los gobiernos autoritarios tienden a avanzar en el desarme de la población como un primer paso hacia el control total. La centralización del conocimiento sobre quién posee armas facilita el futuro desarme de los ciudadanos. Un Estado con acceso a un registro absoluto de todas las armas en poder de civiles puede utilizar esa información no solo para rastrear a criminales como se pone de excusa, sino también para desarmar a ciudadanos respetuosos de la ley bajo cualquier pretexto que considere necesario. Este tipo de política pone en riesgo la capacidad de los individuos para defenderse tanto de amenazas externas como de posibles abusos de poder por parte del propio gobierno.
Además, el discurso de que estas medidas “mejoran la seguridad” es engañoso. Si bien el gobierno puede argumentar que está protegiendo a los ciudadanos al regular la posesión de armas, la realidad es que esta intervención erosiona la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia seguridad. En una sociedad liberal-libertaria, el derecho a tener y portar armas es una manifestación clave de la libertad personal y de la responsabilidad individual. El enfoque paternalista perpetuado por los funcionarios de centro izquierda del gobierno, que buscan regular el uso de armas bajo la premisa de “seguridad”, socava la confianza en la autonomía de los ciudadanos.
El proyecto no aborda de manera efectiva el problema real de la violencia armada, que proviene mayoritariamente de actores criminales con armas ilegales, no de ciudadanos que poseen armas legalmente. Al poner el foco en los ciudadanos respetuosos de la ley, estos funcionarios del gobierno actual desvían la atención de su incapacidad para controlar el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en manos de delincuentes como se viene haciendo desde el 2004. Además, el argumento de que el registro de armas reducirá la violencia armada es falaz. Los criminales no registran sus armas, y las personas que poseen armas legalmente no representan una amenaza para la seguridad pública. Sobran datos oficiales para esto.
Por otro lado, el argumento de Pablo Walter sobre la modernización y digitalización del sistema de control de armas subraya un intento de perfeccionar un sistema de vigilancia masiva sobre la posesión de armas. La digitalización puede facilitar el acceso rápido del Estado a la información sobre los propietarios de armas, pero también abre la puerta a la posibilidad de que este control se expanda de manera aún más intrusiva en el futuro, afectando a las libertades civiles. Al imponer más restricciones a los ciudadanos respetuosos de la ley, se corre el riesgo de que el Estado erosione progresivamente otros derechos individuales bajo el pretexto de la “seguridad pública”. La noción de que “el Estado debe saber quién tiene armas” es en sí misma contraria a los principios de una sociedad republicana, donde los ciudadanos deben tener control sobre el gobierno, y no al revés. Si bien se enmarca como una medida para proteger a la sociedad, este tipo de registro masivo podría ser fácilmente manipulado para otros fines políticos, poniendo en peligro las libertades civiles fundamentales.
En resumen, las declaraciones de estos funcionarios heredados del PRO representan un grave peligro para las libertades individuales en una sociedad republicana. El control estatal sobre las armas y la imposición de registros obligatorios no solo violan los principios de libertad personal, sino que además sientan las bases para un Estado más autoritario y menos confiado en sus ciudadanos. En lugar de promover la libertad, estas políticas consolidan el poder de los gobiernos y socavan los derechos fundamentales de los individuos, especialmente su derecho a la autodefensa. Desde una perspectiva libertaria, cualquier intento de sobre regular o controlar el derecho a tener y portar armas debe ser visto con gran escepticismo y preocupación. Desde una óptica libertaria, la verdadera seguridad de una sociedad reside en la confianza en la capacidad de los individuos para tomar decisiones responsables sobre su propia vida y seguridad. La regularización apresurada y el registro obligatorio de armas, lejos de ser una solución, representan un paso hacia un mayor control estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos, un peligroso precedente que debe ser resistido en defensa de una sociedad libre y verdaderamente republicana. Por las declaraciones de Juan Pablo Allan y Pablo Walter, todavía no entendieron que forman parte de un gobierno liberal-libertario en donde los lineamientos comunistas y colectivistas impulsados por las ONGs desarmistas como la RAD, INECIP y otras no tienen por qué tener la cabida que tuvieron cuando el PRO fue gobierno. Necesitamos más libertad y menos Estado.

IG Juan Pablo Allan
https://www.instagram.com/p/DA0qRrpNbfb/?hl=es-la

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

¿Y ahora, ANMAC?

Publicado en por Athina Rott

¿Y ahora, ANMAC?

Autor: Gustavo Rubio – Septiembre 6 de 2024

¿Y ahora, ANMAC?

Cuadro elaborado por Athina Roth para mienten.com.ar

La visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Diputados para realizar un análisis de gestión del Gobierno de la Libertad Avanza hasta la fecha dejó datos contundentes acerca de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su rol indispensable para el desarme civil que se viene llevando a cabo en el país. Los datos oficiales recabados por Athina Roth y publicados en la página www.mienten.com.ar revelan una realidad desastrosa después décadas de abuso estatal.
La cantidad de Legítimos Usuarios es de 727.143, de los cuales: 202.605 son LLUU con su condición vigente y con tenencia de armas; 45.005 son LLUU vigentes, pero sin armas; 24.405 son LLUU con su credencial vencida y sin armas y que 455.128 tienen vencida su condición de LU y tienen armas registradas…

¿Qué podemos sacar de todo esto?
1.Que un LU con su credencial vencida no es peligro para nadie. Si los LLUU con la credencial vencida automáticamente se transformaran en criminales tal y como lo afirman los desarmistas (miembros de ONGs como la RAD, INECIP, etc.; funcionarios y políticos ignorantes, periodistas mal informados y mal intencionados, etc.) la Argentina estaría literalmente bañada en sangre. Este informe lo prueba.

2. Que las políticas impulsadas por la ANMAC hasta la fecha ha incumplido con su rol registral al dificultar, impedir y desalentar el registro de armas y credenciales de manera completa.

3. Que la ANMAC se ha transformado en una herramienta para obstaculizar el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos y los ha empujado con a la ilegalidad tal u como sucedió, por ejemplo, durante la gestión de Natalia Gambaro (relacionada al PRO) y el nefasto monopolio de Dienst (camioneros) en los exámenes psicofísicos.

4. Que las políticas comunicacionales, administrativas e intergubernamentales de la Agencia se han enfocado en el desarme civil (de las personas dentro de la ley específicamente), la creación de onerosos nichos innecesarios en el sector público y la producción de información falsa y sesgadas, entre otras cosas, tal como se desprende de lo expuesto por Natasa Loizou en su balance bianual 2022/2023 de su gestión.

5. Que la agencia, a septiembre de 2024, todavía carece de una comunicación clara, precisa y masiva que oriente y aliente a los LLUU con la CLU vencida a regularizar su situación. Las entrevistas mediáticas a funcionarios no sirven.

6. Que la ANMAC, a septiembre de 2024, demostró que fue creada para ir contra las personas armadas legalmente. Los datos hablan por si mismos.

7. Que el nuevo director, Juan Pablo Allan, debe enfocarse, en serio y con políticas basadas en datos y no en ideologías colectivistas, en revertir la situación que heredó y así no ser parte del fracaso progresista que lo antecede.

Los Legitimos Usuarios, en mayor o en menor medida, hemos venido advirtiendo estas falencias y el actual gobierno tiene todas las condiciones para poder llevar adelante una reestructuración del organismo y devolverle el rol que originariamente tuvo y que fuera desfigurado por los adeptos a los regímenes comunistas.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Artículos de GUSTAVO RUBIO – 2021

Publicado en por Athina Rott

Artículos de GUSTAVO RUBIO – 2021

Autor: Gustavo Rubio

Enero 5 de 2021- ¡PORTACIÓN LEGAL, YA!

Febrero 15 de 2021 Defraudación

Marzo 23 de 2021- El abolicionismo y el desarme civil matan

Abril 18 de 2021– Orgullosamente desenfocados

Mayo 11 de 2021 Movida de Pinzas

Junio 24 de 2021 Las armas salvan vidas

Julio 21 de 2021 Lo que Urristi nos dejó

Agosto 23 de 2021 ¿Por qué unos si y otros no?

Septiembre 30 de 2021 Güemes y los invasores

Octubre 5 de 2021 Mostraron la hilacha

Noviembre 24 de 2021 Hembrismo Desarmista

ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DESARMISTAS

Las restricciones e impedimentos para acceder a la registración de armas exigida por Ley ha sido desde el año 2003 una característica de las últimas administraciones, algunas de ellas significativamente NEFASTAS como la de Natalia Gambaro durante la administración del ex presidente Mauricio Macri, que llevó al 74% de los Legítimos Usuarios a quedar fuera del sistema, y la muy mala gestión de Natasa Loizou de la administración kirchnerista del ex presidente Alberto Fernández que aumentó aquel porcentaje llevándolo al 77%

En el artículo “Las Restricciones a la Posesión de Armas a la Población Civil y su Relación con el Aumento de los Hechos Delictivos Cada 100.000 Habitantes” , el ex presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de Argentina (ALUTARA), Américo García señaló que desde 1994 una serie de normas de toda jerarquía (leyes, decretos, resoluciones y disposiciones) vienen modificando la Ley 20.429 (Ley Nacional de Armas y Explosivos) y su decreto reglamentario, y han conseguido el efecto perseguido que ha sido dificultar a la población civil el acceso a la posesión de armas de fuego.

Sin embargo la injerencia de la Red Argentina para el Desarme (RAD) se hizo más notoria avanzando sin pausa desde el año 2004 (año de su fundación) sobre los derechos de los Legítimos Usuarios, y se produjo mediante la militancia desarmista dentro del ex RENAR y actual ANMaC, así como también el activismo desarmista dentro de las cámaras legislativas, promoviendo y/o redactando proyectos de Ley, como quedó demostrado en lo que fue la redacción de la Ley 26.216.

SITUACIÓN REGISTRAL AL MES DE AGOSTO DE 2024

La actual Dirección Ejecutiva de la Agencia de Materiales Controlados (ANMAC) encabezada por el miembro del Partido PRO, Juan Pablo Allan (un extrapartidario que se sumó al gobierno de La Libertad Avanza) deberá esforzarse para revertir el devastado panorama que ha heredado de las administraciones de sus antecesoras, las nefastas Natalia Gambaro y Natasa Loizou. Difícil tarea tendrá por delante ya que el partido (PRO) al cual pertenece fue copartícipe de la aprobación de los dos proyectos más destructivos que se han conocido en estos últimos años, que derivaron en las Leyes 26.216 DE DESARME y 27.192 de CREACIÓN DE LA ANMaC, Agencia Nacional de Materiales Controlados que sólo debe verse como “el huevo de la serpiente” y como la herramienta necesaria para avanzar hacia el DESARME CIVIL. Ambas leyes en opinión de la que escribe, deberían ser derogadas.

SITUACIÓN REGISTRAL DE LOS USUARIOS INDIVIDUALES CON ARMAS
DESARMISMO EXPLICITO
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA REGISTRAL DE USUARIOS CON CREDENCIAL VIGENTE

Se incluyen las credenciales de Legítimos Usuarios Individuales; de usuarios de Fuerzas de Seguridad y Armadas con armas propias, no de dotación; de Funcionarios, etc.

DESARMISMO EXPLICITO
GRÁFICOS PROPIOS CON DATOS BASADOS EN EL INFORME DE LA JEFATURA DE GABINETE N° 140 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Todas las cantidades corresponden al mes de agosto de 2024.
LEGÍTIMOS USUARIOS CON Y SIN ARMAS (Indiv./FFSS/FFAA/Funcionarios, etc.)
CANTIDAD: 905.868
DESARMISMO EXPLICITO
LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES CON Y SIN ARMAS
CANTIDAD DE USUARIOS: 727.143
DESARMISMO EXPLICITO
LEGÍTIMOS USUARIOS INDIVIDUALES CON ARMAS

CANTIDAD DE USUARIOS: 682.138

CANTIDAD DE ARMAS: 1.535.303

DESARMISMO EXPLICITO
LEGÍTIMOS USUARIOS CON ARMAS (Indiv./FFSS/FFAA/Funcionarios, etc.)
CANTIDAD DE USUARIOS: 807.439
CANTIDAD DE ARMAS: 1.823.226
DESARMISMO EXPLICITO

Desarme civil: La dictadura en Venezuela.

Publicado en por Athina Rott

Desarme civil: La dictadura en Venezuela.

Autor: Gustavo Rubio – Julio de 2024

Desarme civil: La dictadura en Venezuela.

La historia de la humanidad lo ha dicho: el desarme civil atenta contra la libertad y afianza las dictaduras. Stalin, Mao, Castro entre muchos otros lo sabían. Chávez no fue ajeno y hoy Maduro es dueño y señor de la vida de los venezolanos.

El pasado domingo 28 de julio del 2024 se confirmó, para aquellos negadores seriales ignorantes o militantes, la situación institucional gravísima que vive Venezuela. El velo se ha corrido y la caída en el abismo se ha acelerado. La democracia y la libertad ya no se mueren de hambre como los hermanos venezolanos en los últimos años frente a pasividad de los gobiernos políticamente correctos y aliados de la “Patria Grande” sino que se desangra a la velocidad de una arteria lacerada con el abuso estatal perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Los disturbios en las calles y las protestas frente a un régimen opresor violento que no duda en dibujar los números de las elecciones tienen, por un lado, al pueblo, hambreado e indefenso y, por otro, alas fuerzas gubernamentales y a las fuerzas paraestatales denominadas colectivos bolivarianos ensañados en salvar el pellejo porque si cambia el gobierno, van presos.

Estos colectivos bolivarianos, militantes chavistas en motitos, patoteros y matones se dedican a tirotear y balear a los manifestantes disidentes con la impunidad que les da el ser amigos del poder. Son el brazo de armado del régimen socialista aliado a Irán, China y Rusia. Unos camisas pardas intocables que visten los colores rojos sangre del Che. Criminales armados que se cargaron a la Miss Venezuela en las primeras marchas en contra del chavismo y en estos días asolan a quienes buscan manifestarse en contra del atropello institucional. Las filmaciones desde los departamentos de Caracas mostraban como apuntaban y disparaban sin prejuicio alguno, tomando puntería, contra todo aquel que no usara uniforme o los colores del partido. Son los pilares que el populismo latinoamericano genera si el tiempo en el poder es el adecuado.

Esta aberración social y asesina pudo ser posible sólo gracias al desarme civil impuesto por Chávez a principio de la primera década del siglo XXI. Venezuela era un país de grandes diferencias sociales e historia de violencia, la corrupción estaba a la orden del día y el desánimo era grande. En la euforia que siguió al ascenso al poder de Chávez, siguieron medidas disfrazadas de “bien común” “bien mayor” “estado superior” “ideal bolivariano” en las que incluían la pacificación de Venezuela y servían para prevenir el crimen y la violencia armada. Es así que tomando los protocolos de desarme de la ONU para países en conflicto y el nefasto manual de desarme que circula entre las luminarias progresistas de bajo voltaje en la región, se idea un plan para el control de las armas legales.

Entre muchos desarmistas mentirosos que “vendieron” esa panacea “progre” y que resultó un negocio ideal para los que estaban en el poder, nos encontramos con Gabriel Conte y Martín Appiolaza. Dos personajes nefastos de Mendoza y con lazos cercanos a la Red Argentina para el Desarme (y ONGs endogámicas que sirven como trampolín al Congreso a varios seres turbios que asesoran a legisladores y funcionarios actualmente ), capital nacional argenta del desarme y a raíz de esto, crisol de la proliferación de las bandas narcos armadas, cifras siderales de muertes en hechos de delincuencia y bastión de la pérdida de derechos individuales (Santa Fe no se le queda atrás y la Pciade Buenos Aires que ya puso los dos pies en esa doctrina con Scioli) fueron un tiempo a “asesorar” al gobierno de Chávez en el comienzo del camino a lo que iba a ser un “totalitarismo constitucional”.Es así que la tarea de Conte y Appiolaza, que ocupaban en el 2006 cargos en “organismos internacionales” que se encargaban del poco especificado “tema de la violencia”, se enmarcaba en una reforma integral del sistema de seguridad que debía poner fin a la violencia armada estatal e institucional apadrinada por Amnistía Internacional enfocándose en manotear las armas de los ciudadanos. Fiel al manual anti derechos individuales, extendiendo la culpa a la mayoría y no focalizando el problema, Appiolaza afirmó en ese momento que “El objetivo es bajar la violencia armada y mejorar la capacidad de control de las policías. Hay un nivel alto de violencia armada queha ido creciendo al ritmo de toda América Latina”, Conte le agregó las cifras incomprobables de las armas ilegales, claves de la mentira desarmista:”Hay estimaciones que hablan de 9 millones de armas entre legales e ilegales.” Y es así que concluyó que “Tenemos que trabajar sobre acciones a corto, mediano y largo plazo”…

Dichas acciones que el gobierno chavista impulsó al poco tiempo incluyeron reformas constitucionales (una delas tantas que sufriría ese país) para centralizar el poder policial y que quedara bajo el poder político. Appiolaza sabía lo que había pasado en Mendoza en el ´98 y ya se veían las consecuencias. En vez de que la policía actúe independientemente bajo la lupa de un organismo de control, la policía actúa bajo la órbita del político de turno… eterno en el caso del populismo.

Otro eje, promovido en este caso por el experimentado en la materia de desarme Conte, fue la entrega de armas. Esa iniciativa se aplicó dentro de la “Misión Desarme” que ya Chávez había comenzado. Al mismo tiempo se afianza el “sistema de participación comunitaria “que utilizaba la Revolución Bolivariana. Eran comisiones multisectoriales de vecinos, organizaciones comunales de base a la que asistían representantes del gobierno que más tarde, y después de ser purgadas, mutarían en los infames colectivos bolivarianos.

Lo que Appiolazza y Conte al día de la fecha no se critican es que gracias a las estructuras de desarme civil que ellos entretantos otros contribuyeron a formar y fomentaron, el poder antidemocrático encontró un pilar para sostenerse sin mancharse las manos como sucedió el domingo pasado. “Hay mucha efervescencia ideológica de ambos lados y mucha vocación de cambiar lo que está mal. El problema es que hay puntos de vista muy diferentes entre gobierno y oposición. Lo positivo es que hay mucha movilización popular y pasión para encarar las reformas, lo que resta definir es cómo se hacen”, sentenció Conte en el 2006. Ahora sabemos cómo se hicieron. La mentira desarmista se reveló con sangre y muertos, torturados y secuestrados frente a las cámaras. Los colectivos bolivarianos, por ser entes populares militantes del modelo central, tuvieron acceso a las armas y a los beneficios (escasos como siempre sucede en estos estamentos) que su fervor partidista les otorgaba. Son las patotas que se llevan la comida después de los militares chavistas, son los balean a los manifestantes desarmados, son los que arrearon a los indecisos a votar, los que hostigan, los impunes y lo pueden hacer porque tienen el monopolio de la violencia.

Algo parecido se viene gestando desde hace años en Argentina. Quizás el ejemplo más evidente sea el caso de Santa Fe, en donde desde el 2014 comenzó la persecución a los legítimos usuarios con Corral. Se puso a todos dentro la misma bolsa. Criminales y honestos eran lo mismo. El manual desarmista de la Red Argentina para el Desarme que aplicaron personas como Conte y Appiolazza, estaba en auge y vendieron que poniendo trabas a los honestos, el crimen descendería. Hostigando a las armerías y comerciantes, los contrabandistas de armas dejarían de proveer a los narcos y ladrones. Dificultando los trámites a los tiradores y personas dentro de la ley, haría que los delincuentes entregasen sus armas… Es un pensamiento, cuanto menos, idiota. Al día de hoy, con solo encender la TV o entrar en algún portal de internet sabemos la policía sigue infiltrada por mafias, los crímenes y delitos no bajan y las armas ilegales, muchas que son de imposible acceso a los legítimos usuarios, siguen apareciendo en los operativos policiales.

El desarme civil no sirve porque es una mentira y es usado por políticos tibios, como excusa, para proteger y formar núcleos mafiosos muy rentables. Es, también, la herramienta de los opresores y la base de la caja del dinero en negro. Las armas en manos de los ciudadanos garantizan una democracia saludable y una república fuerte. A los dictadores como Maduro no se los saca por medio del voto ya que ellos manejan la violencia estatal y el recuento en las elecciones. No existe una moralidad superior en rechazar la realidad de que las armas en manos de los ciudadanos impiden que los gobiernos se abusen. Eso no es ser pacifista, eso es ser cobarde. Pacifista es saber que uno tiene la capacidad de hacer daño y elige no hacerlo. Ahí está la moral superior, el mérito. Eso lo saben bien los autoritarios y por eso desarman a la población. Las dictaduras son posibles gracias al desarme civil. Si se lucha por sostener la democracia y la república, si se lucha por la libertad y porque el colectivismo empobrecedor desaparezca, las políticas de desarme civil deben dejarse de lado en su totalidad y de inmediato. Falta gente con ganas y coraje de hacer un cambio verdadero en el ANMAC como bien se ha hecho en otras áreas del Gobierno.

La realidad es que las armas en manos de los ciudadanos garantizan la Constitución Nacional, todo lo demás favorece a las dictaduras.

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

Aparecieron los mentirosos de la RAD

Autor: Gustavo Rubio – Junio 7 de 2024

Aparecieron los mentirosos de la RAD

La Red Argentina para el Desarme volvió a aparecer en el Congreso después de que el proyecto del Gobierno que propone la simplificación de trámites para “regularizar la tenencia de armas en la Argentina” fuera elevado a comisiones para su tratamiento. Buscando figurar a toda costa, como lo han hecho hasta ahora, presentaron un supuesto documento, carta de apriete, estudio sarasa o declaración de principios bien falopa. Y ese el término adecuado para describirlo: el vergonzoso escrito solo puede producto de unas mentes inducidas por alucinógenos de baja calidad, medicación antigripal vencida, ignorancia supina o, directamente, la intención tiránica y anticonstitucional de desarmar a la población para lograrla oprimirla.
El pedante texto presentado, haciéndole precio, contiene varias inexactitudes y distorsiones sobre el proyecto de regularización de la tenencia de armas propuesto por el Gobierno argentino, mostrando, una vez más, que estas asociaciones endogámicas buscan esconder los números y la realidad. Acá algunos de los “errores” ridículos:

“Profundización del descontrol:”

La afirmación de que el proyecto podría “profundizar el descontrol” es, cuanto menos, un grito desatinado lleno de narcisismo. El objetivo del proyecto es precisamente lo contrario: mejorar el control sobre las armas que actualmente se encuentran en una situación irregular, en su mayoría provocado por gestiones desarmistas que comulgan con la RAD. La regularización permitirá a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tener un registro más completo y actualizado de las armas en circulación, lo que facilitará la implementación de políticas gubernamentales de seguridad más efectivas enfocadas a los delincuentes y no a los legítimos usuarios.

“Exención total de reproches legales:”

Esta postura es meramente para meter miedo a los legisladores. El proyecto no ofrece una exención total de reproches legales indiscriminadamente. La propuesta incluye una amnistía penal para incentivar la regularización de las armas ilegales, siempre y cuando no se hayan cometido otros delitos graves con esas armas ya que los tenedores de las mismas son personas que han estado dentro de la ley antes de que el mismo Estado las dejara de lado. Este tipo de medidas se utiliza en varios países como una forma de reducir la cantidad de armas no registradas sin castigar a aquellos que desean cumplir con la ley. Solo los colectivistas mal intencionados ven en una amnistía tal algún viso de irregularidad.

“Riesgo de fácil acceso a armas de fuego”:

La afirmación de que el proyecto facilita el acceso a armas de fuego y aumenta las tasas de homicidios es simplista, cuanto menos, y no tiene en cuenta el contexto completo ni la realidad. El proyecto incluye mecanismos para asegurar que solo aquellas personas que cumplan con los requisitos legales puedan regularizar sus armas. Además, el curro de las políticas de desarme voluntario que tanto les gusta a la RAD continuarán vigentes, promoviendo la entrega y destrucción de armas. Y ahí si que se estarían destruyendo pruebas criminales porque no se toma datos ni balística.

“Colapso del sistema de regularización”:

La preocupación sobre un posible colapso del sistema de regularización debido a una afluencia masiva de solicitudes no está fundamentada. Es una locura. El registro de armas es la función de ANMAC (el desarme civil también) cuenta con una exagerada infraestructura y demasiados procesos que igualmente podrán manejar el aumento esperado en las solicitudes. Quizás solo haya que trabajar y largar los bizcochitos. Además, la regularización se realizará de manera escalonada para evitar sobrecargar el sistema.


“Lo queremos ya”
Contradiciendo su postura anterior, los ridículos “pensadores” de la RAD exigen la inmediatez de plan de amnistía alegando que en el plazo de dos años se podrán vender armas de manera irregular… Las turbias ONGs desarmistas no pidieron una amnistía en años anteriores y ahora quiere que sea rápida. Más ridículos, imposible.

“Información sobre el origen del arma”:

Otra incoherencia grande. El proyecto no ignora la necesidad de obtener información sobre el origen de las armas. De hecho, uno de los objetivos de la regularización es precisamente identificar y registrar el origen de las armas, lo que ayudará a combatir el mercado ilegal. La recopilación de esta información es crucial para la ANMAC y se incorporará como parte del proceso de regularización. Es decir, por un lado, supuestamente exigen información y por otro alientan el Plan de Desarme en el cual el anonimato y la destrucción in situ es su columna principal. Esto muestra dos cosas: la RAD esta en contra la gente dentro de la ley y está a favor de los delincuentes y criminales.

“Medidas para prevenir la violencia de género”:

Justificando con un inventado “1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego” buscan embarrar el objetivo del proyecto metiendo a la violencia de genero por la ventana para así poder meter información falsa y “expertos” en las comisiones. afirmar que el proyecto no establece medidas para prevenir la violencia de género con armas de fuego. La ANMAC y otras autoridades están comprometidas en fortalecer las políticas y controles para restringir el acceso a armas a personas incluso sospechadas de violencia de género con todo lo que eso implica.

“Destrucción a toda costa”
Ignorando, desconociendo e invisibilizando la legislación vigente, los miserables canallas de la RAD desean que en caso de rechazo, se establezca la destrucción del arma en vez que el solicitante pueda transferir el arma a un usuario autorizado. ¿Por qué? Porque aborrecen la propiedad privada y los derechos de las personas. Como sus vidas son un desastre buscan ordenarle a los demás que hacer.

“Falta de control Ciudadano y Publicidad de Solicitudes”:

La suspensión de la publicación de solicitudes no una falta de transparencia sino un cese en el abuso estatal. El objetivo es proteger la privacidad y seguridad de los solicitantes mientras se aseguran controles internos rigurosos. ¿La gente de la RAD llevaba una lista d ela gente que solitaba la tenencia de armas? La transparencia y supervisión pública pueden mantenerse a través de informes y auditorías periódicas de la ANMAC. Esmas simple todavía: para eso está la justicia.

“Fortalecimiento de la política criminal”:
Y si, los desarmistas parásitos no podían terminar su petitorio sin solicitar que le habiliten otra teta del Estado para seguir currando. La creación de una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM) es una recomendación bien ventajista, curro hecho y derecho. Lo más lindo es que el proyecto no se opone a este tipo de iniciativas. La ANMAC y el Ministerio de Seguridad pueden trabajar en conjunto con el Congreso para desarrollar políticas adicionales que fortalezcan la persecución penal del mercado ilegal de armas sin necesidad de crear un raviol más con sueldos exorbitantes financiados con el trabajo de la gente.

En resumen, la RAD y sus asociados no quieren quedarse afuera del curro. El proyecto de regularización de la tenencia de armas tiene como objetivo mejorar el control estatal sobre las armas en circulación, incentivar la regularización de los legítimos usuarios empujados a la ilegalidad por políticas desarmistas y mantener las dudosas políticas de desarme voluntario. Las críticas presentadas en el texto contienen demasiados errores y malinterpretaciones como para que sea tomada en serio y no reflejan el verdadero propósito y alcance de la iniciativa del Gobierno.

Fuente
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/regularizacion-de-armas-un-grupo-de-ong-presentaron-observaciones-al-proyecto-del-gobierno-que-nid04062024/

Gentileza de: decilofuertedotcom.wordpress.com

En este sitio analizamos los informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los métodos empleados en los “femicidios” ocurridos en la República Argentina en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Siguiendo con esta serie, hoy se analiza el año 2023.

Medios empleados para cometer los “femicidios” según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Año 2023

Los medios más utilizados para cometer los “femicidios” fueron, en primer lugar las armas blancas en un 28%, la fuerza física en un 24,8% y en tercer lugar las armas de fuego (legales e ilegales) en un 22,8%%, le sigue el 14,8% cometidos por otros medios, un 6% con fuego y otros medios combustibles, y un 3,6% sin datos de medio comisivo.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” POR MÉTODO EMPLEADO – AÑO 2023

Femicidios 2023

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2023 elaborado por la OM de la CSJN

“FEMICIDIOS” POR MÉTODO EMPLEADO – AÑO 2023

Femicidios 2023

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2023 elaborado por la OM de la CSJN

En el 22,8% de “femicidios” cometidos con armas de fuego, sólo el 1,2% fue cometido por un Legítimo Usuario con su arma registrada.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” POR MÉTODO EMPLEADO – AÑO 2023

Femicidios 2023
Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2023 elaborado por la OM de la CSJN

En la información sobre “femicidios” cometidos con armas de fuego no se conocen datos de registración en el 17,5% por lo que podemos inferir su ilegalidad y el 57,9% se identificó como ilegal. Con respecto a las armas legales utilizadas por los imputados un 19,3% eran integrantes de una fuerza de seguridad, que corresponde a once (11) individuos que utilizaron sus armas reglamentaria para cometer los “femicidios” y el 5,2% en el que sólo tres (3) casos fueron individuos particulares con su arma registrada.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” CON ARMAS DE FUEGO – AÑO 2023

Femicidios 2023
Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2023 elaborado por la OM de la CSJN.

El día 5 de junio de 2024 en un informe al Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan, expresó que los usuarios de armas registrados ascienden a 901.070, o sea que dentro del universo de Legítimos Usuarios, esos tres casos de “femicidios” representan el 0,0003% del total, o sea un porcentaje despreciable.

PORCENTAJE DESPRECIABLE

Lostres casos de “femicidios” cometidos por particulares representan sólo el 0,0003% en el universo de Legítimos Usuarios.

Femicidios 2022

Publicado en por Athina Rott

En este sitio ya fueron analizados los informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los métodos empleados en los “femicidios” ocurridos en la República Argentina en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Siguiendo con esta serie, hoy se analiza el año 2022.

Medios empleados para cometer los “femicidios” según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Año 2022

Los medios más utilizados para cometer los 226 “femicidios” cometidos en el país fueron, en primer lugar las armas blancas en un 27%, la fuerza física en un 24% y en tercer lugar las armas de fuego (legales e ilegales) en un 23%; le siguen, el 16% cometidos por otros medios, 6% con fuego y otros medios combustibles, 2% por intoxicación y/o venenos y un 2% sin datos de medio utilizado.

En los casos donde se utilizó la fuerza física en su mayoría fue por asfixia mecánica por estrangulamiento, ahorcamiento, sumersión, y una víctima por caída al vacío desde un balcón. Los incluidos en la categoría “otros medios”, se utilizaron “objetos contundentes, bloques de cemento, ladrillos, destornilladores, hachas y palos, por asfixia con sogas, cables y otros elementos”. También hubo casos de víctimas que murieron por “ruptura de cápsulas de cocaína que trasladaban en el interior de su cuerpo”, otro caso fue por “desconexión de su respirador”.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” POR MÉTODO EMPLEADO – AÑO 2022

Femicidios 2022

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2022 elaborado por la OM de la CSJN

En la información sobre “femicidios” cometidos con armas de fuego no se conocen datos de registración en el 75% por lo que podemos inferir su ilegalidad. Con respecto a las armas legales utilizadas por los imputados corresponden a nueve (9) integrantes de una fuerza de seguridad, de los cuales ocho (8) utilizaron sus armas reglamentarias para cometer los “femicidios” y un (1) sujeto activo de la Fuerza lo cometió con su arma particular registrada. Con respecto a las armas legales de usuarios individuales civiles, no se registró ningún caso.

PORCENTAJES DE “FEMICIDIOS” CON ARMAS DE FUEGO – AÑO 2022

Femicidios 2022

Gráfico propio en base a datos del Informe sobre “femicidios” del año 2022 elaborado por la OM de la CSJN.

NINGÚN caso fue con armas pertenecientes a CIVILES en su condición de Legítimo Usuario Individual.

En Argentina estamos inmersos – una vez más – en una carrera electoral en donde los discursos de los políticos se mueven sin demasiadas diferencias entre la economía, educación, salud y seguridad. Es obviamente algo esperable, pero apareció un Partido político (La Libertad Avanza) que cruzó la triste normalidad de lo “políticamente correcto” y se atrevió a proponer en su plataforma: “sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Portaciones Legales y homicidios

Esto desató entre periodistas, políticos y funcionarios declaraciones como:

  • “Es un peligro que la sociedad se arme” ( Martín Tetaz por LN+)
  • “La solución no es darle armas a la gente” (H. Rodríguez Larreta por LN+)
  • “No estoy de acuerdo con la portación de armas para civiles” (Diego Kravetz por LN+, un civil en el cargo de funcionario que posee portación.)
  • “No me gusta la tenencia de armas” (Néstor Grindetti por LN+)

Algunos también se suman a una afirmación errónea al decir, “A más armas más crímenes” sin ningún fundamento estadístico ni empírico. Esto se puede confirmar con datos estadísticos nacionales e internacionales.

DATOS NACIONALES

Para el artículo del día de hoy, hemos tomado como referencia un período de veinte años, desde 2001 hasta 2021 (Gráfico 2), pues solos tenemos datos confiables sobre las portaciones legales otorgadas a Legítimos Usuarios de armas para esos años y que se pueden comparar con las cifras de homicidios suministradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la década de 1990 es de las últimas más violentas y sangrientas y a su vez – coincidentemente – donde la normativa estrictamente restrictiva afectó de manera categórica el acceso legal de civiles a las armas de fuego y se observó un aumento constante de los hechos delictivos, tanto contra las personas como contra la propiedad. Así lo demuestra el ex presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) en el artículo titulado “Las Restricciones a la Posesión de Armas a la Población Civil y su Relación con el aumento de los Hechos Delictivos Cada 100.000 Habitantes”. También describió esta situación el Sr. Mario Alejandro Boglione en “El genio maléfico de un desarmista confeso: José Genaro Báez”.

En el Gráfico 1 observamos que la cúspide de los delitos totales y delitos contra la propiedad se registraron entre los años 2001 y 2003 con un posterior descenso para luego retomar el ciclo ascendente y mostrar un nuevo pico en 2014 y 2015. En cuanto a los delitos contra las personas se observa un aumento constante en el tiempo según este gráfico.

En el año 2002, recordado por la mayoría como el año de la gran crisis económica de la década se produjeron 3.570 homicidios y la Tasa de Delitos totales fue de 3.573 por cada cien mil habitantes. Así lo demuestra el Gráfico 1 extraído de un informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con información de la Dirección Nacional de Política Criminal. Obsérvese que faltan los datos de los años 2009 a 2013, esto sucedió porque desde la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se bajó la orden de no emitir estadísticas oficiales sobre inseguridad. Esta acción deleznable de ocultamiento de datos fue revertida durante la administración del ex presidente Mauricio Macri y en 2018 por decisión de la entonces Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich se ordenó la reconstrucción del período 2009 a 2013. Es por ello que hoy contamos con los datos faltantes que se vuelcan en nuestro Gráfico 2.

Gráfico 1

Portaciones Legales y homicidios

Fuente de la imagen: Informe del Sistema de Estadística Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Pasando al Gráfico 2, se puede afirmar que desde la creación de la Red Argentina para el Desarme (RAD – 2004) se profundizaron las restricciones al acceso de armas legales y se observa el abrupto descenso de las portaciones legales otorgadas pero aún así, solo una leve declinación en la cantidad de los homicidios.

Es fácilmente observable a simple vista que la evolución de los homicidios desde la sanción de la Ley de Desarme (26.216) y luego con el comienzo de la ejecución del PEVAF (Plan de Entrega de Armas de Fuego) – a pesar de los discursos reivindicatorios de dicho plan – la cantidad de homicidios no disminuyó, sino que tuvo picos sobresalientes en los años 2013 y 2014, pero sí disminuyó y de manera abrupta el otorgamiento de Portaciones Legales, lo que demuestra que la restricción (prohibición de facto) a las Portaciones Legales no tuvieron incidencia directa en la baja de la cantidad de homicidios a pesar de los discursos de políticos, funcionarios y periodistas formadores de opinión.

Hubo un descenso de los homicidios durante la administración de Mauricio Macri hasta el presente. En este punto debo resaltar un dato que no puedo soslayar y es la curiosa cantidad de homicidios (cifras oficiales) que se dan para el año 2021. Digo que no puedo soslayar debido a la experiencia en “relatos oficiales” de las administraciones “kirchneristas”, puesto que cuando podía ser demasiado evidente el “relato” sobre la “década ganada”, directamente optaron por OCULTAR las cifras, como comentamos en este mismo artículo. O sea que tengo el derecho de dudar TAMBIÉN de las cifras oficiales del año 2021, dejo aparte la cifra del año anterior ya que quizás la cantidad de homicidios hayan sido afectadas por la “cuarentena eterna” debido a la Pandemia de Covid 19.

Entonces es obvio que a cuantas más restricciones y burocracia para el acceso a las armas legales, hay más corrupción e indefensión. Así es que se puede afirmar que “Más Armas, Menos Crímenes”.

Gráfico 2

Portaciones Legales y homicidios

Gráfico de elaboración propia con datos del SNIC

INTERNACIONAL

La evidencia internacional no es el objetivo de este artículo, pero se pueden constatar en dos ejemplos más cercanos a la Argentina y son, Venezuela y Brasil. Sobre Venezuela recomendamos la lectura del artículo de José Niño titulado “Cómo el control de armas se convirtió en un instrumento de tiranía en Venezuela”

Con respecto a lo acontecido en Brasil, es rotundo el antes y el después del Estatuto de Desarme. La legislación desarmista entró en vigencia en 2003/4 y los homicidios aumentaron.

En octubre de 2005 se realizó en Brasil un referéndum por el SÍ o por el NO, con la siguiente pregunta: “¿El comercio de armas de fuego y municiones debe ser prohibido en Brasil?”. El resultado final fue de 59.109.265 votos rechazando la propuesta (63.94%), mientras que 33.333.045 votaron por “Sí” (36,06%). A pesar que los brasileños expresaron un rotundo NO a la prohibición, la ley siguió vigente hasta los cambios de política de armas que llevó adelante el ex presidente Jair Bolsonaro, política que nuevamente fue revertida por el actual presidente Lula Da Silva.

Fabricio Rebelo, coordinador regional de la ONG Viva Brasil, explica: “El estatuto del desarme entró en vigor en 2004, el año en que se registraron 48.374 homicidios en Brasil. Cuatro años más tarde, y casi extinguido el comercio legal de armas, el número ascendió a 50.113 (2008) y han sido desde entonces ascendentes hasta el récord de 56.337, registrado en 2012.”

El descenso de los crímenes en Brasil también es explicado por John Lott Jr. (*) en el artículo “Brasil y las Armas” que comenta: “cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas que cualquier país desarrollado” y al referirse a la política de armas del ex presidente brasileño dice: “las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron”.

Finalmente entonces, John R. Lott Jr. denuncia una verdad incontrastable: “La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados.”

EL USO CIVIL DE ARMAS SALVA VIDAS.

(*) Presidente del “Crime Prevention Research Center y autor de “More Guns, Less Crime” (Más Armas, Menos Crimen)

Una respuesta a los medios – 18 Enero 2023

Autor: John R. Lott Jr.

Brasil Y Las Armas

Aunque uno no lo sabría por la cobertura mediática del control de armas, la mejor ciencia social ha demostrado que los ciudadanos respetuosos de la ley con frecuencia disuaden a los delincuentes. Pero cuando la ideología triunfa sobre los hechos, los políticos se desvían fácilmente. El último ejemplo está ocurriendo en Brasil, donde el aumento masivo en la tenencia de armas en los últimos años ha llevado a los defensores del control de armas a reinterpretar los datos de manera que se ajusten a sus puntos de vista políticos.

En su primer acto en el cargo, el recién instalado presidente Luiz Inacio Lula da Silva firmó un decreto que congela la tenencia de armas y prohíbe la venta de nuevas municiones. Lula también instituyó otras reglas destinadas a quitar las armas que la gente adquirió durante la administración del presidente Jair Bolsonaro.

Cuando Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019, Brasil tenía una de las tasas de homicidios más altas de cualquier país desarrollado. Los medios de comunicación internacionales ridiculizaron a Bolsonaro por “haber seducido a decenas de millones de votantes con simples, aunque radicales, soluciones para erradicar la violencia en uno de los países más mortíferos del mundo”. ¿La solución de Bolsonaro? “Dale armas a la gente buena. Que la gente tenga armas para que tenga la oportunidad de defenderse”.

En 2019 y 2020, los medios de comunicación de todo el mundo y sus expertos seleccionados advirtieron que Bolsonaro estaba peligrosamente equivocado. The Wall Street Journal advirtió: “ Los expertos en violencia dicen que simplemente agregar más armas a la mezcla… solo hará que la tasa de homicidios suba más rápido “. The Guardian del Reino Unido se preocupó de que la “altamente controvertida relajación de las leyes de armas de Bolsonaro, una promesa clave en su campaña de 2018, esté alimentando los temores entre los expertos y activistas de que tales medidas se sumarán a los ya impactantes niveles de violencia “.

La lista de afirmaciones similares, que aparecen en medios desde National Public Radio y The New York Times hasta The Economist , es demasiado larga para recitarla.

No obstante, las reformas de Bolsonaro produjeron un aumento del 600% en la tenencia de armas. Sin embargo, a pesar de todas las terribles predicciones, los homicidios en Brasil se desplomaron.

En 2018, el año anterior a que asumiera la presidencia, la tasa de homicidios era de 27,8 por cada cien mil personas, 5,5 veces más alta que la tasa de EE. UU. Pero cayó en cada año consecutivo. Para 2021, el tercer año de la presidencia de Bolsonaro, se había reducido a 18,5 por cien mil, una caída del 34%.

Esta es información que los medios de comunicación no pueden entender. Un nuevo artículo del Washington Post afirma que los criminólogos creen que la caída en los homicidios ocurrió a pesar del aumento en la posesión de armas en Brasil, no por eso.

El Post cita a un investigador de salud pública que afirma que “cada aumento del 1% en la posesión de armas de fuego se asocia con un aumento del 0,6% en las tasas generales de homicidios”. Si es así, un aumento de más del 600% en la posesión de armas debería haber resultado en un aumento de más del 360% en los homicidios, no en una caída del 27%.

El periódico ahora afirma que el crimen cayó debido a “una década de inversión en vigilancia”. Pero estas inversiones ya se conocían en 2019 y 2020, cuando todo el mundo pronosticaba desastres y los cambios en la policía solo afectaron a algunos de los 26 estados de Brasil, y la tasa de homicidios cayó en todos menos uno.

“La investigación muestra consistentemente que cuando aumenta la propiedad privada de armas, siguen los asesinatos”, escribe el Post. De hecho, la mayoría de las investigaciones muestran que permitir más permisos para armas de fuego ocultas reduce los asesinatos.

Cuando se les preguntó acerca de 33 propuestas de control de armas, los criminólogos académicos estaban más a favor de “reducir los costos impuestos por el gobierno para adquirir armas”. Esa es la medida política que pensaron que haría más para reducir las tasas de homicidios. También fue la segunda estrategia preferida entre los economistas académicos. El enfoque preferido de los economistas fue “relajar las restricciones federales para permitir que las empresas determinen si las personas pueden portar armas ocultas en el lugar de trabajo”.

Pero el Post no parece haber hablado con criminólogos o economistas. Ciertamente no ha tenido en cuenta las opiniones de la mayoría de los agentes de policía. Cuando PoliceOne preguntó a sus 450.000 miembros de las fuerzas del orden estadounidenses sobre los efectos de la propiedad privada de armas, el 76% de los agentes respondió que los ciudadanos legalmente armados son muy o extremadamente importantes para reducir la delincuencia.

Cada vez que en todo el mundo se prohíben todas las armas o todas las armas cortas, aumentan las tasas de homicidios.

La realidad es que el experimento de Brasil sobre la tenencia legal de armas es solo el ejemplo más reciente de “más armas, menos delincuencia”. Los delitos violentos disminuyeron cuando los delincuentes comenzaron a temer a los ciudadanos armados. Pero no espere que los medios de comunicación o los grupos de control de armas admitan que están equivocados.

Fuente: Revista Aire Libre